La chusma inconsciente. Juan Pablo Luna

ralentizar y evitar la crisis de incorporación, solo esbozada en la vieja discusión entre los flagelantes y los complacientes de la Concertación. Esa discusión reemergió más tarde, con el trasfondo de espasmos de protesta cada vez más frecuentes pero parciales, que luego derivaron en el proceso de reformas abortado bajo la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

      Como resultado de haber dilatado la crisis de incorporación en los noventa y los 2000, Chile vive hoy dos crisis políticas en una. Las demandas por incorporación política y la impugnación al sistema tradicional se producen en un contexto en que la profundización de los procesos de fragmentación social, la compresión temporal de la política y la irrupción de fenómenos como la microsegmentación en redes sociales vuelven más difícil que en el pasado la emergencia de alternativas al sistema tradicional razonablemente articuladas. Varias de las columnas que se presentan a continuación exploran el carácter de esta crisis política.

      Tercero, en el contexto latinoamericano y en términos comparativos, el aparato estatal chileno es usualmente considerado como el más capaz de la región, destacando en dicho sentido desde el siglo XIX. El éxito de la campaña de vacunación es testimonio de esta fortaleza relativa. No obstante, ese aparato estatal ha desnudado carencias importantes en los últimos años. Entre otras, son evidentes hoy una limitada capacidad para formular e implementar políticas públicas —y hacerlo de modo relativamente homogéneo a nivel territorial— y la pérdida progresiva de la capacidad de coerción en algunos territorios.

      Respecto a la incapacidad para formular e implementar políticas públicas, los problemas para entregar ayuda social en el momento más álgido de la pandemia, así como la increíble demora en montar un sistema de trazabilidad adecuado durante un largo año, volvieron a poner en el tapete los sesgos y puntos ciegos de los sistemas de información con que se cuenta para leer a la sociedad. Esos sesgos estuvieron detrás de otras crisis del pasado, como la del Transantiago y los censos con altas tasas de omisión.

      A modo de ejemplo, durante 2020, Colombia y México, enfrentando desafíos mucho más complejos en términos de su envergadura y heterogeneidad territorial, implementaron un sistema de datos para el monitoreo de la pandemia mejor y más ágil que el chileno. Además, la impericia del gobierno de Piñera politizó —y, por tanto, deslegitimó— el sistema de datos estatales, profundizando las dudas y la crisis de popularidad de su administración.

      Si uno de los componentes esenciales del poder estatal es su capacidad de generar información para orientar la gestión —de ahí la etimología de la palabra estadística, directamente derivada de la noción de registro y padrón estatal—, más allá de su relativa buena situación comparativa en la región, el Estado chileno ha mostrado pifias relevantes. En un contexto en que los datos se han vuelto más fundamentales que nunca en la sociedad humana, el Estado chileno se ha quedado significativamente atrás en la capacidad de levantarlos, integrarlos y hacerlo, además, cautelando la integridad de la información personal.

      La irrupción de tecnologías y empresas privadas muy eficientes para generar, recoger y analizar información masiva y a gran nivel de granularidad también genera problemas regulatorios serios. ¿Cómo regular el trabajo y las transacciones basadas en apps como Airbnb, Uber, etc.? ¿Cómo regular la actividad económica de empresas, muchas internacionales, que operan ilegalmente en el país? Al viejo problema latinoamericano de la informalidad económica, hoy se añade un nuevo desafío que limita el poder estatal en base al bypass tecnológico y los vacíos regulatorios.

      El problema no está solo en la enorme asimetría de información que generan los datos a favor de las compañías privadas, sino también en los múltiples efectos que dichas compañías generan a nivel local. Uber, por ejemplo, funciona como un seguro de desempleo informal para quienes pierden su empleo formal, descomprimiendo así la demanda frente al Estado y al gobierno. A su vez, en conjunto con Waze, Uber tiene hoy un impacto masivo en cómo se configuran los flujos de tránsito en nuestras ciudades. Aunque dicho impacto sea conveniente desde el punto de vista individual, también puede terminar siendo socialmente subóptimo. Además, esa capacidad de formatear los flujos de tráfico otorga a las compañías un recurso de poder adicional sobre las autoridades y la ciudadanía.

      La integridad de los datos personales de los chilenos está también fuertemente comprometida por el acceso, por parte de privados, a bases de datos masivas, de fuente estatal y privada. Piense, por ejemplo, en el historial de compras asociado a su RUT en tarjetas de crédito o de casas comerciales. Añada ahora su historial de denuncias en la app Sosafe, la que muy probablemente tenga convenio con la municipalidad en la que usted reside. Combine esa información con el historial de navegación asociado a la IP de su conexión a internet y a su huella digital en redes sociales. Añada su historial de desplazamientos en la ciudad, con horas y trayectos. Triangule y haga match de esa información con datos estatales asociados a su RUT(solo a modo de ejemplo, el Servel está obligado a publicar el padrón, con RUT y dirección de residencia, antes de cada elección; otras muchas bases de datos estatales en que su RUT está asociado a múltiples características personales y familiares circulan públicamente, pueden «scrapearse» de portales estatales o ser solicitadas por Transparencia, o ya han sido filtradas, a la mala, a privados). Asocie ahora, a los datos previos, características de su sector de residencia, las que pueden imputarse desde fuentes estatales (censos, encuesta Casen, informes de fiscalía o Carabineros sobre hechos delictuales en el sector, resultados electorales a nivel de mesa y centro de votación, etc.) y desde fuentes privadas (imágenes de infraestructura y equipamiento urbano vía, por ejemplo, Google Street View, densidad y contenido de tuits asociados a cada barrio, consumo promedio de productos en cada sector, series de Netflix más vistas en su segmento socioeconómico, etc.).

      La soberanía estatal depende del monopolio de la coerción, pero dicho monopolio siempre dependió de otro: el monopolio, por parte del Estado, de datos estratégicos sobre la población y el territorio. Las posibilidades para integrar, triangular y analizar datos son hoy prácticamente ilimitadas. Es por ello que, en la actualidad, la soberanía se juega más que nunca en los datos y en su regulación, porque hoy los privados tienen mayor capacidad de integración y análisis que el Estado, que debiera regular y cautelar su circulación. Y aunque el desafío es global, Chile nuevamente se ha quedado atrás en términos comparativos (en América Latina, por ejemplo, México y Uruguay son parte hace tiempo del grupo de Digital Nations).

      Los chascarros recientes de la política pública chilena también han dejado en evidencia problemas de calidad de los datos estatales (desde los trayectos de micros no mapeados por el MOP para la reforma del Transantiago, a la trazabilidad del COVID-19). La mala información estatal (recuérdese la frase que terminó acelerando la salida de Jaime Mañalich como ministro de Salud, respecto al «desconocido» hacinamiento presente en los sectores populares5) no solo asienta y perpetúa la desconexión de la élite respecto a sectores periféricos que solo se analizan (y conocen) a través de datos. Además, complica la llegada de las políticas públicas a los sectores donde más se las requiere. Y esto también le pena al «Estado municipal».

      Los alcaldes y alcaldesas de Chile salieron del estallido como la institución política mejor conectada con el día a día de la ciudadanía. Para los sectores populares, la municipalidad es su vínculo directo con la política y con lo público. No obstante, la investigación de campo en contextos de vulnerabilidad social indica consistentemente que el Estado (la «muni») también es percibido con resquemor por una ciudadanía que dice recibir malos tratos y «tramiteo», mientras observa la obtención de privilegios indebidos por quienes están «apitutados» o acceden al favor del liderazgo municipal. Parte esencial del «tramiteo» lo facilitan hoy sistemas de información poco integrados y con vacíos significativos. La corrupción también campea a nivel municipal.

      Los déficits de capacidad estatal son relevantes porque nuevamente desde la élite se tiende a empaquetar la discusión en torno a los problemas de Chile en virtud de la oposición entre más Estado o más mercado. Y en esa misma discusión, esa oposición se monetiza rápidamente en preferencias respecto a las tasas de imposición a las empresas e individuos. La ciudadanía, en cambio, más que reclamar más de uno y menos de otro, demanda mejor Estado y mejor mercado. Y mejor de uno es imposible