La búsqueda de la verdad. Varios autores

testimonios de violencia y de los relatos de las víctimas hace que la pregunta por las implicaciones de la verdad y su narración tome escenario de una manera particularmente vivaz. El lenguaje de análisis puede invisibilizar la realidad descriptiva. Como reflexiona Mertus (2000), “[i]ncluso cuando el Tribunal nombra su crimen, la víctima sobreviviente apenas puede reconocerlo ya que el proceso y el lenguaje de la ley transmuta las experiencias individuales en algo categóricamente distinto”.

      En este sentido, los episodios de violencia deben ser articulados de una forma que puedan transmitir una narración clara a la que se llegue por procesos de clasificación de los testimonios y de procesamiento de los datos, en el sentido de la reflexión de la Comissão Nacional da Verdade de Brasil: “Evitamos aproximações de caráter analítico, convencidos de que a apresentação da realidade fática, por si, na sua absoluta crueza, se impõe como instrumento hábil para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica” (Comissão Nacional da Verdade, 10 de diciembre del 2014).

      Sobre este problema, Saunders (2008) explica que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica tradujo los testimonios de las víctimas sobrevivientes desde su crudeza a un lenguaje sofisticado de derechos humanos que implicaba articular las experiencias de las personas que habían sufrido en carne propia la guerra en un relato ajeno a los contextos particulares, limitado a pocas víctimas, y diseccionado en partes útiles para la elaboración de un relato jurídico controlado.

      Stener Ekern, consultor de la Comisión de la Verdad para El Salvador, ha señalado que muchas de las reflexiones que los sobrevivientes a la guerra civil compartieron con él en terreno indicaban el uso de marcos teóricos para entender y superar la violencia política distintos de los señalados por el mandato del organismo (Ekern, 2018).

      En este sentido, Ekern (2018), al mirar críticamente el trabajo de la Comisión para la que trabajó, asegura que al ajustar historias locales de graves hechos dentro de “catálogos” de violaciones de derechos humanos se puede distorsionar el significado de esas historias y, por ende, esos relatos no sirven para el propósito de sanar y reconciliar a una sociedad herida por la violencia.

      La elaboración de las comisiones en este punto debe trazar una reflexión clara sobre el estatus de sufrimiento y dolor que está dispuesta a transmitir. Retomando la metáfora médica: se presenta el dilema entre hacer doler la herida o hacerla cicatrizar. Esto, además, sin conocer los efectos concretos históricos que puede implicar un relato cuyo interés sea poner el sufrimiento en el centro o uno que se centre en construir un relato de superación de lo sufrido.

      La verdad satisface si es eficiente: si lleva a un fin determinado, claro y concreto. Pese a que históricamente siempre serán inciertos a futuro de las medidas de esclarecimiento de la verdad, paradójicamente, al esclarecimiento de la verdad sobre el pasado (desde el presente) se le ha atribuido una especie de poder productivo del futuro bajo la frase “quien no conoce el pasado está sentenciado a repetirlo”. Premisa que varias experiencias de comisiones de la verdad (como las de El Salvador, Uganda, Sudáfrica o Liberia) han venido a refutar, pues revelar las verdades de las atrocidades cometidas en esos países no ha sido suficiente para evitar la repetición.

      En el caso de El Salvador, después de un gran esfuerzo institucional con apoyo de la comunidad internacional, no se desarticularon los procesos de violencia: estos, sencillamente, modificaron su cauce. Hoy, como es conocido, las maras (pandillas) –una consecuencia, por cierto, de la guerra civil– han hecho de El Salvador uno de los países más violentos del mundo.

      “¿Cómo explicar las altas tasas de homicidios prevalecientes en El Salvador? En primer lugar, el país salió de una guerra civil que duró más de diez años. Esta guerra no sólo trajo graves consecuencias para su desarrollo, sino que además exacerbó la ya existente cultura de violencia (Martín-Baró, 1990; Samayoa, 1987). En tal sentido, los acuerdos de paz que pusieron fin al enfrentamiento bélico resolvieron las diferencias políticas que alimentaban el conflicto, pero no prepararon a la sociedad para resolver las secuelas de la guerra. El Salvador aún enfrenta algunas consecuencias del prolongado conflicto. No es temerario pensar que las actuales tasas de homicidios son el legado de la cruenta guerra civil” (Cruz, González, Romano y Sisti 2000: p. 180). Cabe entonces preguntarse: ¿para qué sirvieron tantos esfuerzos por rescatar la verdad de la guerra? “Nosotros creíamos que íbamos a tener más impacto”, admitió el propio Ekern en una entrevista radial en 2019.

      En su investigación sobre tres estudios de caso de comisiones de la verdad (Kenia, Sierra Leona y Timor-Leste), Langer (2017) analiza la desestimación de las recomendaciones producidas en los informes finales de las comisiones de la verdad creadas después del conflicto armado, y concluye que en estos tres países las comisiones tuvieron un impacto limitado en la vida de las personas tanto como en la búsqueda de la paz, la democracia y la reforma institucional, para lo cual un obstáculo mayor fue la falta de voluntad política. “Por ahora, las comisiones de la verdad son mecanismos de justicia transicional alentados por la comunidad internacional, cuya importancia práctica es sobredimensionada. Esto no quiere decir, sin embargo, que las comisiones de la verdad no [sean] necesarias o no [tengan] ningún valor” (Langer 2017: 204).

      Vale la pena revisar de manera crítica los efectos que la labor de esclarecimiento histórico de los conflictos, a través de comisiones de la verdad, ha tenido en algunas sociedades donde se cree que el aporte no fue realmente significativo en términos de reconciliación. “A pesar de la preminencia de las comisiones de la verdad, la pregunta clave sobre el mérito de este MJT [mecanismo de justicia transicional] se ha centrado en los académicos de la justicia transicional, y aún no se ha establecido un consenso (Olsen et al., 2010; Van der Merwe, Baxter y Chapman, 2009). Mientras tanto, críticos como Mendeloff (2004) han argumentado que los beneficios percibidos de las comisiones de la verdad se basan a menudo en especulaciones en lugar de pruebas empíricas, lo que genera fácilmente expectativas poco realistas (véase también Shaw, 2005; Wilson, 2001)” (Langer, J., 2017: 180).

      Al reseñar el libro Testimonios perturbadores: ni verdad ni reconciliación en las confesiones de violencia de Estado, Sánchez (2009) anotaba que “[p]ese a la fuerte demanda de las sociedades por la verdad judicial, esta deja profundas insatisfacciones”. Por ejemplo, dice, de un victimario no se espera solo la verdad, sino que “parece añadirse la expectativa del sentimiento de culpabilidad y el gesto de arrepentimiento, como si estos fueran un componente indisociable de la expectativa de verdad”. Y, a veces, aunque el victimario se arrepienta, “la sociedad difícilmente le cree” (pp. 131-132).

      “La justicia no puede confundirse con la verdad, que a su vez no puede confundirse con la paz o con el bien”, argumenta Brodsky (2014, p. 6). “Sin embargo [añade], la justicia ha sido el camino para satisfacer las demandas de verdad –que son garantías de reparación moral– de las víctimas y familiares de víctimas en períodos represivos”, reforzando así la idea que aparatos de justicia, como el sistema interamericano, han asumido que la verdad, de algún modo, puede entenderse como una compensación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a quienes el Estado les falló a la hora de investigar y sancionar a los responsables.

      El Salvador no es, por supuesto, el único país donde se ha cuestionado el impacto y los alcances de la verdad que, en su caso, dio a conocer un organismo creado específicamente con ese fin. En Sudáfrica también se ha cuestionado en qué medida el proceso y la comisión de la verdad sirvió para desarticular la violencia estatal que opera con base en la discriminación racial.

      Según Gibson