Análisis de políticas públicas: metodologías y estudios de caso. Juan José Sanabria López

a la evaluación.

      Hacia la conclusión de la segunda década del siglo XXI, la evaluación de políticas públicas forma parte inherente del proceso integral de trabajo de las autoridades públicas; además, se cuenta con el importante apoyo que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ya que su aplicación ha permitido en algunos países construir amplias redes de evaluación de políticas públicas por parte de los ciudadanos, lo que les permite un seguimiento puntual a aquellas políticas públicas que consideran que directa o indirectamente les afectan en su actividad cotidiana, pudiendo entablar diálogos “en tiempo real” con las autoridades responsables de su formulación, instrumentación y evaluación.

      Por ello, una evaluación de políticas públicas que ofrezca información realmente útil para las autoridades públicas debe comprender tanto las fases de implementación como las del propio diseño y formulación de las políticas públicas; de tal forma que la evaluación se convierta en un factor que facilite el aprendizaje de las organizaciones, ampliando así el limitado concepto de uso instrumental de la evaluación a otros tipos de uso, como son el conceptual (lo que contribuiría a la formación de conceptos), persuasivo (para conseguir apoyos necesarios) o académico-profesional (que enriquece al acervo científico de una comunidad).

      La evaluación de políticas públicas es fundamentalmente un asunto de investigación social aplicada: operacionaliza los conceptos de la teoría para hacerlos manejables en la investigación práctica, y de esta manera, conjugarlos con los referentes del diseño de una política pública para recolectar, verificar y realizar los ejercicios hermenéuticos de la información sobre la ejecución y eficacia de las políticas públicas, utilizando los métodos de la ciencia social. La evaluación de políticas públicas valora los resultados e impactos de una política con la pretensión de racionalizar la toma de decisiones y aplicar este conocimiento en la elaboración de planes, programas y de un proceso de presupuestación fundados en una lógica técnico-económica sobre la base del principio del máximo beneficio social.

      Los evaluadores esperarían que sus estudios contribuyeran a la identificación y definición del problema, la formulación de las alternativas de solución y a la adopción de una alternativa de política; sin embargo, la mayoría de las veces las autoridades públicas parecen ignorar sus resultados y siguen con políticas que eligieron por otras razones y, cuando llegan los resultados exhiben los informes y los hallazgos sólo si la evaluación justifica la acción que ya tenían pensado llevar a cabo. La investigación científica aporta argumentos causales que enriquecen la retórica de la formulación de las alternativas de solución, pero apenas afectan las definiciones de problemas básicos sobre las cuales se basa la acción.

      La entrada de los resultados de la evaluación a los ámbitos de la identificación y definición del problema, así como de la formulación de las alternativas de solución, está llena de obstáculos debido a que el diseño de políticas públicas es el espacio donde convergen todas las presiones en conflicto de una comunidad. La formulación de políticas implica elegir y diseñar los programas de acción y, con ello, algunos grupos quedarán en ventaja y otros en desventaja; la evaluación puede ayudar a los actores involucrados a prever las posibles consecuencias y las formas en que las concesiones por los arreglos beneficiarán sus intereses. No obstante, la evaluación por sí misma no determina la dirección del sistema como un todo.

      Fuentes consultadas

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       Hemerografía

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