El ocaso del antiguo régimen en los imperios ibéricos. Margarita Rodríguez

el enfrentamiento entre jesuitas y colonos recrudeció. De hecho, los jesuitas fueron expulsados y reintegrados en São Paulo (1640-1653) y Maranhão (1661-63 y 1684-85). La revuelta de Beckham (Lobão de Carvalho, 2013; Pereira Caetano, 2007), que supuso la expulsión de los jesuitas de Maranhão en 1684, obligó a la intervención de la Corona para el regreso de los ignacianos y la preservación de su proyecto misional con la promulgación del Reglamento de las Misiones de Grão Para e Maranhão de 1686, en cuyas ordenanzas se designaba a los misioneros como únicos responsables en la dirección civil y religiosa de las aldeias, pero estipulaban que debían situarlas en lugares convenientes para asentamientos en los que, con posterioridad, les fueran útiles a los colonos portugueses (Alden, 1996, p. 491). Además, las órdenes regulares —capuchinos, jesuitas, mercedarios y benedictinos— alcanzaron mayores cotas en la intervención de los asuntos coloniales cuando a partir de 1688 se convirtieron en miembros permanentes, con derecho a voto y parecer, en las juntas de misiones ultramarinas. De esta forma, los regulares actuaron como agentes coloniales alterando no solo la disposición de las fuerzas existentes en las juntas sino también convirtiéndose en los responsables directos de las acciones de conservación y expansión de las misiones (Alves de Souza e Mello, 2003). Aun así, esto no supuso el fin de los enfrentamientos entre colonos y jesuitas, pues a partir del reglamento de 1686 continuaron reclamaciones y agravios que los colonos no cesaron de enviar a la Corte, hasta un punto que obligó a D. João V a requerir la intervención del papa Benedicto XIV, que volvió a confirmar la libertad de los indios de Brasil por una bula expedida el 20 de diciembre de 1741 en la que conminaba a los obispos de la América portuguesa a que, bajo pena de excomunión, prohibieran a todos los pobladores cualquier participación en el secuestro y venta de indios o defender la licitud de tales actos (Pastor, 1937, pp. 355-356). En conclusión, tampoco esta última intervención pontificia zanjó las diferencias entre colonos y misioneros respecto a la cuestión indígena, manteniéndose un enfrentamiento larvado que sería avivado con la llegada de Francisco Xavier Mendoça Furtado y la ejecución del Tratado de Límites de 1750.

      1. Las raíces del antijesuitismo pombalino: la política colonial y el tratado de límites

El acuerdo entre las monarquías ibéricas para poner fin a las seculares disputas fronterizas fue el germen del antijesuitismo pombalino5. Con este tratado, entre otras disposiciones, la colonia de Sacramento era cedida por Portugal a España, que en contraprestación cedía los territorios de siete de las famosas treinta reducciones de Paraguay. La nueva demarcación fronteriza posibilitó que el Secretario dos Negócios Estrangeiros y después Secretario dos Negócios do Reino (1756), Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro conde de Oeiras (1759) y marqués de Pombal (1770), pudiera poner en práctica sus planes respecto a América, lo que implicaba un nuevo sistema de colonización, basado en una remodelación de la estructura político-administrativa y un nuevo modelo de repoblamiento de la extensa región amazónica. Para llevar a cabo esta ambiciosa tarea, Carvalho designó a su hermano, Francisco Xavier de Mendoça Furtado, como Gobernador y Capitán General del Estado de Grao-Pará e Maranhão, quien además era el comisario de la delimitación del tratado de límites para la zona norte (Carneiro de Mendoça, 1963).

      Mendoça Furtado, en la correspondencia enviada a su hermano a Lisboa, culpó reiteradamente a los jesuitas de entorpecer y negarse a abastecer de indios y provisiones a la expedición demarcadora que debía establecer la frontera norte, perjudicando la aplicación del tratado demarcatorio. El gobernador se explayaba sobre este último punto indicando que los jesuitas erigían las aldeias en lugares remotos, destruían las que estaban cerca de los asentamientos coloniales y en las más grandes impedían el comercio con los colonos, y, por tanto, los jesuitas estaban incumpliendo el reglamento de las misiones de 1686. Desde la perspectiva regalista, para Mendoça Furtado los jesuitas habían pasado de ser defensores y protectores de los indígenas a sus dueños y señores; frente a la postura monárquica, representada por el gobernador y el obispo, que abogaba por la libertad, civilización y dignificación del indio amazónico.

      En Lisboa, Carvalho estaba al tanto de estas disputas por la correspondencia remitida por su hermano, quien en carta fechada el 18 de febrero de 1754 consideraba a todos los regulares la causa de la total ruina del Estado y su enemigo más poderoso (Azevedo e Silva, 2001, pp. 182-183). El Secretario portugués, alentado por estas informaciones, promulgó el 6 de junio dos alvarás: el primero restituía la libertad personal, de bienes y de comercio a los indios del Grão-Pará y Maranhão. El segundo establecía el gobierno y la justicia secular en las poblaciones indígenas. El segundo decreto de 7 de junio de 1755 confirmaba los estatutos de la Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. La repercusión de las leyes de junio en Lisboa fue la formación de un frente común entre comerciantes y jesuitas que obligó a las autoridades amazónicas a retrasar la publicación de la ley que retiraba a los regulares el gobierno temporal de los indios el 5 de febrero de 1757. Con esta ley se ponía fin a la autonomía del clero regular, sustituido por la autoridad episcopal. Algunos frailes aceptaron permanecer en las aldeias como párrocos, excepto los jesuitas, que no acataron la legislación pese a la publicación del Directorio dos Indios do Pará e Maranhão, el 3 de mayo de 1757, ampliado al resto de territorio brasileño en 1758 (Nizza Silva, 1999, pp. 53-54).

      La oposición de los jesuitas a esta legislación, junto con la sólida creencia en Lisboa de que los jesuitas habían instigado la sublevación indígena de las siete reducciones contra el tratado de límites, iniciada en 1753 y sofocada por un ejército mixto hispano-portugués en 1756, fueron argumentos suficientes para que Carvalho comenzase a dar los primeros golpes de fuerza contra los regulares: a partir de 1755 ordenó una serie de expulsiones de padres que misionaban en territorio amazónico, tanto de jesuitas de la viceprovincia de Maranhão, como de otras órdenes, con destino a Lisboa (Fernández Arrillaga & García Arenas, 2009). En 1757 entró en vigor la nueva legislación colonial aprobada en junio de 1755, y cuando el P. Moreira, confesor regio, quiso presentar al rey sus objeciones, la reacción gubernamental fue alejar a todos los jesuitas confesores de la familia real y prohibir el acceso de cualquier miembro de la Compañía a la Corte. En febrero de ese mismo año, los ignacianos fueron acusados de haber incitado al pueblo de Porto a amotinarse contra el monopolio de la Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, instaurada por decreto el 10 de setiembre de 1756, que implicaba una reorganización gubernamental del comercio del vino.

Sin embargo, uno de los ataques más certeros del Secretario portugués fue la orquestación de una campaña propagandística antijesuita, que auspició la traducción, publicación y difusión de una variada literatura, dentro y fuera de los dominios portugueses. Así, a finales de 1757 apareció en Lisboa la que podíamos denominar como la primera obra antijesuita oficial de la era pombalina: la Relação Abreviada6. Las acusaciones culpaban a los jesuitas españoles del Paraguay y a los portugueses del Maranhão de haber establecido «con una absoluta violencia» un monopolio comercial en América, así como de haber suscitado discrepancias entre las cortes de España y Portugal para invalidar la ejecución del tratado de límites. El libelo señalaba que los misioneros habían establecido una poderosa y rica república en los territorios de la monarquía y habían instaurado un «absoluto monopolio» sobre los cuerpos y almas de los indios. Los jesuitas se habían adueñado, con «impía usurpación», de la libertad y bienes de los indios, para mantenerlos en esclavitud y en la ignorancia de que eran vasallos de la corona. También se aseguraba que los ignacianos prohibían la entrada de cualquier autoridad civil y religiosa en sus misiones, para mantener en un «impenetrable secreto» sus actividades y habían fomentado en los indios el «odio implacable a los blancos». Además, habían dotado a los indios de formación militar y les instigaron a la rebelión y la sedición contra las monarquías ibéricas. A estas imputaciones generales, el opúsculo señalaba personalmente los delitos perpetrados por algunos jesuitas, tanto portugueses como extranjeros; no era casual que muchos de estos misioneros eran los que habían sido expulsados paulatinamente desde Maranhão y se hallaban confinados en casas de la Compañía en Portugal desde 1755.

      El descrédito para la Compañía era considerable, pues la Relação abreviada contribuyó a desmantelar el mito de las reducciones del Paraguay ante la opinión pública que con tanto éxito se había levantado a favor de los misioneros jesuitas, especialmente, el Cristianesimo felice (1743-1749) de Luis Antonio Muratori (Cerruti,