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peer to peer (P2P) son el modelo más grande del país: representó USD 40 600 000 en el 2016 y tuvo un crecimiento del 601 % anual. Por su parte, los préstamos empresariales contra balance ascendieron a USD 16 900 000 en el 2016 (dicha actividad es el tercer modelo más grande en México).

      Estos dos modelos de negocio representaron alrededor del 50 % del mercado fintech en México y, junto con el modelo de préstamos contra balance para consumo, constituyen más del 90 % de dicho mercado. Al igual que en el caso de América Latina, este fenómeno podría explicarse en razón de la falta de opciones de financiamiento, tanto empresariales como para consumo, y de oportunidades de inversión en el caso de préstamos P2P, así como por el volumen de la población que está excluida del sistema financiero tradicional (Ziegler et al., 2017).

      Desde una perspectiva de políticas públicas en México, en marzo del 2018 entró en vigor la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o Ley Fintech. Dicho ordenamiento se centra en regular principalmente las siguientes actividades: i) crowdfunding, ii) instituciones de fondos de pago electrónico o e-wallets, iii) criptomonedas o activos virtuales, iv) interfaces de programación de aplicaciones u open banking y v) modelos novedosos para la prestación de servicios¹.

      Las autoridades responsables de la regulación secundaria, la supervisión y la autorización de las diversas actividades descritas son, según sus respectivas competencias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro (en lo que se refiere a modelos novedosos en el sector de pensiones) y la Comisión Nacional Seguros y Fianzas (en lo que respecta a modelos novedosos en los sectores de seguros y fianzas).

      Dichas autoridades son responsables de emitir ciertas disposiciones secundarias que, en algunos casos, aún no han sido publicadas. Con el objeto de lograr una implementación ordenada de la nueva regulación, las disposiciones transitorias de la Ley Fintech establecen que las personas que, a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, se encontraban realizando las actividades descritas con anterioridad deben solicitar su autorización para operar en un plazo definido (que concluye en septiembre de 2019) y podrán continuar llevando a cabo tales actividades hasta que se resuelva su solicitud.

      A la fecha de este documento, las principales empresas fintech en México se encuentran tramitando las autorizaciones necesarias para operar como instituciones de tecnología financiera, en términos de la Ley Fintech, o están replanteando sus modelos para continuar prestado sus servicios (o la mayoría de ellos) como entidades de otra naturaleza.

       3. OPORTUNIDADES DEL DESARROLLO DE FINTECH

       3.1 Incrementar la competencia en el sector financiero

      El desarrollo de fintech promete eliminar barreras en el sector financiero y permitir la entrada de nuevos participantes y productos. Conforme se intensifica la interconexión y los límites geográficos se vuelven menos relevantes, el sector financiero podría convertirse en un mercado más abierto y heterogéneo. Los nuevos prestadores de servicios fintech no son exclusivamente entidades financieras tradicionales y, en ese sentido, sus prácticas y la forma en que se relacionan con los usuarios pueden ser distintas. El mercado fintech podría abonar a que los servicios tengan precios más bajos, que exista mayor oferta de opciones y que se mejore la calidad de los productos disponibles.

      Para potenciar la posibilidad que tiene fintech de ampliar la competencia en el sector financiero, los participantes —tanto públicos como privados— pueden cooperar para la creación de condiciones y políticas que favorezcan el desarrollo del mercado fintech, considerando las particularidades y diferencias que existen frente a los servicios tradicionales. En este sentido, las siguientes medidas podrían ser detonantes que aumenten la competencia en el sector financiero mediante el crecimiento del mercado fintech: i) reducir los obstáculos que impiden el ingreso de actores pequeños y no tradicionales; ii) implementar políticas que atiendan el riesgo de concentración, y iii) promover la neutralidad tecnológica, la interoperabilidad y el acceso equitativo a las infraestructuras clave.

      No obstante que las nuevas tecnologías han permitido que participantes no tradicionales se integren como prestadores de servicios en el sector financiero, aún existen barreras de entrada importantes que inhiben la competencia. Estos factores incluyen la regulación desproporcional o la falta de regulación de ciertas actividades y el acceso limitado al financiamiento.

      Con la finalidad de eliminar estas barreras y fortalecer la competencia, se debe promover la aplicación flexible de las políticas públicas, que establezca cargas regulatorias proporcionales a los riesgos de cada actividad o a ciertas condiciones del prestador de servicios, evitando que los nuevos emprendimientos con operaciones limitadas deban cumplir con obligaciones originalmente diseñadas para participantes con dimensiones distintas. Estas podrían tener como uno de sus principios la integración de nuevos agentes económicos al sector financiero y, en su aplicación, las autoridades deberán buscar cooperar con los nuevos participantes para diseñar e implementar marcos regulatorios en los que exista un equilibrio entre la gestión de riesgos y el desarrollo del sector financiero.

      Sin embargo, implementar una mejor regulación puede no ser suficiente para lograr un mercado fintech más competitivo. El acceso al financiamiento, al igual que en otras industrias, es fundamental para permitir que nuevos participantes se integren al mercado. En este sentido, podría ser fundamental que los distintos actores del mercado fintech promuevan conjuntamente instrumentos y foros de los cuales surjan mayores opciones de financiamiento y capitalización de emprendimientos fintech.

      Para fortalecer la competencia justa en el sector financiero, es necesario atender los riesgos de concentración en ciertos servicios o actividades. La integración vertical u horizontal de ciertos servicios por grupos financieros crea riesgos de concentración relacionados con el control de precios y de abusos a los usuarios. A lo anterior se adiciona lo relativo al riesgo de prácticas contrarias a la competencia por parte de prestadores de servicios clave de infraestructura (como podrían ser aquellos vinculados a sistemas de pago y medios de disposición) o por parte de las instituciones financieras tradicionales (como podría ser el restringir acceso a cuentas bancarias o financiamiento bajo la excusa de la mitigación de riesgos o derisking).

      Conforme las tecnologías de la información se colocan en el centro de ciertos servicios financieros, las infraestructuras clave para la prestación de dichos servicios podrían ser diferentes a aquellos que los participantes y reguladores actualmente identifican. En este sentido, las autoridades deberán buscar equilibrios que permitan que el mercado fintech se beneficie de ciertas consecuencias de la integración económica, como la disminución de costos relacionados a las economías de escala, sin que dicha integración signifique un obstáculo infranqueable para la competencia. Para ello, es fundamental la cooperación de autoridades financieras, de competencia económica y de protección al consumidor en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Asimismo, podría ser central que los participantes privados —como prestadores de servicios o grupos de consumidores— mantengan un diálogo con las autoridades que permita una mayor comprensión de los riesgos de concentración y las medidas óptimas para atenderlos.

      Promover la neutralidad tecnológica y el acceso equitativo a las infraestructuras clave podrá ser crucial para lograr una mayor competencia en el mercado fintech. En términos similares a los riesgos de concentración, la falta de acceso a la infraestructura clave y de neutralidad tecnológica en las políticas públicas puede crear barreras de entrada relevantes y costos que dificulten la participación de nuevos agentes.

      En México, la Ley Fintech y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros reconocen como principios rectores la neutralidad tecnológica y el libre acceso a ciertas infraestructuras, respectivamente. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, la emisión de regulaciones que reconozca algunas acciones