Construir la paz en condiciones adversas. Jefferson Jaramillo Marín

para pensar alternativas a los límites de la implementación de los acuerdos.

      A partir de un diagnóstico de la situación territorial, social y económica y la historia de la organización comunitaria en La Macarena, el tercer capítulo del libro resalta dos dimensiones del problema: por un lado, muestra la negligencia de las entidades promotoras de salud (EPS) y el Estado colombiano en la atención en salud. De esta manera, describe cómo esta negligencia se disfraza de dificultades administrativas, de acceso por las condiciones geográficas y contractuales entre instituciones privadas y públicas. Este disfraz busca ocultar el verdadero origen del problema, el cual constituye, por otro lado, la segunda dimensión planteada por el capítulo: la política gubernamental supone que no es el Estado, sino una abstracción llamada “el mercado”, el que se encargará de garantizar el acceso democrático a la salud, porque confunde el derecho a la salud con una mercancía común. De esta manera, el Estado se libra de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, y la salud se convierte en un bien que adquieren solo quienes son capaces de comprarlo. Esto excluye a los habitantes de La Macarena, pero la razón por la que los excluye no es que ellos (y ellas) no sean individuos productivos de nuestra sociedad. La razón por la que los excluye es que, como explican tanto el primer como el segundo capítulo, los habitantes de La Macarena ocupan ese territorio como una respuesta al desplazamiento al que fueron forzados por políticas gubernamentales de inicios del siglo XX. Además, los diferentes gobiernos han priorizado la inversión para la guerra en la región de La Macarena, durante el conflicto armado, en vez de priorizar el reconocimiento del derecho a la salud de la población civil.

      El sistema confunde la salud con la atención de urgencias en hospitales en las cabeceras municipales y niega la existencia de tradiciones culturales que perciben la salud de otras formas, las diferencias de género y generación. Este modelo refleja una idea de “desarrollo” común a los diferentes gobiernos colombianos en los siglos XX y XXI, la cual rechaza la contribución de la economía campesina, el derecho a la presencia campesina en áreas de protección natural y la capacidad de los campesinos de administrar los recursos de sus territorios para su propio bienestar. En síntesis, esta forma de entender el desarrollo privilegia los derechos de los grandes propietarios de tierra y niega los derechos de propiedad, acceso a la tierra e infraestructura para la comercialización a campesinos e indígenas.

      Sin embargo, la investigación permitió a la comunidad y a los investigadores entender que, ante la negligencia estatal, las comunidades han generado soluciones, unas espontáneas y otras planeadas. Así, las comunidades acuden a conocimientos a veces espirituales, otras veces botánicos y otras simplemente tradicionales, los cuales les permiten tratar ciertas enfermedades o mitigar el impacto de otras. Estas soluciones espontáneas están acompañadas de esfuerzos más orgánicos, como la creación de comités de salud en las juntas de acción comunal. Ambos tipos de solución son parciales e incluso insuficientes para las necesidades de salud locales; no obstante, estas iniciativas demuestran que las comunidades son capaces de encontrar soluciones a sus problemas de salud y están dispuestas a organizarse para ello. Lo harían, con seguridad, si el sistema de salud reconociera su capacidad de administrar el bienestar económico en sus territorios y les permitiera habitar esos territorios con el disfrute pleno de sus derechos.

      Supongamos, por el momento, que nuestra hipótesis es correcta y que es posible crear formas de organización social que impulsen el bienestar económico y la democracia, en ausencia de un gran gobierno central. Si ponemos estos gobiernos locales en marcha, ¿estaremos impulsando un proyecto comunitarista, anárquico, que niega la legitimidad del Gobierno nacional y busca crear republiquetas campesinas insumisas? En un mundo acostumbrado a los grandes gobiernos centralizados y administrados por grandes maquinarias burocráticas, es fácil percibir otras formas de gobierno de esta forma caricaturesca. Sin embargo, resulta sorprendente que organizarse localmente para administrar los recursos disponibles para el bienestar económico y garantizar mayor participación política es un derecho presente en muchas constituciones; aún más, las constituciones de muchos Estados nacionales suponen que el Estado mismo existe gracias a esas formas comunitarias de organización social y territorial.

      El cuarto capítulo analiza un caso específico de las dificultades locales para poner en marcha sus derechos e instrumentos para el bienestar económico, incluso si se trata de iniciativas locales, populares, o “desde abajo”. Nos referimos al caso de la educación escolar indígena en el Amazonas. La educación escolar indígena amazónica ofrece un caso paradójico para entender cómo la organización local intenta exigir y poner en práctica ciertos derechos. Los pueblos indígenas del Amazonas recibieron la educación escolar como una imposición a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX; además, la educación escolar se convirtió en un instrumento del Estado para acabar con la existencia de los pueblos indígenas sin eliminarlos físicamente. Las luchas indígenas en toda Colombia han obligado al Estado a aceptar la creación de un sistema educativo escolar dirigido, administrado y evaluado por los pueblos indígenas, pero ese sistema se basa en la experiencia y la estructura de las organizaciones indígenas andinas y aún no se adapta a la realidad social e histórica de los pueblos indígenas amazónicos. Así, los pueblos indígenas amazónicos se debaten entre adoptar un modelo indígena de administración de la educación o continuar con una educación administrada por el Gobierno nacional o las iglesias. La paradoja está en que ninguno de esos modelos representa las expectativas de los pueblos indígenas amazónicos sobre la educación escolar. Los pueblos indígenas de hoy no desean renunciar a la educación escolar, pero el hecho de que existan alternativas indígenas a la administración de la educación no garantiza la satisfacción del derecho. Para crear un sistema escolar indígena amazónico, los pueblos indígenas del Amazonas tendrán que lidiar con las exigencias del Estado para que sus organizaciones se burocraticen, se institucionalicen y se parezcan más a las que el Estado central desea.

      El capítulo quinto de este libro afirma que, en el cumplimiento del reciente acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, el funcionamiento del Estado depende de esas formas de organización departamental y local. El funcionamiento estatal no depende solo de los gobiernos centrales, sino de formas locales de administración del territorio, especial-mente en regiones en las que el Estado parece estar ausente en cualquier asunto diferente a la acción militar. En estos territorios, los instrumentos de planeación nacidos del proceso de transición hacia la paz permitirían a sus habitantes dirigir la acción estatal hacia sus necesidades de desarrollo y ordenamiento territorial; en otras palabras, la implementación del acuerdo de paz es una oportunidad para armonizar las demandas de las comunidades locales por el reconocimiento de sus derechos en sus territorios con la planeación del desarrollo nacional.

      ¿Cómo? Para entender esa propuesta, la región de La Macarena nos provee nuevamente de un escenario en el que nuestra hipótesis puede ser puesta a prueba en el caso del acceso a la propiedad de la tierra, los desarrollos endógenos y la atención a las víctimas. A partir de una discusión sobre qué solemos entender por territorio y ordenamiento territorial, este capítulo revela que la disyuntiva de la planeación para el desarrollo es producto de una confusión: los planes de desarrollo de los gobiernos centrales prometen desarrollar territorios cuyas necesidades y posibilidades desconocen, al mismo tiempo que obligan a esos territorios a acomodar su planeación al proyecto del Gobierno central. Dicho de otro modo, suponen que todas las regiones tienen las mismas necesidades de desarrollo y no escuchan las necesidades que plantean quienes habitan esas regiones. Esto es lo que llamamos aquí una planeación “hacia abajo”: así, la gente a quien deben beneficiar los planes de desarrollo no es consultada.

      En este contexto, el ordenamiento territorial transicional facilitaría una relación de negociación entre los grupos locales y los niveles municipal, departamental y nacional en el proceso de planeación, niveles de los que las comunidades rurales y sus organizaciones locales, usualmente, están excluidas.

      Ahora bien, halagar la capacidad de una comunidad campesina o indígena para organizarse parece ser poco realista a la luz de la realidad de esas comunidades, en las que abunda la pobreza y los bajos niveles de acceso a la salud, la educación y otros derechos. También podría parecer una actitud paternalista frente