Nuevos públicos para las artes escénicas. Andrea Hanna

de la gestión cultural, es decir, la forma en que los derechos y las políticas se llevan a la práctica. En este punto, es pertinente hacer una muy breve descripción de los modelos de gestión cultural anglosajón y francés.

      El modelo anglosajón es aquel que vinculamos a países como Estados Unidos e Inglaterra donde se observan grandes instituciones culturales y patrimoniales autónomas y privadas. Se caracteriza por la presencia de los Consejos de las Artes. En el modelo francés, el Estado interviene con mayor responsabilidad en la administración y gestión del sector cultural, identificada por el control centralizado de un Ministerio de Cultura.

      Empero, en la actualidad, los modelos puros están dando paso a una suerte de mezcla de ambos en distintas proporciones que Muñoz (2016) denomina sistemas mixtos.

      La política cultural que propone el modelo anglosajón se orienta a fortalecer la actividad privada otorgando al mercado un amplio abanico de posibilidades económicas surgidas del sector cultural. Estas políticas tienden a estimular un tipo de producción de alta cultura en detrimento de las vanguardias que por lo general son críticas del statu quo. Por su parte, el modelo francés se caracteriza por la acción sustancial del Estado tanto en los aspectos legales, de administración y gestión de la cultura como en aquellos referidos a la asignación de fondos a los gobiernos nacionales, regionales y locales que implementan las políticas culturales. La responsabilidad del Estado radica en garantizar la igualdad de acceso y participación de los ciudadanos en la vida cultural.

      En cuanto a los dos países que se toman en el presente estudio, dada la estructura institucional en materia de cultura, Argentina se ubicaría en el modelo francés mientras que Chile lo haría más orientado al modelo anglosajón.

      El contexto argentino. Estructura gubernamental y evolución institucional de la cultura

      El Estado lleva adelante su acción cultural a través de la gestión de instituciones y organismos distribuidos en distintos sectores ministeriales. En Argentina, estos organismos fueron modificando su diseño institucional, pautas de funcionamiento y ámbito de aplicación conforme se fue modificando la agenda política en lo que a cultura se refiere. No obstante, a juzgar por la evolución jerárquica que la institucionalidad cultural ostenta, se puede afirmar que la cultura ocupa un lugar importante en la agenda gubernamental con un modelo de gestión conducente, como se ha dicho, al modelo francés.

El sistema de gobierno argentino es federal, lo que otorga a los gobiernos provinciales, a las municipalidades y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una amplia independencia formal que puede observarse en “materias tan disímiles como la cuestión tributaria, judicial, electoral, previsional, así como también en lo que atañe a los servicios sociales más básicos como salud y educación” 6.

      Así pues, cumplen diversas funciones relativas a la política cultural y a la gestión cultural dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, conforme lo que establezca cada constitución provincial respecto de las competencias exclusivas y/o concurrentes entre el estado provincial y los estados locales.

La evolución institucional de la cultura argentina muestra que en 1935 se crea la Comisión Nacional de Cultura7 dependiente Departamento de Instrucción Pública del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que, en 2014 alcanza la jerarquía de Ministerio de Cultura de la Nación8.

      Como nota de color, las primeras medidas de política cultural argentina fueron la creación de la Gaceta de Buenos Aires el 7 de junio de 1810, y de la primera Biblioteca Pública de Buenos Aires, inaugurada el 16 de marzo de 1812. Ambos eventos dejaron sus marcas en fechas que aún hoy son relevantes: el 7 de junio es el Día del Periodista y el 16 de marzo se conmemora el nacimiento de la actual Biblioteca Nacional. Posteriormente, en 1870, se creó la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Ya en la segunda mitad del siglo XX comienzan a surgir organismos que amplían y diversifican la institucionalidad cultural. En 1958 nacen el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional de Cinematografía.

      El contexto chileno. Estructura gubernamental y gestión estatal de la cultura

Chile se rige bajo un gobierno de corte democrático con delimitación e independencia de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). La Constitución Política data de 1980, sin embargo algunas leyes le han introducido reformas. El 17 de septiembre de 2005 se dictó el Decreto Supremo Nº 100 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la Republica de Chile9.

      En las décadas previas a los años 70, la organización política y social de Chile estuvo caracterizada por el protagónico papel que desempeñó el Estado. En el plano cultural, la gestión estatal estuvo fuertemente vinculada a la idea de desarrollo de la sociedad, anclado en lo económico y lo social con un modelo integrado de cultura y desarrollo. Es decir, se trataba de un modelo en el cual a mayor desarrollo económico y social se correspondería mayor desarrollo de la cultura. En este contexto, las políticas culturales eran vistas como una extensión de las socioeconómicas y estaban al servicio del desarrollo global del país. De este modo, la principal promoción que realizaba el Estado era en relación a los servicios de educación y difusión de valores culturales homogéneos tendientes a generar una idea de nación.

      Durante la dictadura, según lo expresa Bastías Sekulovic, el modelo neoliberal desplazó la cultura desde el ámbito político al económico. Se producen así “los primeros acercamientos de la cultura y el mercado, proceso que implica el nacimiento de circuitos de comercialización de las obras, diversificación de la producción para satisfacer demandas segmentadas, el uso generalizado de la publicidad, etc.” (2008, p. 18).

      A partir del retorno a la democracia, a principios de los 90, el tema de la cultura vuelve a ser parte de la agenda de gobierno. Prueba de ello es la sanción de la Ley Nº 18956, promulgada el 22 de febrero de 1990, que reestructura el Ministerio de Educación Pública y, en su artículo 9º, crea la División de Extensión Cultural y detalla las competencias de la misma. Por otra parte, se crearon fondos de incentivo, dotación de infraestructura cultural y focalización en el público como una forma de ampliar la difusión y acceso a las creaciones artísticas y culturales.

      6 Boletín Informativo del Laboratorio de Industrias Culturales. Año 4 N° 18, Julio, 2009. http://Www.Sinca.Gob.Ar/Archivos/Documentacion/Investigaciones/Click4-18-Institucionalidad_Cultural.Pdf. Recuperado el 31/12/2016, y Harvey, E. (1977). La política cultural en Argentina. UNESCO.

      7 “… primer organismo del Estado Argentino que toma el nombre ‘cultura’ en su denominación, según consta en las Memorias del Ministerio de Hacienda”. SINCA (2009), p. 3.

      8 En 2018 fue degradado a Secretaría de Gobierno de Cultura dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

      9 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302. Recuperado el 30/12/2016.

      5. Políticas públicas. Evolución normativa en Argentina y Chile

Si bien el detalle de alcance y objeto de los organismos que implementan las políticas culturales de difusión y fomento de las artes escénicas está disponible en el Anexo, se incluye el siguiente gráfico por entender que ofrece una completa visualización de la evolución de las normas a partir de las cuales en Argentina y Chile10 se implementan las políticas públicas que interesan al presente trabajo.

      Fuente: Elaboración propia.

      Políticas públicas en cultura

      El 30 de enero de 1959, en Argentina se promulga la Ley Nº 14800 que declara de interés nacional la actividad teatral y establece que, en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario de la finca tendrá la obligación de construir en