El peronismo y la consagración de la nueva Argentina. Carlos Piñeiro Iñíguez

laboral y social. Así, afirmó: para que “los beneficios de la justicia social lleguen a todos los trabajadores del país, será necesario coordinar las disposiciones legales en vigor y dictar otras nuevas y urgentes dentro de una orientación que evite mayores desigualdades que las impuestas irremisiblemente por la diferenciación de las zonas económicas”. También planteaba la necesidad de una “armonía entre el capital y el trabajo” como “condición esencial para el desarrollo económico del país, para el desenvolvimiento de sus fuerzas productoras y para el afianzamiento de la paz social”. Consideraba como uno de los problemas de mayor urgencia para el gobierno el “mejoramiento del nivel de vida de los obreros”, que incluía el problema de la vivienda, los salarios, la duración de la jornada, las condiciones de higiene y seguridad, el descanso semanal, la protección de mujeres y menores, todo ello planteado como un “cristiano deber de solidaridad” y como “justas conquistas obreras” y necesarias para la salud de los trabajadores. “No se concibe la recuperación integral de un país, con hombres físicamente y moralmente decaídos, anulados por su sometimiento a la máquina, meros engranajes del mecanismo industrial”. Por su parte, el coronel Giani señaló que se proponía un plan de mejoras para los trabajadores, siguiendo el “principio humano, casi divino, de vivir, dejar vivir, y ayudar a vivir”, si bien dejando en claro que “la política y la demagogia no seguirán infiltrándose en las asociaciones gremiales y que los sindicatos deben apartarse en absoluto de la acción política”¹⁰⁵.

Ese aparente equilibrio entre “justicia social” y “prescindencia política” luego de pocos días tendió a inclinarse hacia la represión. Una resolución ministerial dispuso la disolución de la CGT 2, “en razón de considerar que inviste un carácter netamente comunista”. Mientras que varios dirigentes de la central daban a conocer una declaración en que calificaban de “fascista” al gobierno, comenzaron las detenciones de una treintena de ellos, que fueron enviados a la cárcel de Neuquén. Entre los detenidos estaban los principales dirigentes de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, de la Federación de la Alimentación y de la Unión Obrera Textil. La intención, expresada por Gilbert a los dirigentes de la CGT 1, el ferroviario José Domenech y el cervecero Alcides Montiel, era la de imponer la unidad sindical sobre la base de este sector. Sin embargo, en ese momento Domenech y Montiel habrían rechazado la propuesta, por considerar que en realidad de ese modo se fortalecería a los comunistas. A la semana siguiente se dio a conocer un decreto regulando las asociaciones profesionales, que incluso Perón calificaría en 1944 de “totalitario”. La norma exigía el reconocimiento previo de la personería gremial para que las organizaciones pudiesen actuar, y entre los requisitos para obtenerla se incluían la completa abstención política, que sus dirigentes fuesen trabajadores en actividad en ese gremio y que excluyesen “todo postulado o ideología contrarios a los fundamentos de nuestra Nación y al régimen jurídico social que establece la Constitución Nacional”¹⁰⁶.

El decreto ponía al borde de la ilegalidad a todas las organizaciones gremiales que, según la norma, debían entregar la lista completa de afiliados a la autoridad de aplicación, el DNT, que estaba además facultado para fiscalizar todos los asuntos internos, desde la elección de autoridades hasta el manejo de fondos y cuestiones administrativas. Un mes después de dictadas esas disposiciones, una serie de medidas dejaron ver cómo se proponía aplicarlas el gobierno. El 23 de agosto, el DNT advirtió a los trabajadores, en general, que debían “evitar que se produzcan paros parciales o huelgas cuando respondan a diferencias con sus empleadores provocadas por cuestiones de salarios, etcétera. En caso de desinteligencia entre las partes las deberían resolver estas en el DNT, pues cualquier medida que dificulte el normal desenvolvimiento de las tareas les hará perder sus derechos”. Dos días después, tal vez en previsión de un conflicto, se dispuso la intervención del DNT a la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, y el nombramiento como interventores de los capitanes de fragata Raúl A. Puyol y Andrés Chelle, respectivamente. Los argumentos de la medida mostraban el temor de que estos sindicatos paralizasen el país. Se afirmaba así que “la naturaleza de los servicios a cargo de los ferrocarriles” y su importancia para la economía nacional hacían “inadmisibles los serios trastornos que en repetidas oportunidades se han ocasionado con medidas de fuerza y coacción adoptadas por las comisiones directivas” de ambas organizaciones, algo que, en realidad, no había ocurrido en los últimos tiempos. Tampoco era cierto, como afirmaban los considerandos oficiales, que el gremio ferroviario estuviese “convulsionado y dividido como resultado [...] de procedimientos reñidos con las normas morales y los estatutos sociales”. Más allá de la puja entre sindicalistas, socialistas e independientes, las entidades mostraban una mayor cohesión que la mayoría de los gremios. Algunos dirigentes ferroviarios temían que la misión encomendada al capitán Puyol era la de fraccionar la Unión Ferroviaria en varios sindicatos, para impedir la centralización que le daba su fortaleza a la entidad. En principio, el interventor dispuso la disolución de las comisiones ejecutivas y la clausura, “hasta nueva orden”, de las 270 seccionales del gremio en todo el país. Como recordaba Luis Monzalvo, los ferroviarios repudiaron lo que consideraban una medida arbitraria, que ni siquiera habían padecido bajo la dictadura de Uriburu. Junto con el cese de la comisión directiva de la UF, caducó el mandato de los diecisiete miembros que representaban a la organización en la CGT 1, con lo que la central obrera que no había sido ilegalizada quedaba virtualmente acéfala, tanto el secretariado como en el Comité Central Confederal. Hasta la sede de la CGT 1 debió trasladarse, con muebles y todo, del primer piso del edificio de Independencia 2880 de la Capital, sede central de la UF, al local de la Unión Tranviaria, en Moreno y Deán Funes¹⁰⁷.

La medida generó, como reacción, el intento de formar una “Comisión Pro Defensa de la Unión Ferroviaria”, que no llegó a constituirse formalmente, pero que actuó a modo de dirección clandestina, integrada por hombres de trayectoria en el gremio y en la CGT, como Camilo Almarza, Luis Monzalvo, Roberto Testa, Nicolás Solito, Ceferino López, Florencio Soto, Juan A. Carugo, Plácido Polo y Juan Olivera, entre otros. Incluso se vincularon con lo que Monzalvo llamaba el “grupo contrarrevolucionario” de militares y civiles que se decían vinculados al general Rawson y que complotaban contra Ramírez; pero ante el planteo de hacer actos de sabotaje, se produjo la división de los dirigentes sindicales. Un grupo constituido por Monzalvo, Soto, Carugo, Polo y Olivera decidió entonces tomar contacto con hombres del gobierno, para pedir el fin de la intervención o, por lo menos, el cambio de interventor, ya que el capitán Puyol, al disponer el despido de viejos empleados de la UF y por otras actitudes destempladas, se había vuelto particularmente odioso al gremio. Para establecer contacto con el gobierno recurrieron a “un ferroviario que trabajaba en el puerto”, Hugo Mercante, hermano del teniente coronel del GOU, los dos, “hijos de un maquinista ferroviario ya jubilado”. Monzalvo registra, con mucha precisión, que el jueves 16 de setiembre de 1943, a las 6.30, los dirigentes ferroviarios acompañaron a Hugo Mercante al despacho de su hermano, en el piso 6.º del edificio de Viamonte 1816, entonces sede del Ministerio de Guerra¹⁰⁸.

No era el primer contacto de Mercante y de Perón con hombres del movimiento sindical. En julio habían tenido una reunión con Ángel Borlenghi y José Argaña, aunque poco fruto tuvo entonces el diálogo, ya que la CGT 2 fue disuelta a los pocos días. Sin embargo, Borlenghi no cortaría sus relaciones con los dos oficiales del GOU. Otro vínculo se estableció a través de un afiliado radical del barrio de Flores, Francisco Pablo Capozzi, empleado administrativo de la Dirección del Puerto de Buenos Aires, que era amigo de los Mercante desde la década de 1930 y estaba vinculado al mundo sindical. Contratado como empleado civil del Ministerio de Guerra, fue un hombre de nexo de Perón y Mercante con los obreros. Su primera participación importante tuvo lugar en agosto de 1943, colaborando en la solución del conflicto de los obreros de la carne. Los trabajadores de los frigoríficos, ante la detención de José Peter, habían declarado la huelga, que tuvo muy alta adhesión en todo el gremio, tanto en Avellaneda como en Berisso. Según recordaría Domingo Mercante, el conflicto “resultaba una carga muy pesada. Entonces Perón tomó la decisión de llamar a José Peter al Ministerio de Guerra. Yo lo entrevisté apenas la policía lo trajo de Neuquén. En otro despacho aguardaban media docena de dirigentes, que prometían levantar la huelga siempre que se liberara a Peter y se concediera un aumento de cinco centavos por hora”. Para