Chile 1984/1994. David Aceituno

democrática que anulaba inmediatamente cualquier acuerdo en caso de experimentarse algún retroceso autoritario. Paralelamente, fue fundamental para financiar parte importante de los programas sociales de emergencia que debió establecer el gobierno ante la altísima tasa de pobreza existente. Estas buenas relaciones permitieron la visita de Aylwin a Bruselas —pasando por Madrid y otros cuatro países más28— la ya mencionada visita de Delors a Santiago, y la instalación de la Fundación Europa-Chile para promover negocios y vínculos empresariales. De esta forma, junto a los nuevos mercados que se abrían para Europa, también se convertía en una ayuda y guía para fortalecer la gestión de políticas públicas, la cooperación y el desarrollo.

Para España, en tanto, la transición a la democracia representó una necesaria reformulación de su política exterior. Tanto en sus formas —que incorporaban los controles parlamentarios, la participación de la opinión pública, entre otras— como en una nueva filosofía que inspirase un nuevo diseño y una nueva dimensión de lo internacional a partir de la renovación de intereses, principios y objetivos. En lo fundamental, se establecieron dos grandes etapas de este cambio desde el fin de la dictadura; una de transición (1976-1988) caracterizada por replanteamientos, definiciones y aprendizajes en los que España terminará definitivamente por reinsertarse en el sistema internacional, y otra que, desde 1988 en adelante, definió una política exterior ya normalizada, sobre un proyecto global —en un contexto de fin de Guerra Fría y construcción del nuevo orden internacional— donde España reforzó su presencia, implicación y relevancia tanto en América Latina como en el Mediterráneo29. En ese contexto, los valores de la nueva acción exterior acabaron vinculados al multilateralismo, la paz, la democracia, el desarrollo económico-social, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos30.

El retorno y consolidación de la democracia permitió a España dialogar, insertarse y legitimarse en el amplio marco de países democráticos, experiencia que también viviría Chile a partir de la década de 1990. En el caso de España su discurso democrático, reforzado por el respeto a los derechos humanos, la posicionó como un actor relevante frente a los regímenes autoritarios de América Latina31. Este perfil se vio fuertemente respaldado por la decisión del gobierno socialista de establecer una política coherente y global como paso fundamental para la reinserción de España en el sistema internacional. El propio Felipe González así lo indicaba en su discurso de investidura, en 1982, insistiendo que esa ausencia de un proyecto global de política exterior era una de las carencias heredadas del franquismo. Fue por estas razones, que junto a la integración europea, el PSOE apostó por una política exterior activa en dos ámbitos específicos: el Mediterráneo e Iberoamérica, entendiendo que estos espacios reposicionarían a España en el sistema internacional32.

      Para Iberoamérica, la preocupación de la política exterior se centró primeramente en la defensa de los derechos humanos, así como en la protección jurídica de los refugiados de regímenes autoritarios. La decisión del gobierno del PSOE era convertir a España en un auténtico referente en esta materia. Igualmente, y tras afianzar y definir su política exterior, el gobierno socialista buscó consolidar los procesos de democratización en la región, tanto en Centroamérica como en el Cono Sur. Con estos motivos se creó, en 1983, la Oficina de Derechos Humanos, dependiente directa del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tuvo por objetivo realizar un seguimiento al comportamiento internacional del respeto a las libertades y los derechos humanos tanto dentro como fuera de España. En paralelo, se creó una comisión encargada de estudiar los distintos casos de españoles desaparecidos en las dictaduras argentina y chilena, con la finalidad de generar material e información que permitiera al gobierno tener la mayor cantidad de antecedentes posibles respecto a la situación de los derechos humanos en cada dictadura.

En materia económica el gobierno socialista mantuvo buenas relaciones con América Latina de modo de propiciar la inversión de capitales españoles en los distintos países de la región. Esto tomó forma a fines de los 80’ cuando la situación económica y comercial de capitales españoles en América Latina comenzó a representar un impacto sustantivo en el PIB español. En este sentido, conviene hacer mención al debate ético que se produjo en torno a la venta de armas a países en dictadura. Si bien se impidió la venta de material bélico y antidisturbio para Chile, varias investigaciones parlamentarias dieron cuenta que las relaciones comerciales de esa índole se mantuvieron en el continente, reflejando que el interés económico interno, a veces, estuvo por sobre las consideraciones éticas33.

      Con el término de la dictadura, ya en la década de 1990, el gobierno español asumió que debía entregar un amplio margen de confianza a los nuevos gobiernos democráticos, redefiniendo su rol como asesor y orientador, coincidiendo con su proyecto de afianzar una cultura política nueva, sostenida en la protección de los derechos fundamentales. Reposicionar al país en el contexto internacional, fue —en efecto— una cuestión que Felipe González estableció como objetivo prioritario de su política exterior. La similitud identificada con las necesidades chilenas solo unos años más tarde, enfatizaron las relaciones entre ambos países, siendo un vínculo natural entre Chile y la UE, a través de una política de libre comercio, democracia y respeto a los derechos humanos.

      3. La transición chilena. Representaciones y aportaciones comparadas desde España

La rebelión popular iniciada en 1983 con las protestas nacionales, fue acompañada por los partidos políticos opositores que se habían reposicionado en el escenario público a partir de ese auténtico despertar de las mayorías34. Ahora bien, no fue hasta 1984 cuando comenzaron a dilucidarse con mayor claridad los caminos y estrategias que tomarían los partidos en esta lucha por el retorno a la democracia. Durante ese año, la oposición se había organizado en dos bloques; por una parte, la Alianza Democrática (AD) que reunía a socialistas renovados, democratacristianos, radicales y liberales y, al menos durante 1983, centró sus esfuerzos en la movilización pacífica como estrategia central de presión, pero siempre teniendo como premisa una acción pacífica y plural que recogiera a un amplio espectro de la sociedad civil. Por otra, estuvo el Movimiento Democrático Popular (MDP), que aglutinó a comunistas, al MIR y al sector más ortodoxo del socialismo (PS-Almeyda). La creación, ese año del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) como brazo armado del Partido Comunista chileno (PC,) había consolidado la política de Rebelión Popular de Masas que legitimaba todas las formas de lucha contra el régimen. Esta política, sumada a la decisión del MIR y de un sector del MAPU de legitimar la violencia activa como estrategia contra el régimen, estableció una división en el conjunto de la oposición en torno a la violencia, que a la postre resultó imposible de superar. Las lecturas acerca de cómo enfrentar al régimen, fueron progresivamente lacerando las posibilidades de la oposición de desestabilizar a la dictadura. Esta incapacidad de llegar a acuerdos duraderos sirvió para la reorganización del régimen y para que los sectores moderados de la oposición impusieran sus tesis de institucionalización en la normativa autoritaria, cuestión que tomó forma en 1984, haciéndose hegemónicos en 1986, después del atentado a Pinochet35.

La temprana división de la oposición a la dictadura, se remontaba a las representaciones que los distintos sectores de la oposición atribuyeron como casusas del abrupto fin de la democracia en 1973. En ese sentido, las tesis que señalaban el aumento exponencial de la conflictividad social al punto de fracturar el sistema político, se enfrentaban a aquellas de corte clasista que insistían, además, en la injerencia del imperialismo norteamericano como factor decisivo de la derrota popular. Ahora bien, estas viejas diferencias que enfrentaban a la DC con los partidos de la UP, experimentaron un importante cambio en la correlación de fuerzas para estos años, a partir de la profunda y radical fractura que vivió el socialismo chileno. Este fenómeno conocido como la renovación socialista36, estuvo estrechamente influido por la situación internacional y las experiencias que muchos opositores chilenos tuvieron del exilio europeo. Sobre todo del contraste que representaba la vida en uno y otro lado del telón de acero37. El proceso francés liderado por Francois Miterrand entre 1981 y 1995, por ejemplo, marcó y aproximó —paradojalmente— al otrora ortodoxo socialista Carlos Altamirano o al ex MIR, Carlos Ominami, con la sociedad capitalista a través de la socialdemocracia. Igualmente ocurrió con el eurocomunismo italiano liderado por Enrico Berlinguer entre 1973-1991. Su