La comunidad sublevada. José Bengoa

empresarios se vanaglorian diciendo que sus trabajadores ganan mucho más que el mínimo legal. Eso es relativamente cierto y por cierto mentiroso, ya que a los trabajadores estables y permanentes de esas empresas se les paga un salario superior al mínimo, pero no cuentan cuántos son los trabajadores externalizados, que son subcontratados, por subcontratistas, empresas externas. Por ejemplo, en un supermercado posiblemente hay un puñado de trabajadores de la empresa matriz, pero el resto son todos subcontratados como es bien conocido: las cajeras y cajeros, las y los encargados de colocar y reponer los productos, los de la limpieza, en fin, es una mentira muy grande. Pero esa falacia ha funcionado y se ha transformado en verdad inamovible por parte de economistas de derecha, centro e izquierda incluso. Muy pocos se atreven a rebatirlo, ya que son tratados, somos tratados, de gasfíteres, de no tener idea de la sagrada ciencia económica.

      El bono viene a salvar el asunto. Es focalizado, no es permanente, no entra en los gastos del salario y el Estado les hace un gran favor a los empresarios subsidiándolos, subsidiando el precio del trabajo. Hay que cuidar a los empresarios dijo Pinochet, en una de sus salidas emblemáticas, y vaya que los cuidó la Concertación de Partidos por la Democracia. Se volvieron inmensamente ricos. Dicen que toda la riqueza del país está concentrada en menos de cien familias, y hay unas pocas que se empinan entre las fortunas más grandes del mundo, entre ellas la del actual Presidente de Chile.

      La consecuencia fruto de esta negativa de subir los salarios se ha vuelto en contra de toda la sociedad y en particular de los sectores más ricos. Los bonos de marzo, de invierno, de Navidad han minado el trabajo productivo, ya que por ser pobre y estar en las listas de la ayuda social se reciben dineros cada cierto tiempo. Pareciera ser una política humanitaria aceptable, pero las consecuencias son profundas en el sistema de trabajo de la sociedad.54

      Por cierto que estas políticas de beneficencia pública masiva tienen como consecuencia desarrollar las conductas de fronteras de las que estamos hablando. Ablandan el valor del trabajo productivo y erosionan las culturas laboralistas, las solidaridades laborales de los trabajadores y son lesivas en la sociedad, destruyendo lo que va quedando de la sociedad industrial y sus valores.55

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      Las conductas de frontera tienen por lo general tres corolarios:

      Una retracción a y de la política y denigración de quienes la realizan.56 Dos, crítica radical a la historia colectiva, entendida como dominante, abusiva y opresora. Y tres, ningún respeto por el cuidado —como consecuencia de lo anterior— del patrimonio cultural, de los símbolos de la nación (entidad abusiva por antonomasia) y de los espacios públicos, de tal suerte que resultan ser “espacios de los otros”, que hay que tomar, invadir o simplemente romper. Estas tres características aparecen en todas partes del mundo —sobre todo en el desarrollado— en que se están produciendo estas irrupciones de las culturas de frontera.

      El movimiento que ha existido en Chile desde el año 2019 ha oscilado entre la cultura de fronteras y la de adscripción ciudadana, dándose al mismo tiempo muchas veces ambas manifestaciones culturales de modo simultáneo.57 El repudio a la institucionalidad política se hizo generalizado y la prueba, como se ha dicho, es que en las manifestaciones no había ni banderas, ni insignias de ningún partido político ni tampoco de centrales sindicales, en cambio surgieron nuevos símbolos de mucha potencia y sobre todo de conocimiento horizontal, como el famoso perro llamado “Matapacos”, todo un símbolo de las revueltas, lleno de ironías, mensajes y símbolos.

      La crítica de la historia se ha transformado en despiadada. Es un análisis lleno de ironías y para quienes fueron actores del pasado de una ingratitud absoluta: “No fueron 30 pesos sino 30 años”, se ha afirmado. Posiblemente las mismas personas que expresan su crítica radical a los 30 últimos años fueron sus beneficiadas y beneficiados, y quizá en algún momento se alegraron por lo que ocurría. Da lo mismo. Lo que importa es el resultado y este hace tabla rasa con el pasado. Las consecuencias de medidas que se tomaron hace 30 años al iniciarse la transición a la democracia así llamada cobran su cuenta a través de las nuevas generaciones que se ven y perciben como estafadas, abusadas. Ese es el hecho que importa.

      La falta de centralidad del concepto de trabajo productivo conduce a una noción de abuso atribuible al conjunto de la sociedad y, sobre todo, al Estado como expresión sintética de ella. Es la sociedad que se yergue sobre el individuo atribulado.

      El abuso, vale repetirlo nuevamente, provoca un fuerte sentimiento de impotencia, de autodestrucción, de sentimiento de ser discriminado, no atendido, no aceptado, en fin, no reconocido. Frente a esa invisibilización solo queda la furia, las piedras, la acción antipolicial y los fuegos sin sentido. No hay objetivos estratégicos y tácticos, no hay consideraciones en que se limite la violencia a un formato de negociaciones; es respuesta espontánea y colectiva a la acción desesperante de la cultura del abuso.

      A esto se agrega, quizá por la existencia de las nuevas tecnologías, los teléfonos celulares, el Facebook, Instagram, etc., de que no hay liderazgos que representen a la totalidad del movimiento; son redes y colectivos que se entrelazan y coordinan. No hay delegación del poder como es evidente dadas las características del fenómeno que estamos describiendo.

      Es por ello que podemos establecer una distinción entre los movimientos sociales y políticos que surgen del mundo de la producción (alienación del trabajo y plusvalía), de aquellos que surgen de este conjunto de sensaciones de abuso.

Tercera digresión:

      La sublevación de los otros

      En medio de esta Pandemia y en el marco de esta “revuelta” estamos asistiendo a un aumento significativo de la delincuencia. Las pantallas de la televisión están llenas de “portonazos”,58 asaltos a mano armada, disparos con armas largas, acusaciones de narcotráfico; en fin, se ha disparado en la sociedad chilena el delito duro59 y la prensa ha hecho que este fenómeno aparezca en forma destacada y escandalosa.60¿Cómo explicar la concomitancia de estos procesos?

      A riesgo de ser acusado de ingenuidad cómplice podemos hacer una breve alusión a este fenómeno de la mayor importancia en la vida cotidiana de las personas. Ya el lector se habrá dado cuenta de que nuestra hipótesis de la relación entre abuso y sublevación camina por dos senderos: uno es el de la política y los movimientos sociales de cambio, el lado que hemos llamado positivo, y el otro va por un lado contrario, que como espejo hace lo mismo pero sin el sentido de cambio, sino solamente de lucro personal, de prestigio personal, y en el que las solidaridades se transforman en organizaciones mafiosas. Si en un caso los sublevados se unen a partidos políticos, organizaciones sociales por ejemplo, en el otro se unen a bandas armadas. Destruir la sociedad e incluso destruir la propiedad en uno y otro caso son propuestas paralelas, con propósitos diferenciados radicalmente. Hay quienes, desde muchas posturas político-teóricas, no considerarían tan descabellados esos paralelos. De hecho, no es tan extraño que en las cárceles se hayan producido cambios de uno a otro sentido. Malcolm X, por citar un caso emblemático, era un preso común que conoció al líder de los musulmanes negros de Estados Unidos que estaba encarcelado por ser objetor de conciencia y no ir a la guerra de Corea. Se cambió de bando, se podría decir, y salió como uno de los mayores líderes de la negritud en ese país.

      En las cárceles de La Araucanía los gendarmes de las cárceles o Gendarmería tienen claridad en estos asuntos y separan a la población penal acusada de delitos comunes, de aquellos que denominan “comuneros”, que aunque acusados de delitos que podrían ser considerados comunes, por ejemplo incendio de camiones, bosques o cosas de esa naturaleza, son considerado como “políticos”. La discusión de los gobiernos acerca de si hay o no presos políticos mapuches la resuelven en forma práctica los gendarmes que están encargados de cuidarlos. Incluso los días de visita de los familiares son diferenciados, ya que perciben que se trata de personas de entornos sociales muy diferentes.

      Algo semejante ocurre en las cárceles en que se encuentran los jóvenes acusados de delitos en el contexto de las protestas y revueltas de este período. Los gendarmes señalan que es necesario separarlos por el peligro de “contaminación” de la población penal ordinaria. La conducta carcelaria comprende que los