La cultura como trinchera. Maria Albert Rodrigo

Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. Se trataba de crear un consorcio cultural que ahorrara dinero a las arcas públicas, que fusionaba organismos tan dispersos como los vinculados a la música, la restauración, las artes escénicas o el audiovisual, y que en principio suponía la extinción de la Fundación Palau de les Arts, el Proyecto Cultural Castellón S.A. y la Fundación La Llum de les Imatges. También se incorporaban al consorcio tres institutos: el de Cinematografía Muñoz Suay (IVAC), conocido como la Filmoteca; el de la Música (IVM) y el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El IVAM, que en principio parecía destinado a formar parte del consorcio, mantenía su identidad como entidad de derecho público. Quedaban excluidos los museos y el propio Consorcio de Museos. Teatres de la Generalitat también se incorporó a Culturarts, la nueva entidad instaurada sin ningún tipo de diálogo previo con los sectores afectados, que aglutinaba a todos los demás organismos. Todo ello provocó mucho malestar en los sectores afectados, especialmente en el ámbito de las artes escénicas, por las consecuencias que la reestructuración podía tener para los trabajadores del sector (despidos a través de diversos ERE) y la propia gestión de la política cultural valenciana, que podría implicar la progresiva desnaturalización de los distintos proyectos culturales ya consolidados.¹⁰

      Pero mucho mayor impacto político, social, cultural e informativo tuvo el anuncio y posterior ejecución, por parte del Gobierno valenciano, del cierre de RTVV, que desde 1989 constituía el medio público por excelencia en valenciano, con la misión añadida de estimular y desarrollar el sector audiovisual propio. El 5 de noviembre de 2013 el Gobierno valenciano anunció en un comunicado su decisión de cerrar RTVV, siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declarara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a un millar de empleados, al estimar que los gastos de la readmisión lo hacían «inviable». Un día después el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ostentaba el cargo al haber dimitido Francisco Camps en verano de 2011 debido al escándalo Gürtel, comparecía ante los medios de comunicación para afirmar que el cierre era «innegociable», con el argumento de que no iba cerrar colegios u hospitales por mantener la radiotelevisión pública. Y ello pese a que los trabajadores aseguraban que la empresa era viable. Como respuesta estos pidieron negociar y se hicieron cargo de una programación especial en la que reivindicaban su continuidad, admitían errores del pasado, especialmente la manipulación informativa por parte del Gobierno valenciano, y recababan apoyos con el lema «RTVV no es tanca» («RTVV no se cierra»). Acto seguido dimitió la directora de RTVV, Rosa Vidal, alegando por falta de confianza en el Consell y también lo hicieron los otros cuatro miembros del Consejo de administración propuestos por el PP, con lo que ese órgano quedaba en manos de los cuatro consejeros de la oposición.

      El 7 de noviembre el Gobierno valenciano, reunido de urgencia, modificó por decreto la ley de RTVV para poder nombrar, sin esperar a su elección parlamentaria, al nuevo director general –Ernesto Moreno, a la sazón director de Culturarts– y a cuatro nuevos consejeros, con el fin de hacer frente a la «ingobernabilidad» en la empresa. Un día más tarde el RTVV presentó en las Cortes Valencianas una proposición de ley para la disolución y liquidación de RTVV. Sin embargo el 9 noviembre miles de ciudadanos salieron a la calle en diversas ciudades valencianas, convocados por el comité de empresa de RTVV, para reclamar que no se cerrara RTVV, contando con el apoyo de cientos de entidades, sindicatos y partidos políticos. Pese al clamor popular, que también se evidenció en las redes sociales, el 12 noviembre la Mesa de les Corts tramitó, solo con los votos del PP, la proposición de ley para liquidar RTVV y pone en marcha el proceso para la elección del director general y los cuatro consejeros. El 15 noviembre el Consell aprobó el criterio favorable a la proposición de ley para liquidar RTVV. Seis días después, el 21 noviembre, el pleno de las Cortes Valencianas eligió en segunda vuelta, gracias a los votos del PP, a Ernesto Moreno, como director general de RTVV y a los cuatro consejeros nombrados por el partido del Gobierno.

      Los acontecimientos se precipitaron y el 25 noviembre el comité de empresa entregó al Consell su propuesta para garantizar la viabilidad de RTVV durante dos años a un coste inferior al del cierre, mediante la reestructuración de la plantilla, sacrificios salariales y suspensiones temporales de empleo. Tan solo un día después el Gobierno valenciano rechazó la propuesta del comité de empresa. El 27 noviembre el pleno de las Cortes Valencianas aprobó, solo con los votos del PP, la ley de liquidación de RTVV, que la oposición ya anunciaba que llevaría a los tribunales. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba en una edición vespertina la ley.

      El 28 noviembre entró en vigor la ley de liquidación de RTVV. Mientras, el Gobierno valenciano se reunía de urgencia y nombraba a los liquidadores de RTVV. Una edición nocturna del DOCV dictaba el cese de las emisiones de RTVV por cualquier medio o canal de difusión. Poco antes de la medianoche, Ràdio Nou dejaba de emitir. El 29 noviembre, ya pasada la medianoche, el informativo de TVV, que seguía emitiendo autogestionadamente, informaba del corte de las emisiones radiofónicas y explicaba que la policía había rodeado las instalaciones de RTVV en Burjassot. Aunque hubo resistencia de los trabajadores, que emitían un programa en directo, con asistencia de los líderes de la oposición progresista, finalmente acudió la policía con una orden judicial y procedió al cierre de las emisiones de RTVV, que fue retransmitido en directo hacia el mediodía del 29 de noviembre. Rápidamente se convocó una multitudinaria manifestación en Valencia en contra del cierre, que tuvo sus réplicas a menor escala en otras ciudades valencianas, y en la cual se pedía la convocatoria de elecciones anticipadas. Las repercusiones del cierre de RTVV eran realmente graves, con especial incidencia en el sector audiovisual valenciano, así como en el sector de las artes escénicas, además de limitar enormemente a promoción y difusión del valenciano y de la cultura propia, que de esta manera desaparecía prácticamente de los medios de comunicación.

      Unos días antes un informe del Consell Valencià de Cultura (CVC) hablaba de «una situación crítica de los sectores profesionales de la Cultura» y de un «descenso de la demanda cultural que está llevando al hecho cultural a una situación de difícil subsistencia» y de que «los recortes públicos en inversiones culturales, unidos al aumento del IVA, amenazan la capacidad de creación y de expresión, así como el uso y disfrute por parte de los ciudadanos». El estudio recogía que

      el descenso de la renta de los ciudadanos, producido por la falta de empleo, sumado a la subida de los precios de los bienes y servicios culturales, junto con los recortes de presupuestos públicos y el aumento del IVA al 21%, son las causas de un descenso de la demanda cultural.

      El informe, no obstante, hizo suyos datos ofrecidos por el Anuario de la SGAE, como que las artes escénicas sufren un «varapalo» con la caída de espectadores de cerca del 30% entre el 2008 y 2012 o como que la danza «se encuentra en trance de desaparición» con una caída del 43% de representaciones (Las Provincias, 21 de noviembre de 2013).

      Con todo, el Gobierno valenciano ya estaba intentando, en paralelo, el recorte de personal y funciones de otras instituciones emblemáticas de la cultura valenciana, siempre amparándose en la necesidad de reducir el déficit de las arcas públicas autonómicas. Así, ya en octubre de 2013 el PP había rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Compromís y EUPV –el PSPV había retirado la suya antes del debate– para pedir la devolución al Consell del proyecto de ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) con la que se pretendía reducir a la mitad –de 21 a 11– sus miembros y cambiar a sus académicos. Desde la oposición se había advertido de que se trataba de una modificación que podía resultar inconstitucional porque la actual ley prevé la «inamovilidad» de los académicos. Ante las críticas el conseller de Justicia y Gobernación, Serafín Castellano, había explicado que la sustitución de la ley de creación de la AVL –como la de las otras instituciones consultivas de la Generalitat– «nace como respuesta del Consell de adecuarlas a criterios de austeridad por la crisis» (El Mundo, 20 de octubre de 2013).

      Pero el afán de recortes no se detenía, y a finales de ese mismo mes de noviembre de 2013 se debatían en comisión parlamentaria los proyectos de ley para reducir el número de miembros de la AVL, el Comité