Jalisco después del COVID-19. Antonio Sánchez Bernal

8 Aunque varios pronósticos de instituciones internacionales señalan que la recesión podría ser más grave.

      9 Específicamente dos proyectos: el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas con un costo de 43.197 millones de pesos.

      10 Entre esas medidas destacaban aumentar el presupuesto en salud en dieciséis mil millones de pesos (0.06% del pib) para contratar personal, suministros y espacios para realizar diagnósticos, condonar cuotas obrero patronales al imss durante 3 meses con una erogación de 168.097 millones de pesos (0.64% del pib) y realizar transferencias monetarias por 1 500 pesos mensuales durante tres meses para personas adultas mayores de 18 años (ochenta y ocho millones de personas), cuyo costo sería de 396 mil millones de pesos (1.5%) del pib si fuera para el 100% de esa población o de 317 mil y 238 mil millones de pesos si fuera para el 80% y 60%, respectivamente (1.2% y 0.9% del pib) (Albarrán y Saldívar, 2020).

      11 Difunde información sobre esta pandemia y la promoción de medidas preventivas.

      12 Promueve el trabajo desde casa para los puestos administrativos, la flexibilización de horarios para puestos con actividad móvil, el rediseño de turnos de trabajo para personal operativo y el adelanto de días a cuenta de vacaciones, dando preferencia a mujeres embarazadas y adultos mayores, con el fin de facilitar el cuidado de los niños. En el caso de las personas que trabajan de manera independiente se sugiere la creación de redes sociales para compartir dicho cuidado.

      13 Gira en torno a una medida tomada por la Secretaría de Educación de Jalisco: la suspensión de clases presenciales en todos los planteles del estado, públicos y privados, y en todos los niveles de escolaridad, sin suspender las actividades de aprendizaje, para las cuales se recomienda el uso de nuevas tecnologías que permitan realizarlas a distancia, dejando la coordinación de las mismas a los directivos, maestros y consejos técnicos de cada institución.

      14 A los que ofrece recomendaciones preventivas e higiénicas.

      15 Esta acción contaba con un presupuesto de treinta millones de pesos y funcionó entre el 2 de abril y el 30 de septiembre, hasta agotar dicho monto.

      16 Dichos apoyos consisten en préstamos blandos para mantener la plantilla laboral en un rango de diez mil a ciento cincuenta mil pesos (diez mil pesos por persona por mes, con una tasa de 0% de interés y con un plazo de veinticuatro meses con seis meses de gracia).

      17 Un programa focalizado que preveía otorgar apoyos de cinco mil pesos por persona, mediante una tarjeta electrónica, a través de un proceso enfocado en quienes vieron afectadas sus fuentes de ingreso por la contingencia sanitaria por el COVID-19 y no recibían apoyo de otro programa federal o del estado de Jalisco.

      18 3 mil 273 millones de pesos para este rubro.

      Política

      Héctor Raúl Solís Gadea

      La pandemia del COVID-19 es mucho más que una crisis de salud pública. Sus consecuencias serán drásticas, presentes en muchas zonas de la vida social y muy duraderas. Pero no hay que esperar al futuro para ver algunos de sus efectos más importantes, ahora mismo está desafiada la capacidad de respuesta de los gobiernos federal y local, la fortaleza de las instituciones sociales y la disposición de los ciudadanos para tratar con la incertidumbre no sólo sanitaria, sino económica y social. Naturalmente, junto con lo anterior, la pandemia está poniendo a prueba a los sistemas de atención a la salud y de investigación científica; sin embargo, lo que está amenazado, en última instancia, es el orden político y la capacidad de conducción organizada de la sociedad.

      La pandemia va a marcar el destino de la presente administración (federal y local) y la sensibilidad de varias generaciones. Si se le hace frente, de cierta manera podría favorecer algunas de las maduraciones que México y Jalisco necesitan con urgencia, porque resolver los acertijos de la pandemia implica profundos aprendizajes políticos, transformaciones económicas y modificaciones fundamentales en la vida social y cultural. Nada garantiza que así vaya a ser, pero la oportunidad existe y hay que saber identificarla, hacerla del conocimiento público y traducirla en acciones específicas.

      Por ahora, lo evidente es el incremento repentino de los riesgos y las dificultades en la toma de decisiones, lo cual significa la entrada a un escenario de alta complejidad que exige desempeños inteligentes del gobierno y comportamientos adecuados de la sociedad. La pandemia es un hecho social, por consiguiente, enfrentarla con éxito implica un abordaje social, es decir, diseñar una estrategia que involucre la actuación concertada de la inmensa mayoría de los mexicanos.

      En suma, mucho se puede ganar, perder, aprender o dejar de aprovechar. La máxima responsabilidad frente a la situación reside en las autoridades políticas nacionales y locales, sin embargo, también radica en los ciudadanos comunes y en los líderes de las organizaciones intermedias.

      Una gestión equivocada de la crisis, en sus aspectos de salud y en sus implicaciones económicas, puede propiciar una nueva crisis: la provocada por la falta de confianza ciudadana en los gobiernos local y nacional, la cual puede surgir si se exacerban las divisiones que fracturan a la sociedad mexicana. Y ello, a su vez, se traduce en problemas adicionales para el sistema político, según sea la capacidad de los gobiernos federal y local para manejar el conflicto político, administrativo y social que podría sobrevenir. Si la crisis política escala a niveles fuera de control, aparecería una crisis social de incalculables consecuencias.

      Dicho esquemáticamente: a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia –recesión y desempleo masivo–, se podría sumar una crisis política de legitimidad política, racionalidad administrativa y eficacia gubernativa. De allí seguiría una crisis social sin precedentes dado el grado de desigualdad, exclusión e insuficiente cohesión de la sociedad mexicana.

      La pandemia no ha tomado al gobierno ni a la sociedad mexicana en una condición favorable. Con anterioridad se registraba una desaceleración de la economía y una pérdida de la capacidad de maniobra financiera gubernamental, como consecuencia de decisiones arriesgadas de inversión pública. Ciertas acciones del gobierno federal ocasionaron desconfianza entre los sectores medios y empresariales. A ello hay que agregar la falta de coherencia y claridad en el diseño de la política de atención a la pandemia, además del debilitamiento que había sufrido el sistema nacional de salud a consecuencia de determinadas decisiones presupuestales, lo que refuerza la incertidumbre de los ciudadanos.

      Por el lado de la sociedad, el panorama tampoco presentaba condiciones previas favorables para hacer frente a un problema de esta magnitud. La polarización y el divisionismo, compañeros naturales de la desigualdad y la falta de integración social, poco ayudan a la actuación de concierto que se necesita en situaciones como la presente.

      Frente a esto, los gobiernos federal y local deben actuar con responsabilidad y sensatez. Deben anteponer el interés general de la nación y los ciudadanos a cualquier propósito de signo político o partidista. La estrategia debe ser convocar a la unidad, a la suma de esfuerzos para derrotar el coronavirus, y para asumir las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Por el lado de la sociedad, el llamado debe ser atendido.

      En las próximas semanas, los gobiernos y el resto de los actores sociales deberán aplicarse en la gestión de la crisis de la mejor manera posible, reduciendo al mínimo la incertidumbre y procurando elevar la confianza de la sociedad en que se cuentan con estrategias para atender la problemática de salud en su complejidad y para tratar las consecuencias en los ámbitos económico, político y social.