La transición española. Eduardo Valencia Hernán

100. COLOMER, Josep Mª, op. cit., p. 15. En AHGCB, «Convento Capuchino», Caja 16. Nota del Autor: En el Apéndice Documental se encuentran registrados los 375 ciudadanos detenidos en el convento a los que se les retiró sus documentos de identidad. Ver BERNAD, Robert; BURGAYA, Josep; FIGUEROLA, Jordi, ´Assemblea de Catalunya: la lluita antifranquista a Osona, Vic, EUMO, 1999.

      101. Ibid.

      102. CREXELL, Joan, La Caputxinada, Barcelona, Ediciones 62, 1987, p. 21.

      103. Mundo Obrero, marzo de 1966.

      104. CREXELL, Joan, op. cit., p. 235.

      105. COLOMER, Josep Mª, «Les dones de la Caputxinada», L’Avenç n.º 13, 1979, p. 70. Ver también MIGUEZ GONZÁLEZ, Santiago, La Preparación de la Transición a la democracia en España, Zaragoza, Prensa Universitaria, 1990, p. 407.

      106. MARTÍ, José, op. cit., p.175.

      107. Ministro de Cultura (1991-93), fallecido en 2009.

      108. RIQUER, Borja de, op. cit., p. 378. También en SOLÉ TURA, Jordi, Una História optimista. Memórias, op. cit., pp. 245-246.

      109. Mundo Obrero, marzo de 1966.

      1.9. Primeros pasos para la formación de la Asamblea de Cataluña

      En 1969, los síntomas de agotamiento del régimen iban en sintonía con el estado de salud del dictador, donde su aferro al poder se condicionaba a lo que durase su propia existencia o, al menos, esa era la sensación que transmitía a los españoles a través de los mensajes televisivos de fin de año a la Nación.

      El 17 de enero de 1969, los estudiantes universitarios asaltaron el Rectorado de la Universidad de Barcelona provocados por la expulsión de algunos catedráticos, declarándose siete días después el estado de excepción en toda España. Sin duda, podríamos afirmar que acabándose el primer trimestre del curso universitario, prácticamente no hubo ni un solo día de normalidad académica en todo el Estado, agravándose la situación tras el aumento de las detenciones y deportaciones practicadas después del 24 de enero, que afectó no solamente a estudiantes y profesores universitarios, sino también a políticos de todo el arco ideológico, encontrándose entre ellos desde monárquicos hasta falangistas del grupo Hedilla, trabajadores, abogados e intelectuales.

      En Cataluña fueron detenidos diversos militantes de Unió Democrática de Catalunya (UDC), entre los que se encontraban Miquel Coll i Alentorn, escritores como Alfonso Carlos Comin, maestros nacionales, profesores de instituto y obreros de Barcelona, Sabadell, Tortosa y Reus. Asimismo, fueron condenados posteriormente por el TOP los militantes del PSUC: el escritor Ángel Abad, Antonio González y Jesús María Rodes.

      La reacción de la clase trabajadora ante la nueva amenaza de coacción del gobierno no tardó en llegar, forzando diversos paros técnicos en exigencia de nuevos aumentos salariales en empresas del área metropolitana barcelonesa como AEG en Tarrasa, Siemens, y Soler i Almirall en Cornellá de Llobregat. En Madrid también pararon la Siemens y la Standard bajo la puesta en práctica de las llamadas manifestaciones relámpago organizadas por CC.OO., y en Bilbao siguieron la misma tónica los trabajadores de los Altos Hornos, la Naval, General Eléctrica y Babcock Wilcox. Sin duda, la sensación general indicaba que conforme pasaba el tiempo el rechazo contra el estado de excepción se iba expandiendo y que cada vez más iba tomando la iniciativa la clase trabajadora, secundada por los estudiantes, sacerdotes e intelectuales, haciéndose cada vez más visible la abundante propaganda con eslóganes como «¡Democracia sí, dictadura no!», «¡Franco asesino, represión no!» y «¡Libertad!».

Cabe destacar en aquellos días el apoyo de más de cuatrocientas personalidades catalanas de las letras, artes y ciencias, universitarios, estudiantes, sacerdotes y ciudadanos de toda condición que formaron parte de un documento con más de mil quinientas firmas a favor de la libertad y en contra de la tortura, entre los que destacaron Cassiá Just, Salvador Espriu, Maurici Serrahima, Manuel Sacristán, Mª Aurèlia Capmany, Frederic Roda, Francesc Candel, Josep Corredor Mateos, Manuel de Pedrolo, Juan Goitisolo, Joan Miró, Antoni Tàpies, Josep Guinovart, Albert Rafols Casamada, Raimon, Mª del Mar Bonet, Juan Riera Marra, Josep Solé Barberà, Rodolf Guerra, Montserrat Avilés, Lluís Salvadores, Antoni Gutiérrez Díaz, Pere Portabella, Miquel Coll Alentorn, Miguel Núñez, etc.110

      También desde el extranjero numerosas voces se alzaron contra el nuevo intento involucionista del régimen, produciéndose algunas manifestaciones ante las embajadas y consulados españoles en Europa. Tanto en Londres como en Frankfurt, Lausana (Suiza) o París, llegaron numerosas notas de protesta ante la situación creada.

Por su parte, la prensa extranjera criticó duramente la actitud del gobierno español mediante artículos periodísticos como los publicados en Le Monde, donde se decía entre otras cosas si era lícito preguntarse si las medidas particularmente enérgicas que acaban de ser adoptadas por el gobierno no corrían el riesgo, en definitiva, de agravar un malestar ya de por sí profundo, o en The Times, que comentaba que si la Administración española quería evitar una verdadera sublevación, era necesario que sus dirigentes ofreciesen soluciones a los problemas de España111. En fin, era evidente que esta nueva actitud opositora del sector universitario, cada vez más radical y apoyado en muchas ocasiones por activistas políticos y sindicales de la izquierda, auguraba unos años venideros realmente conflictivos y difíciles para el control gubernativo, inmerso ya en su etapa decadente.

En España, la prensa de aquellos días seguía controlada por una censura férrea instaurada a raíz del estado de excepción, aunque de vez en cuando esquivara el control gubernativo publicando por ejemplo las desavenencias políticas entre el príncipe Juan Carlos y su padre Don Juan de Borbón, suscitando cierta polémica en la clase dirigente del régimen112.

Por otra parte, otras noticias de menor calado popular indicaban la fijación por parte del gobierno del salario mínimo interprofesional para mayores de diez y ocho años en 102 pesetas diarias, 43 pesetas entre los trabajadores de 14 y 16 años, y 63 pesetas entre los de 16 y 18 años. También tuvo su importancia mediática en las portadas el relevo en la Presidencia de los EE. UU. del demócrata Lindon Baines Johnson por el republicano Richard Milhous Nixon113.

      Sin duda, y a pesar del considerable esfuerzo represor del gobierno por apaciguar el sector universitario, el conflicto tomaba cada vez más protagonismo social e informativo, dirigido y alentado por una oposición antifranquista clandestina más efectiva con respecto a sus objetivos, sobre todo después de la formación del ilegal sindicato de estudiantes (SDEUB), organización cada vez más consolidada.

      El asesinato por aquellos días de Enrique Ruano, estudiante de Derecho de la Universidad de Madrid, aumentó de nuevo en las universidades catalanas la euforia de lucha contra la policía y los ultras, creándose tras estas manifestaciones en defensa de los detenidos en los disturbios universitarios la llamada Comisión de Solidaridad. Esta comisión estuvo formada por representantes conocidos por su actividad política contra el régimen: Joaquim Boix, Anton Canyellas, Joan Carrera Planas, Agustí de Semir, Concha Millán, Mª Antonia Pelauzy, Remedios Ramírez y José Mª Vidal Aunós, entre otros. A su vez, fueron surgiendo en las facultades nuevos movimientos cada vez más politizados, acrecentando más el problema y obligando al gobierno a responder de la única forma que nos tenía acostumbrados. Estas organizaciones eran, entre otras: Universidad Roja, Estudiantes Marxistas-Leninistas o los Comités de Huelga Estudiantiles-Comités de Huelga Obreros