Cuba: ¿Ajuste o transición?. Rafael Rojas

de empleo estatal innecesario, lo cual provocaba una reducción de la productividad laboral y del salario. El enorme costo de esta política obligó a que en 2011 se reconociera el problema y la necesidad de despedir el excedente laboral. Pero, a fin de posibilitar los despidos, fue esencial expandir el sector “no estatal” que comprende el usufructo, el empleo por cuenta propia, y a los miembros de cooperativas de producción no agrícola y de servicios.

      Bajo la revolución no hay antecedente de estos despidos; además, aunque el cuentapropismo ha existido desde la década de los setenta, nunca había alcanzado la magnitud actual, ni tampoco se habían permitido cooperativas no agrícolas y de servicios. Respecto a la propiedad, los cuentapropistas son dueños de su negocio si bien, como en el usufructo, el Estado mantiene la propiedad del inmueble rentado a los miembros de las nuevas cooperativas, las cuales manejan el negocio y se quedan con sus ganancias. Es otro movimiento hacia el mercado.

      Hay progresos en la expansión del sector no estatal. Las ocupaciones por cuenta propia se han duplicado y se han autorizado unas 250 cooperativas de producción no agrícola y de servicios. Las cooperativas pagan una renta mensual al Estado, compran los insumos necesarios y fijan los precios de sus productos o servicios (esto último también lo aplican los cuentapropistas). Con el propósito de ganar más, los cooperativistas reciben un incentivo para mejorar el local y los servicios ofertados. Cuentapropistas y cooperativistas han sido autorizados a vender, comprar y arrendar a entidades estatales incluyendo las turísticas, contratar empleados asalariados sin límite (además de los familiares), abrir cuentas bancarias, recibir microcréditos, y comprar insumos en los incipientes mercados al por mayor creados en tres provincias a mediados de 2013.

      No obstante, existen obstáculos y desincentivos importantes. Las ocupaciones son muy específicas y no cualificadas (payasos, carretilleros, aguadores, cuidadores de baños); y apenas hay unas pocas cualificadas (traductores y agentes inmobiliarios y de seguros). No se permite a los graduados universitarios ejercer por cuenta propia; así, un arquitecto puede trabajar como taxista, pero no ejercer su profesión en el sector privado (aunque se reporta que lo hacen ilegalmente). La regulación y control estatales son excesivos: para que las cooperativas sean aprobadas deben pasar por cuatro instancias y la decisión final la toma el Consejo de Ministros; los inspectores agobian a los cuentapropistas e imponen multas; recientes directivas fijan normas detalladas de control de calidad. Las licencias e impuestos son también excesivos; el fijado a la contratación laboral paga una tasa que se incrementa con el número de empleados contratado. Se penaliza así a los que crean más empleo privado y conspira contra la meta del gobierno de despedir a los trabajadores innecesarios mediante la creación de empleo no estatal (lo que oficialmente se justifica señalando que de este modo se evita la concentración de la riqueza). El microcrédito y los insumos son insuficientes, y los mercados al por mayor viven una etapa experimental. La incertidumbre debida a la historia previa de altas y bajas en el cuentapropismo se agrava con disposiciones recientes, como la cancelación de los vendedores que tenían puestos en los portales de La Habana, la fijación de altos impuestos a la venta de productos importados y su posterior prohibición, y la clausura de locales de cine y de juegos electrónicos. En enero de 2014 se promulgó una ley que establece las sanciones a las violaciones cometidas por los cuentapropistas, lo que incluye multas, decomiso y clausura del negocio. Por último, la burocracia es un fuerte obstaculizador, no sólo por razones ideológicas, sino, en buena medida, por conflicto de interés; así, al administrador de un restaurante estatal que ofrece mala comida y peor servicio no le conviene que un paladar cercano brinde excelente comida y servicio eficiente.

      Es indudable que en esta área las reformas sino-vietnamitas han avanzado mucho más que las cubanas, pues el empleo en el sector privado va más allá del cuentapropismo y cooperativas, se contrata numerosa mano de obra asalariada, mientras que los profesionales pueden trabajar por cuenta propia o para el sector privado.

      Reducción de gratuidades, servicios sociales y racionamiento

      El costo creciente de los servicios sociales (educación, salud, pensiones, vivienda, asistencia social) alcanzó su cénit en 2007-2008 con 55% del presupuesto y 37% del PIB, las mayores proporciones en la región. La educación y la salud son universales y gratuitas, los trabajadores no pagaban contribución para las pensiones (las mujeres se retiraban con 55 años, y los hombres, con 60; entre las edades más bajas en la región), y la gran mayoría de la población es dueña de su vivienda. Había otras “gratuidades” como la venta de artículos racionados a un precio inferior a su costo y las cafeterías en los centros de trabajo con precios subsidiados. A partir de 2003, bajo la “Batalla de Ideas” lanzada por Fidel, se crearon tres mil campos universitarios municipales gratuitos que subieron el porcentaje de la población con educación superior, además se aumentó de manera colosal la matrícula en carreras de humanidades a la par que descendió la matrícula en ciencias naturales y matemáticas, ambas esenciales para el desarrollo. Fidel también creó programas ineficaces como los trabajadores sociales que se usaron para controlar el fraude en el expendio de gasolina. A pesar de su alto costo, estos servicios descendían en calidad: la pensión promedio real cayó a la mitad desde 1989; debido a la aguda escasez de maestros (por el bajo salario) hubo que crear “maestros emergentes” entrenados en pocos meses con lo que el nivel de los estudiantes entrantes en las universidades empeoraba; la planta física, el equipo y la atención de la salud también se deterioraban. La situación se agrava porque Cuba tiene la segunda población más envejecida del continente, un proceso que crece con rapidez y eleva notablemente el costo de la salud y de las pensiones. Obvio que todo esto en el mediano y largo plazo era inviable en términos financieros. Raúl Castro, reconociendo estos problemas, afirmó que los servicios sociales serían supeditados a los recursos fiscales y el crecimiento económico, por lo que creó un programa para reducirlos y eliminar el racionamiento. Nunca antes en la fase de revolución se habían recortado los servicios sociales y las gratuidades, ni siquiera durante la gravísima crisis de los noventa, así que estas reformas no tienen paragón.

      Las reformas procuran reducir los gastos del presupuesto y mejorar el equilibrio fiscal, lo cual es lógico, pero tienen consecuencias sociales adversas, como el cierre de cafeterías a precio subsidiado para los trabajadores a los que se les abona una suma insuficiente para comprar sus almuerzos. Otras parecen ser racionales como la terminación de las escuelas secundarias en el campo y de miles de sedes universitarias municipales y del programa de trabajadores sociales, el establecimiento de cuotas de entrada en las universidades y el endurecimiento de los exámenes de ingreso, y el recorte sustancial de la matrícula en humanidades y educación física simultáneo al aumento en la de ciencias naturales y matemáticas. Los recortes en los servicios de salud afectarán adversamente a la población, esa será la consecuencia de las reducciones en el personal, el cierre de varios hospitales y clínicas, el recorte a la mitad de los médicos de familia (por su exportación a Venezuela, Brasil y otros países), y el de las pruebas de diagnóstico y otras costosas, mientras se incrementa el uso de la medicina herbolaria y la acupuntura. Asimismo, la reforma de las pensiones aumentó las edades de retiro en cinco años para ambos géneros y estableció contribuciones a los trabajadores a medida que aumenten sus salarios.

      La reforma social más difícil es terminar con el racionamiento. Aunque las cuotas son muy magras y sólo cubren las necesidades de alimentos entre siete y diez días al mes, el sistema es vital para los grupos de menor ingreso que no reciben remesas del exterior; de ahí que su eliminación enfrente oposición. Ya desde 1995 los economistas cubanos habían advertido que el racionamiento —por su carácter universal— beneficia al grupo de alto ingreso que no lo necesita, por lo cual recomendaron sustituir el subsidio a los productos por subsidios a las personas, o sea, eliminar el racionamiento y establecer un sistema de asistencia social focalizado en los necesitados. Raúl Castro finalmente aceptó este consejo y comenzó, de forma gradual, a extraer artículos de la libreta para venderlos a precio de mercado que es cuatro veces mayor al precio de racionamiento: carne, tubérculos, manteca, garbanzos, cigarrillos, dentífrico, detergente, jabón y bombonas de gas. De igual modo recortó a la mitad la cuota de frijoles y huevos, y en 20% la del azúcar. Además ha habido incrementos de tarifas de servicios públicos y de precios en las tiendas en divisas.

      Un serio obstáculo es que