Gerencia de programas sociales. Enrique Vásquez H.

      Con el objetivo de ver las causas desde una perspectiva económica, O’Higgins buscó explicar los principales determinantes del desempleo juvenil a nivel internacional y por qué estas tasas eran más variables que las de los adultos. En su investigación, indicó que los movimientos en la demanda agregada tienen un impacto en el desempleo, pero desproporcional entre ambos grupos etarios (O’Higgins, 2001, p. 40). Atribuyó esto a que las personas de menor edad tienden más a dejar sus trabajos de manera voluntaria para lograr ganar experiencia, y a que, básicamente, es más barato para las empresas despedir empleados jóvenes que adultos. El autor sostuvo, a su vez, que es menos probable que los trabajadores de menor edad estén sujetos a protecciones laborales legislativas, lo que facilita que las empresas puedan prescindir de ellos fácilmente (O’Higgins, 2001, p. 41). De aquí se desprende que uno de los posibles factores, a nivel global, de estas disparidades en el desempleo sería la iniciativa propia de los jóvenes de ganar mayor experiencia.

La problemática del desempleo juvenil se agrava cuando los reflectores caen sobre los ninis, aquellos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban (véase la tabla 1.1). Este grupo se encuentra invisibilizado y constituye un reto para las políticas públicas. Esto es preocupante, debido a que dentro de los miles de jóvenes ninis se estaría formando un núcleo poblacional que recurre a la delincuencia para poder sobrevivir (DCNE, 2012). Es preocupante el hallazgo de Tavera et al., quienes encontraron que en el Perú existía una mayor proporción de ninis entre las mujeres que entre los hombres, la cual era igual al 12,6% del total para el año 2013. Los casos más críticos se encontraban en las regiones de Cajamarca y Piura (Tavera, Oré, & Málaga, 2016, pp. 37-38), donde la pobreza urbana y la rural eran agobiantes. Por lo tanto, el problema de los ninis radica en que es potencialmente el embrión de otros dramas sociales como embarazo temprano, consumo de drogas y estupefacientes, así como delincuencia común o crimen organizado; aristas no solo de una pobreza material1, sino también moral2. Por ello, el desempleo juvenil es crítico, pero aún más dramática es la situación de aquellos jóvenes que no realizan ni trabajo ni estudio alguno que les permita salir de su situación de riesgo.

De Alcázar et al. (2018), se desprende que la situación de los ninis y de los jóvenes en trabajos precarios es extremadamente volátil e inestable. Las autoras sostienen que «[...] incluso cuando los jóvenes urbanos vulnerables trabajan, los circuitos laborales en los que se insertan los mantienen en situación de precariedad a través de los años» (Alcázar et al., 2018, p. 108). En esta línea, por medio de estimaciones cuantitativas, identificaron que, si un joven es trabajador en condiciones de precariedad, presenta una probabilidad del 34% de continuar siéndolo y del 20% de convertirse en nini en el año siguiente3 (Alcázar et al., 2018, p. 109).

      Tabla 1.1

      Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, 2009-2018

Año	Nacional
2009	16,8
2010	16,0
2011	16,2
2012	15,3
2013	15,9
2014	16,3
2015	17,3
2016	16,8
2017	17,0
2018	16,9

      Fuente: Alcázar et al. (2018).

      Figura 1.3 Estatus de actividad: jóvenes urbanos de 15 a 29 años, 2015

      Fuente: Alcázar et al. (2018).

      Como se puede apreciar, el desempleo experimentado por los jóvenes se debe a problemas de educación y formación académica, a elevados niveles de ausentismo y poca productividad por su falta de experiencia, al impacto de la demanda agregada en el empleo, entre otros factores. Esta problemática deriva en consecuencias negativas tanto para las personas de manera individual, en sus niveles de ingreso futuros, como para la sociedad en conjunto, que se traducen en criminalidad o delincuencia. En el Perú del año 2012, el número de pacientes jóvenes tratados por consumo de drogas fue alarmante: 3 de cada 10 personas tenían entre 13 y 18 años, y 1 de cada 5 personas, entre 19 y 25 años (Devida, 2016, p. 18). Respecto a las características de la población juvenil infractora registrada en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del país, se tuvo que, para el año 2016, el 89,6% de los infractores no habían culminado su educación escolar (INEI, 2016d, p. 150). De aquí se desprende que, sin la educación necesaria, la generación de ingresos de estos jóvenes se ve fuertemente afectada; por ello, toman como opción delinquir. Dicho esto, es relevante la toma de acción del Estado para intentar mitigar estos conflictos adversos en la economía nacional.

      El Perú ha tratado desde hace décadas de enfrentar el problema del desempleo juvenil. En la década de 1990, una serie de programas y acciones de capacitación técnica, entre los que destacaron Projoven, Aprolab y Caplab, emergieron por influencia de organismos multilaterales o cooperación internacional. El primero de ellos era un programa del Estado; el segundo, un proyecto de inversión pública del Minedu; mientras que el tercero era promovido por una asociación sin fines de lucro; y tuvieron como principal objetivo incentivar el empleo juvenil en las zonas marginales del Perú. Sin embargo, estos se establecieron de manera relativamente aislada, sin articulación entre sí (Chacaltana & Ruiz, 2012, p. 300). El programa que tuvo un mayor alcance fue Projoven, que, desde el Ministerio de Trabajo, y aprendiendo de Chile Joven, intentaba facilitar la inserción de jóvenes con escasos recursos en el mercado laboral mediante cursos de capacitación técnicos articulados con las necesidades de las empresas privadas (MTPE, 1999, pp. 13-14). Se atribuyen a este programa éxitos como mejorar la inserción laboral, los ingresos por hora y las horas trabajadas a la semana por los jóvenes. No obstante, se detectó que se requerían esfuerzos aún mayores en la inversión del programa para lograr mitigar la situación de pobreza de los participantes (Ñopo, Robles, & Saavedra, 2002, pp. 57-58). La verdad es que el problema no era que el joven consiguiera prácticas temporales de trabajo, sino que lograra un empleo con proyección de mediano plazo. Por ello, la preocupación siempre es el empleo juvenil.

      Hacia el año 2001, en el Perú había 1,3 millones de jóvenes que vivían en zonas urbanas en condición de pobreza (Saavedra & Chacaltana, 2001, p. 12), ¿qué pasó con aquellos que sufrían de desempleo?

      A partir de la información mostrada anteriormente, se concluyen dos cosas. En primer lugar, el desempleo juvenil de los pobres descendió de 364.492 a 87.956 personas entre los años 2004 y 2015. Esto como consecuencia natural de la acelerada tasa de crecimiento del PBI durante el período de auge económico en el Perú. Lamentablemente, esta tendencia decreciente se revirtió en los siguientes años: los desempleados jóvenes pobres ascendieron a 113.173 en el año 2017. En segundo lugar, el desempleo urbano descendió más rápidamente que el desempleo rural hasta el año 2015, y esto se debió a que sectores económicos como, por ejemplo, la construcción fueron grandes demandantes de mano de obra no calificada en ese período. No obstante, sobre la base de las estadísticas de la Enaho, 113.173 jóvenes que vivían en condiciones de pobreza no lograron insertarse en el mercado laboral para el año 2017.

      Figura 1.4 Cantidad de desempleados pobres de entre 15 y 29 años en el Perú, 2004-2018

      Fuente: INEI (2019a). Elaboración del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

Con el objetivo de seguir mejorando el acceso a empleo de calidad para los más pobres, se creó el programa Jóvenes Productivos4 en agosto de 2011 mediante el Decreto Supremo 013-2011-Trabajo. Este fue establecido sobre la base del programa Projoven del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, creado en la segunda mitad de la década de 1990. Jóvenes Productivos tuvo el objetivo de «mejorar la empleabilidad y fomentar la inserción en el mercado laboral formal de los jóvenes de 15 a 29 años de edad, de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad» de las familias más pobres del país (MTPE, 2015a). Para ello, se distinguen dos líneas. Por un lado, la formación técnica para poder laborar en empresas. Por otro lado, la promoción del emprendimiento con la finalidad de generar el autoempleo juvenil