Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina. Pablo González Casanova

colocarse en la perspectiva que se quiera, pero si la primera nos indica que hemos resuelto problemas, la segunda nos indica la magnitud de los problemas que debemos resolver, entre los que se encuentran: el hecho de que casi cuatro millones de familias no tienen la información política del México moderno; de que más del 50% del total viven al margen de la información política nacional directa, y cuentan sólo con una información local o verbal, coincidente en gran medida con la falta de una conciencia nacional, actualizada, al día, operante; el hecho de que en las últimas elecciones presidenciales no votaron aproximadamente ocho millones de ciudadanos que deberían haberlo hecho, cantidad que aumentó considerablemente en las elecciones de diputados y en las de otros puestos representativos, y que deja al margen del sufragio a una parte considerable de la ciudadanía, al 50% aproximadamente. Estos hechos son indudables; no se prestan a la menor interpretación demagógica. Nos indican la existencia de una estructura social en la que es marginal a la política democrática, por lo menos, el 50% de la población.[10]

      Los datos y proporciones anteriores pueden ser sometidos a una crítica más rigurosa. Los indicadores que hemos tomado son el número de periódicos que deberían informar y el número de votos, que tras sí deberían representar el sufragio efectivo; las estadísticas que hemos manejado son las que proporcionan los propios organismos, periódicos y archivos oficiales. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Cuántas verdades ocultan sobre información serena y racional, sobre la ausencia de una discusión cívica en donde se escuchen los más distintos y opuestos criterios de la ciudadanía, de sus líderes e intelectuales, para que el ciudadano los analice, critique y pondere? No es necesario, sin embargo, llegar a estos terrenos para darse cuenta de que en México, estructuralmente, una gran parte del pueblo está al margen del ingreso, la cultura, la información y del poder. Con las estadísticas proporcionadas por los propios periódicos, con los datos oficiales, se percibe la existencia de un marginalismo político que afecta al conjunto de la sociedad nacional. El hecho requiere una actitud especial, una cuidadosa reflexión, y nuestra preocupación no debe consistir en buscar al culpable —gobierno o prensa—, sino simplemente en reconocer y descubrir la estructura en que vivimos, en desenvolverla, en esclarecerla ante la conciencia nacional como la realidad en que opera y operará cualquier proyecto de vida democrática y como un límite, como una barrera resistente a los modelos de participación democrática, con el cual es necesario contar y que es necesario rebasar si queremos que aumente la vida democrática del país. No se puede olvidar que existe un México social y políticamente marginal al hablar en serio de democracia, o de estabilidad política, o de progreso nacional o de desarrollo económico.

      COLONIALISMO INTERNO, SOCIEDAD PLURAL Y POLÍTICA

      No conocemos estudios serios y sistemáticos sobre la manipulación política de los ciudadanos. Por la prensa y la experiencia cotidiana, por los debates públicos en que se mezclan la verdad, la pasión y la demagogia sabemos vagamente que existe el voto automático, el voto colectivo; que se dan fenómenos de fraude electoral, de venta de votos, de colocación de votos prefabricados en las urnas, de elecciones en que votan los muertos, etc; pero ignoramos hasta qué punto se trata de fenómenos generales o localizados en ciertas zonas, o que ocurren en unos momentos y en otros no.

      Es muy difícil hacer una estadística de la forma máxima de manipulación de la ciudadanía, que es el fraude electoral, o hacer una geografía del fraude, hacer un análisis estratificado del fraude por regiones, cultura, grupo o clase. Si en general la investigación de los fenómenos políticos presenta obstáculos considerables, este tipo de investigación, que nos permitiría hacer generalizaciones fundadas, es más difícil aún. Indirectamente veremos el problema al analizar cómo se manifiesta la oposición en el país, dónde se manifiesta más y dónde menos. Aquí vamos a limitarnos a formular un simple esbozo de la forma en que unos ciudadanos son manipulados por otros en la sociedad típicamente plural, donde el indígena y el ladino se encuentran y hacen política. Sus ecos en el conjunto de la conciencia y la cultura nacional quizás servirán para esclarecer la condición política de los mexicanos y para hacer estudios más precisos y generales en el futuro.

En el México indígena hay dos tipos de autoridades: las tradicionales y las constitucionales;[11] las que corresponden al gobierno indígena “que nuestro sistema constitucional no reconoce”, y las que corresponden al “gobierno municipal”.[12] las que corresponden a “sistemas de tipo colonial y contemporáneo”.[13] En ocasiones esta dualidad se complica: hay jefes de clan, caciques y autoridades “jurídicas”.[14] Más lejos de la conciencia política indígena está lo que los tarahumaras llaman “Tata Gobierno” —el gobierno estatal—, y más lejos aún está “Guarura Gobierno”, el de la Ciudad de México, que sostiene los internados para sus cúruhui (niños),[15] que manda los procuradores y maestros de escuela o que manda los soldados, e incluso los aviones. Pero entre éstas y muchas autoridades más que se pueden encontrar (gobernadores, alcaldes, alguaciles, jefes de policía), hay dos tipos principales de autoridades: unas de los indios y otras de los mestizos, aquéllas identificadas con la sola tradición y éstas con el derecho; aquéllas sirviendo al indio y éstas al ladino.

Todos los investigadores señalan un hecho: las autoridades “tradicionales” son elegidas democráticamente por sus méritos, en reu­niones que a veces duran varios días. Los tarahumaras hacen carrera política “desde topil o topiri, en que se comienza a servir al pueblo sin salario, en forma abnegada, honesta, leal e inteligente, hasta llegar al puesto de gobernador tatuhuán o itzocán, y por último como retirado relativo o cahuitero”. A las autoridades no se les paga. El pueblo las elige “por sus servicios abnegados, honestos, leales e inteligentes a la comunidad…”.[16] Y así pasaba en Sayula, donde el pueblo elegía a sus autoridades tradicionales de entre los mejores,[17] y pasa con las autoridades tradicionales de la Tarahumara, donde “cada hombre tarahumara es un funcionario en potencia y las elecciones dependen de la reputación de que se goza en la comunidad”,[18] las elecciones se celebran en forma directa y por mayoría de votos. A las elecciones suceden en el gobierno asambleas, reuniones de las tribus —previa convocatoria—, juicios previo examen, discusiones sobre la conducta que debe seguirse cuando no hay antecedentes jurídicos de un caso, deposición del poder cuando no se ejerce con honradez o con eficiencia la autoridad, discursos de los jefes en que exponen los problemas del pueblo y se comprometen a ser fieles y honrados, plebiscitos.

      Al leer a los antropólogos cuando se refieren a este gobierno tradicional de los indígenas, le acosa a uno la idea de que quizás han sido influidos por la imagen del “buen salvaje”. El sistema de gobierno que pintan parece casi ideal, seguramente idealizado; sólo cuando se ve la imagen completa de la política en las zonas indígenas se entiende que esta democracia primitiva puede tener un carácter funcional. Sirve en efecto para defender a las tribus y comunidades —de escasísima estratificación— como un todo frente al acoso de los ladinos. En las zonas más estratificadas, donde existe el “cacique indio”, la situación cambia. El ladino lo utiliza como su intermediario, lo consulta para las decisiones, se sirve de él para el control político y económico de la comunidad; pero en ambos casos los indígenas se enfrentan al poder ladino, formal, constitucional, y ven a sus intermediarios o representantes como una especie de autoridades extranjeras.

Los “indios no gustan de tratar sus asuntos con las autoridades municipales, constituidas siempre por blancos o mestizos, y es por eso que se hacen justicia en la forma más indicada, y sólo recurren a los presidentes municipales y demás autoridades cuando tienen quejas contra algún blanco”.[19] Los yaquis “no