El libro negro del comunismo. Andrzej Paczkowski

socialista en el campo»².

      Aunque condenaran los abusos más escandalosos de los representantes del poder soviético, los dirigentes bolcheviques, en su mayoría, no consideraban por ello el campo menos como una terra incognita peligrosa, «un medio abarrotado de elementos kulaks, de socialistas-revolucionarios, de popes, de antiguos propietarios terratenientes que no han sido todavía eliminados», según la expresión repleta de imágenes de un informe del jefe de la policía política de la provincia de Tula³.

      Tal y como testifican los documentos del departamento de información de la GPU, el mundo obrero seguía estando sometido a una estrecha vigilancia. Grupo social en reconstrucción después de los años de guerra, de revolución y de guerra civil, el mundo obrero seguía siendo sospechoso de conservar vínculos con el mundo hostil del campo. Los informadores presentes en cada empresa perseguían las palabras y los actos desviados, «los humores campesinos» que los obreros, de regreso del trabajo del campo después de sus permisos, habían traído a la ciudad. Los informes policiales diseccionaban el mundo obrero en «elementos hostiles», necesariamente bajo la influencia de grupúsculos contrarrevolucionarios, en «elementos políticamente atrasados» generalmente venidos del campo, y en elementos dignos de ser reconocidos «políticamente conscientes». Los paros en el trabajo y las huelgas, bastante poco numerosas en este año de fuerte desempleo y de relativa mejora del nivel de vida para aquellos que tenían un trabajo, eran cuidadosamente analizados y los agitadores detenidos.

      Los documentos internos, hoy en día parcialmente accesibles, de la policía política muestran que después de años de formidable expansión esta institución conoció algunas dificultades, debidas precisamente a la pausa en la empresa voluntarista bolchevique de transformación de la sociedad. En 1924-1926, Dzerzhinski debió batallar con firmeza contra ciertos dirigentes que consideraban que era preciso reducir considerablemente los efectivos de una policía política cuyas actividades iban declinando. Por primera y única vez hasta 1953, los efectivos de la policía política disminuyeron muy considerablemente. En 1921, la Cheka proporcionaba empleo a 105.000 civiles aproximadamente y a cerca de 180.000 militares de las diversas tropas especiales, incluidas las guardias fronterizas, las chekas destinadas a los ferrocarriles y los guardias de los campos de concentración. En 1925, estos efectivos se habían reducido a 26.000 civiles aproximadamente y a 63.000 militares. A estas cifras se añadían alrededor de 30.000 informadores, cuyo número en 1921 es desconocido en razón del estado actual de la documentación⁴. En diciembre de 1924, Nikolai Bujarin escribió a Feliks Dzerzhinski: «Considero que debemos pasar con mayor rapidez a una forma más “liberal” de poder soviético: menos represión, más legalidad, más discusiones, más poder local (bajo la dirección del partido naturaliter), etc.»⁵.

      Algunos meses más tarde, el primero de mayo de 1925, el presidente del tribunal revolucionario, Nikolai Krylenko, que había presidido la mascarada judicial del proceso de los socialistas-revolucionarios, dirigió al Politburó una larga nota en la que criticaba los abusos de la GPU que, según él, sobrepasaba los derechos que le habían sido conferidos por la ley. Varios decretos, promulgados en 1922-1923, habían limitado efectivamente las competencias de la GPU a los asuntos de espionaje, de bandidismo, de moneda falsa y de «contrarrevolución». Para estos crímenes, la GPU era el único juez y podía pronunciar penas de deportación y de destierro en residencia vigilada (hasta tres años), de campo de concentración o incluso la pena de muerte. En 1924, de 62.000 expedientes abiertos por la GPU, un poco más de 52.000 habían sido transmitidos a los tribunales ordinarios. Las jurisdicciones especiales de la GPU se habían ocupado de más de 9.000 asuntos, cifra considerable dada la coyuntura política estable, recordaba Nikolai Krylenko, que concluía:

      Las condiciones de vida de las personas deportadas y asignadas a residencias en agujeros perdidos de Siberia, sin el menor peculio, son espantosas. Se envía tanto a jóvenes de 18-19 años de medios estudiantiles como a ancianos de 70 años, sobre todo miembros del clero y ancianas «que pertenecen a clases socialmente peligrosas».

      También Krylenko proponía limitar el calificativo de «contrarrevolucionario» solamente a los miembros reconocidos de partidos políticos que representaban los intereses de la «burguesía» a fin de evitar «una interpretación abusiva del término por parte de los servicios de la GPU»⁶.

      Frente a esas críticas, Dzerzhinski y sus adjuntos no dejaban de proporcionar a los dirigentes más importantes del partido, y especialmente a Stalin, informes alarmistas sobre la persistencia de graves problemas interiores, sobre amenazas diversionistas orquestadas por Polonia, los países Bálticos, Gran Bretaña, Francia y Japón. Según el informe de actividad de la GPU para el año 1924, la policía política habría:

      • detenido a 11.453 «bandidos», de los que 1.858 fueron ejecutados sobre el terreno;

      • prendido a 926 extranjeros (de los que 357 habrían sido expulsados) y a 1.542 «espías»;

      • evitado una «sublevación» de guardias blancos en Crimea (132 personas ejecutadas en el desarrollo de ese asunto);

      • procedido a 81 «operaciones» contra grupos anarquistas que se habrían solventado con 266 arrestos;

      • «liquidado» 14 organizaciones mencheviques (540 arrestos, 6 organizaciones de socialistas revolucionarios de derechas (152 arrestos), 7 organizaciones de socialistas revolucionarios de izquierdas (52 arrestos), 117 organizaciones «diversas de intelectuales» (1.360 arrestos), 24 organizaciones «monárquicas» (1.245 arrestos), 85 organizaciones «clericales» y «sectarias» (1.765 arrestos), 675 «grupos kulaks» (1.148 arrestos);

      • expulsado, en dos grandes operaciones, en febrero y julio de 1924, alrededor de 4.500 «ladrones», «reincidentes» y «nepmen»⁷ (comerciantes y pequeños empresarios privados) de Moscú y de Leningrado;

      • reducido «a vigilancia individual» a 18.000 personas «socialmente peligrosas»;

      • supervisado 15.501 empresas y administraciones diversas;

      • leído 5.078.174 cartas y correspondencias diversas⁸.

      ¿En qué medida estos datos, cuya precisión escrupulosa alcanza al ridículo burocrático, resultan fiables? Incluidos en el proyecto de presupuestos de la GPU para 1925, tenían como función demostrar que la policía política no bajaba la guardia frente a todas las amenazas exteriores y merecía, por lo tanto, los fondos que le eran asignados. No son menos preciosos por ello para el historiador porque, más allá de las cifras, de la arbitrariedad de la categoría, revelan la permanencia de los métodos, de los enemigos potenciales y de una red momentáneamente menos activa pero siempre operativa.

      A pesar de los recortes presupuestarios y de algunas críticas que surgían de dirigentes bolcheviques inconsecuentes, el activismo de la GPU no podía más que verse estimulado por el endurecimiento de la legislación penal. En efecto, los Principios fundamentales de la legislación penal de la URSS, adoptados el 31 de octubre de 1924, al igual que el nuevo Código Penal de 1926, ampliaban sensiblemente la definición del crimen contrarrevolucionario y tipificaban la noción de «persona socialmente peligrosa». La ley incluía entre los crímenes revolucionarios todas las actividades que, sin pretender directamente derribar o debilitar al poder soviético, eran por sí mismas «notablemente para el delincuente», un «atentado contra las conquistas políticas o económicas de la revolución proletaria». Así, la ley sancionaba no solamente las intenciones directas, sino también las intenciones eventuales o indirectas.

      Además se consideraba como «socialmente peligrosa (…) a toda persona que hubiera cometido un acto peligroso contra la sociedad, o cuyas relaciones con un medio criminal o cuya actividad pasada representaran un peligro». Las personas designadas según estos criterios muy extensos podían ser condenadas, incluso en el caso de que no existiera ninguna culpabilidad. Estaba claramente precisado que «el tribunal puede aplicar las medidas de protección social a las personas reconocidas como socialmente peligrosas, sea por haber cometido un delito determinado, sea en el caso de que, perseguidas bajo la acusación de haber realizado un delito determinado sean declaradas inocentes por el tribunal pero reconocidas socialmente peligrosas». Todas estas disposiciones,