La política del "mientras tanto". Pilar Arcidiácono

a lo que luego comenzó a denominarse “vieja política” (Naishtat, 2005).

      En el medio de los cuestionamientos generales a la clase política, a los mecanismos tradicionales de la democracia, a la dinámica política partidaria teñida por críticas de corrupción e ineficiencia, se presentaba el protagonismo de nuevas formas de participación de la ciudadanía y la participación de la sociedad civil a través de OSC en diferentes etapas de las políticas públicas como alternativa para salvaguardar la institucionalidad democrática.[7]

      Así, aparecieron en la escena pública los cacerolazos como formas de protesta, asambleas vecinales a lo largo de todo el país, así como numerosos mecanismos autogestivos desde la sociedad civil que desde un costado más vinculado con la economía social intentaron hacerle frente a la dimensión económica de la crisis, al crecimiento de la pobreza, indigencia y al desempleo (trueque, empresas recuperadas, microemprendimientos, cooperativas de trabajo y/o abastecimiento, productoras de bienes y servicios, redes de consumo colectivo, entre otros).[8]

      Dos modalidades de participación social, aunque de diferente formato, tuvieron gran envergadura y fueron contemporáneas a la crisis al surgir como espacios de propuestas de políticas públicas. Se trata de la iniciativa Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) y de la conformación Diálogo Argentino.

      En el primer caso, como es sabido el FRENAPO fue organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), tras definir, entre 1999 y 2000, que el tema de la desocupación y la pobreza eran prioritarios para el conjunto de la clase trabajadora. Se concreta una propuesta de consulta popular sintetizando un conjunto de ideas en una consigna imbatible: “Ningún hogar pobre en la Argentina”. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001; se llevó adelante una campaña de recolección de firmas donde se apoyaba la propuesta de implementar un seguro de empleo y formación de 380 pesos para cada jefe o jefa de hogar desocupado, la asignación universal de 60 pesos por hijo menor de dieciocho años para todos los trabajadores y la asignación universal de 150 pesos para personas en edad jubilatoria sin cobertura previsional. Varios miembros de la conducción de la CTA coinciden al considerar este hecho político como la iniciativa social más ambiciosa de los últimos tiempos, situando este acontecimiento como uno de los puntos más altos de acumulación de poder popular (CTA, 2006).

      Cabe destacar que si bien ha sido denominada iniciativa popular o consulta popular, no se trato de ninguno de estos instrumentos constitucionales. Más allá de otros factores relacionados con el contenido de la propuesta, los actores que la convocaban como así también el momento político, es interesante preguntarse cuál podría haber sido el destino de la propuesta de haber sido planteada con el formato de iniciativa popular y cumplidos los requisitos para tener tratamiento obligatorio en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre las cuestiones que se evalúan de manera positiva se encuentran el haber organizado esta experiencia popular para extender territorialmente una iniciativa social a lo largo de toda la geografía nacional, así como el haber sintetizado muchos debates e ideas en una consigna que expresaba una meta clara e incuestionable. Por otro lado, los testimonios de evaluación de los propios actores del FRENAPO confluyen al afirmar que la iniciativa formó parte de un proceso que quedó a mitad de camino; no se logró transformar los tres millones de apoyos en voluntad organizada aparentemente porque no hubo un plan para el día después, sobre todo por la proximidad con los sucesos del 19 y 20 de diciembre (CTA, 2006).

      Cabe detenerse en la experiencia del Diálogo Argentino (DA), espacio de interrelación entre Estado-sociedad civil más relevante durante la crisis que tuvo directa relación con el surgimiento del PJJHD. Ya en diciembre de 2001 –antes de su renuncia– el ex presidente Fernando de la Rúa pidió colaboración a la Iglesia Católica y al PNUD para la constitución del Diálogo Argentino. El objetivo de tal convocatoria era la generación de un espacio común en el que pudieran congregarse distintos actores a fin de debatir y encontrar en conjunto los consensos necesarios para superar la crisis. Si bien esta convocatoria fue próxima a los sucesos del 19 y 20 de diciembre y, por ende, no pudo concretarse, el Diálogo se constituyó en una herramienta fundamental para el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, electo por la Asamblea Legislativa el 1 de enero de 2003.

      Con relación a los actores del DA, cabe recordar que la convocatoria fue realizada por tres actores principales: la Presidencia de la Nación (a cargo del presidente Duhalde), la Iglesia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por su parte, la Presidencia llamó oficialmente a la concurrencia al Diálogo Argentino. La Iglesia se ofreció como ámbito espiritual y animador de la concertación pacífica hacia la reanudación de los vínculos; en este sentido su concurrencia supuestamente aportaba una cuota de moralidad y credibilidad importante para la reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad civil. El PNUD contribuyó desde la experiencia internacional y desde sus principios humanísticos (ligados a los derechos humanos, la paz internacional y el desarrollo social) aportando la experiencia profesional y la capacidad técnica para la organización, gestión, análisis y logística tanto en la conformación de los grupos de trabajo como en la producción de las alternativas y propuestas. Cabe aclarar que a pesar de que se presenta como un espacio de “innovación” y “recambio” no se trata de actores novedosos, sino que eran centrales en la escena política argentina: la propia Iglesia, la coalición gobernante justicialista y un Organismo Internacional (PNUD). Los convocados fueron representantes de diferentes sectores de la vida política, social, económica y cultural de la Argentina, incluidos los partidos políticos, empresas, sindicatos, grupos financieros, grupos del agro, OSC en general, instituciones religiosas y diversas figuras individuales.

      El Diálogo Argentino pretendió convertirse en “el puente” de interconexión entre Estado-sociedad civil, aunque desde ya no estuvo exento de los problemas de representatividad que atraviesan otras instituciones. Aquellos que convocaron al DA, seleccionaron un conjunto de “interlocutores válidos” con quienes articular durante la crisis y aprovecharon principalmente las organizaciones con trayectoria pública, experiencia de interacción con el Estado y predispuestas a participar en este nuevo espacio. Desde sus comienzos, en el Diálogo fue protagónico el rol de OSC intermedias y confesionales y por instituciones religiosas por lo que la falta de inclusión de otros sectores debe ser tenida en cuenta en términos de decisión política (Diálogo Argentino, 2002a, 2002b).

      En julio de 2002 la Presidencia de la Nación dejó de ser convocante, cuando ya había comprometido a la sociedad civil en la participación en los Consejos Consultivos. Desde ahí en adelante el Diálogo tuvo solo el componte no estatal en su interior, que a través de la discusión y la generación de propuestas trató de continuar influyendo en la agenda estatal, pública y mediática. A su vez, el PNUD también comenzó a restarle legitimidad al Diálogo,[9] lo que ocasionó consecuencias tanto en el reconocimiento público de este espacio como en la creciente dificultad en materia de financiamiento. En términos de impacto en la agenda pública, salvo en algunas mesas sectoriales, no se avanzó en revisar diagnósticos ya existentes, proponer opciones, acordar criterios de análisis y soluciones de diferencias, concretar alternativas y propuestas.

      En síntesis, el espacio del DA adelanta alguno de los mecanismos estatales de incorporación de la sociedad civil en las políticas públicas después de la crisis que serán abordados en este trabajo. De hecho, valga recordar que al menos discursivamente el PJJHD reconoció como espacio de origen al DA. Además, a instancias del Diálogo Argentino y como estructuras que replicaron este modelo se crearon los Consejos Consultivos (CC) del PJJHD. Como se verá en el próximo capítulo, estos consejos se constituyeron como espacios centrales de interrelación y de tomas de decisiones donde participan actores estatales y de la sociedad civil.

      2. La etapa de recuperación económica

      Tras la etapa de crisis de 2001-2002, el crecimiento sostenido de la economía a partir de 2003 impactó fuertemente sobre el mercado laboral y sobre el comportamiento de los indicadores socioeconómicos. Como señala Lavopa (2008: 182), entre el primer semestre de 2002 y el segundo de 2006, la economía argentina creció en un 41%.

      En lo que respecta al mercado laboral, tomando como período de referencia de 2003 a 2007 el desempleo descendió en más de un tercio. En el primer trimestre de 2007 la tasa de desempleo se encontraba en