La política del "mientras tanto". Pilar Arcidiácono

en el primer trimestre de 2007 fue de 9,3% (EPH, primer trimestre de 2007). La población con problemas de empleo (desempleados y subocupados) cayó del 38,1% de la población activa a 19,1%(EPH, primer trimestre de 2007). Es decir, casi el 60% de las personas que en 2003 tenían problemas serios de empleo mejoraron su situación. Cabe destacar que, en todos los casos que se habla de aumentos en la ocupación, no significa que los mismos refieran a la inserción a través de empleos registrados formales y que se le apliquen los consiguientes beneficios del sistema de seguridad social.

      En efecto, merece destacarse como dato a lo largo de todo este período el alto nivel de informalidad laboral sostenida.[10] Si bien el empleo no registrado, que comprende a los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia a quienes no se les efectúan descuentos por aportes jubilatorios, sumando incluso a los perceptores de programas sociales (particularmente el PJJHD), cayó del 47% (EPH, primer trimestre de 2003) al 40,6% (EPH, primer trimestre de 2007), este valor sigue siendo significativo. Consecuentemente, el efecto concreto es que las regulaciones laborales y las políticas públicas que durante este período se impulsaron (como el aumento en las AAFF, las regulaciones sobre obras sociales, el esquema jubilatorio, entre otras) excluyen por lo tanto alrededor de los 40% de los asalariados.

      También es importante destacar las inequidades de género evidenciadas en el mercado argentino continuaron sin variaciones importantes, al mismo tiempo que no se implementaron acciones positivas tendientes a revertir las situaciones discriminatorias. En el primer trimestre de 2007, la tasa de actividad para varones alcanzó el 55,4%, siendo la tasa de empleo del 51,1% mientras que la tasa de desocupación masculina fue, en el mismo período, del 7,8%. En materia de empleo de mujeres, durante el mismo período la tasa de actividad femenina alcanzó el 37,9%, con una tasa de empleo del 33,2% y una tasa de desempleo superior a la masculina, ubicada en el 12,5% (EPH, primer trimestre de 2007).

      En un marco de crecimiento económico sostenido y de un conjunto de intervenciones relacionadas con el mundo del trabajo, los indicadores de pobreza e indigencia mejoraron sustancialmente, aunque sin embargo durante el período analizado siguieron siendo extremadamente elevados. Aún cuando la pobreza en los hogares descendió después de la crisis, el nivel que se evidencia hacia 2007 es, en el mejor de los casos, igual o apenas inferior a los registros de la década del 90, lo que implica que 8,2 millones de personas recibían un ingreso que no les permitía comprar una canasta básica alimentaria (CBA) (EPH, primer trimestre de 2007). Así, en el primer semestre de 2007, la población por debajo de la línea de la pobreza todavía alcanzaba el 23,4%, mientras que la población por debajo de la línea de la indigencia llegaba al 8,2%. La intensidad de la pobreza y de la indigencia no es uniforme en todo el país, presentándose importantes disparidades geográficas en cada uno de los aglomerados que capta la encuesta –se estima que la brecha entre la región más pobre y la menos pobre es cercana a los treinta puntos–, así como también en términos de género y edad.[11]

      En materia de redistribución del ingreso, si bien la participación de los trabajadores fue creciente, continuó en este período por debajo de los valores de 2001. Si se considera la redistribución funcional de los ingresos –que enfoca el análisis en el ingreso generado por los distintos factores de la producción, es decir fuerza de trabajo por un lado y capital por el otro– el aumento del PBI, de los salarios y de los niveles de ocupación no se tradujo en una mayor participación de los asalariados en el ingreso desde 2003 en adelante. De hecho, ésta ha disminuido y en 2007 es un 11% inferior al 2001 (Basualdo, 2008). Respecto de la distribución personal del ingreso, que analiza cómo se distribuye el ingreso por estratos de ingresos sin reparar si se trata de asalariados o no asalariados, un informe de la CTA (2007) sobre crecimiento y distribución durante el período 2003-2007 señala que de cada 100 pesos que se generaron por el proceso de crecimiento económico, el 30% más rico se apropió de 62,5 pesos, mientras que el 37,5% restante se repartió entre el 70% de la población. Está claro que es un porcentaje insuficiente para modificar la pauta distributiva de la sociedad, máxime cuando se considera que el 40% más pobre captó apenas 12,8 pesos y el 30% de los sectores medios explican los 24,7 restantes pesos.

      3. Medidas para trabajadores formales y transformaciones previsionales

      A partir de 2003, en el contexto de recuperación económica que coincide con la gestión de gobierno del ex presidente Néstor Kirchner la intervención en materia social se concentró en dos líneas bien demarcadas.

      La primera línea, la política de recomposición salarial y de adopción de medidas destinadas a trabajadores asalariados formales, incluyó también la revisión del régimen previsional y de asignaciones familiares (AAFF), conjuntamente con estímulos para la registración del empleo; la suspensión de los despidos sin causa justa, la derogación de la ley Banelco, la modificación de la ley de quiebras, y la limitación de las facultades del empleador, entre otras medidas adoptadas.

      A través de la sanción de la ley 25.877 denominada de “Reordenamiento Laboral” en el año 2004 se dejó sin efecto una de las normas que, además del escándalo derivado del modo en que fue votada, incluía una serie de reformas regresivas desde el punto de vista del interés de los trabajadores. En abril de 2006 se sancionó la ley 26.086 que volvió a reconocer la competencia de los jueces laborales para entender en los reclamos que los trabajadores iniciaran contra empresas concursadas y quebradas que, desde 1995, estaba en manos de la justicia comercial. En abril de 2006 se sancionó la ley 26.088 mediante la cual se le restituyó al trabajador que fuera víctima de una modificación unilateral y perjudicial de sus condiciones de trabajo, la posibilidad de reclamar el mantenimiento de las condiciones pactadas. Si bien nunca estuvo permitido al empleador efectuar cambios unilaterales en las condiciones pactadas con el trabajador cuando aquéllos implicaban un perjuicio moral o material para el empleado, frente a esta situación al trabajador le quedaba una sola respuesta: considerarse despedido. La redacción actual de la ley vuelve a otorgar al trabajador dos opciones: hacer juicio reclamando la indemnización o la restitución de las condiciones alteradas. La segunda línea, caracterizada por intervenciones del “mientras tanto” (que serán abordada en el próximo capítulo), principalmente aunque no exclusivamente bajo responsabilidad del MDS consistió principalmente en el surgimiento de programas sociales (PMO y PSA) y del PJJHD en el marco del MTEYSS.

      Cabe entonces retomar algunos elementos centrales de la primera línea: la política para trabajadores asalariados formales. En primer lugar, se dieron sucesivos aumentos salariales. Desde julio de 2003, cuando el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) fue aumentado a 250 pesos luego de haber estado congelado en 200 pesos durante diez años, se produjo una mejora significativa en el cumplimiento del objetivo de establecer un piso salarial no inferior al ingreso requerido para cubrir el costo de la canasta básica total (CBT). El SMVM fue incrementándose desde julio de 2003 hasta alcanzar casi el quíntuplo (980 pesos) a partir de diciembre de 2007; es decir que mientras cubría apenas el 30% de la CBT; el SMVM pasó a cubrir el 108% de la CBT a fin del período analizado (Basualdo, 2008).

      Asimismo, el crecimiento promedio de los salarios nominales desde la salida de la convertibilidad fue superior a la inflación, aunque la característica distintiva fue la evolución dispar entre los distintos segmentos de trabajadores. Mientras que el empleo formal privado triplicó su salario nominal promedio desde la salida de la convertibilidad; el empleo no registrado y el público no llegaron a duplicar los salarios nominales promedio y se encontraron sensiblemente por debajo del promedio general. Los ingresos de los diferentes grupos de trabajadores se recuperaron en términos nominales después de la crisis de 2001. Sin embargo, en un contexto caracterizado por una inflación sostenida y creciente, el análisis relevante se centra en el poder de compra de los ingresos (CENDA, 2007. 2). Los ingresos nominales de los trabajadores crecieron un 78% entre el tercer trimestre de 2003 y el último trimestre de 2006. Esta cifra pasa al 70% si se excluyen los ocupados a través de planes sociales, ya que debido a la caída de su participación en el empleo total, el peso relativo de este grupo de bajos ingresos se reduce en el ingreso total. En el mismo período, los precios de los bienes de consumo se incrementaron en un 30%, de manera que los ingresos crecieron, en términos reales, un 37% (30% si se excluyen los receptores de planes sociales). Este crecimiento, sin embargo, no resultó suficiente para recuperar los niveles de ingresos vigentes en octubre de 2001. Por otro lado, según un informe