El derecho colombiano y la apertura en los debates sociales contemporáneos. Álvaro Hernán Moreno Durán

en Bogotá la IX Conferencia Panamericana, en la cual se dio origen a la Organización de Estados Americanos, en cuya carta fundacional se estableció que uno de los principios fundantes era la estructuración de una robusta democracia con representación fundada en la égida de la no intervención. Posterior a este episodio, se inició una guerra civil en Colombia, periodo conocido como La Violencia.

      En el imaginario colectivo colombiano, se dice que entre 1953 y 1957, en Colombia se vivió una dictadura militar, encabezada por el general Rojas Pinilla. Sin embargo, tal como lo señaló Iriarte (1998), en Colombia han existido tres dictaduras:

      en 1854, que, como dictadura, fue un estupendo tema para un sainete o una opereta bufa que nunca se compusieron. La segunda, según la historia oficial, fue la del general Rafael Reyes, uno de los gobernantes más conciliadores y progresistas que ha tenido este país, que abandonó el gobierno en cuanto comprobó que sus compatriotas ya no lo querían en la presidencia. Y la tercera es la dictablanda del general Rojas Pinilla. (Iriarte, 1998, p. 184)

      Luego de la caída del periodo presidencial del general Rojas Pinilla y de los efectos de la rivalidad generada entre el bipartidismo del momento, en 1957, decidieron adoptar la enmienda constitucional conocida como el Frente Nacional, que prescribió la sucesión alternada de ambos partidos en la presidencia (Velásquez, 2018). Este fenómeno político, que pretendió desvanecer la violencia generada por esas dos colectividades, permitió que los liberales y los conservadores se repartieran el poder hasta 1974. Dicho proceso fue refrendado por un plebiscito, en el que el pueblo eligió afirmativamente la aplicación de esta repartición. El poder fue ejercido por los dirigentes conservadores y liberales alternadamente, quienes pactaron la forma de gobernar, sin contar con la aprobación popular. Finalmente, durante este periodo, como lo señalaría Álvaro Salom Becerra, “al pueblo nunca le tocó”.

      En Colombia, se dice que las dictaduras no han existido, sin embargo, como lo sostiene el escritor Alfredo Iriarte, en el periodo comprendido entre 1914 y 1926, es necesario revisar el influjo del catolicísimo en los procesos electorales. Este autor señala que para dicho periodo, quien avalaba las candidaturas era el cardenal primado de Colombia, para lo cual, los precandidatos, normalmente todos del partido conservador, pedían cita en el centro de Bogotá para poder reunirse con el cardenal y este avalaba quién debería ser el próximo presidente. Así lo entendieron muchos candidatos, en especial, los jefes conservadores, que sabían, sin la mínima duda, que solo llegaría a la presidencia quien fuera señalado como tal por el dedo jupiterino del enviado de Dios, sumo y revelador de herejes (Iriarte, 1998). Luego, el cardenal enviaba el mensaje a las diferentes parroquias, y los curas desde los pulpitos, señalaban por quién debía votar, esto bajo la premisa de que quien votara por un liberal era un pecador.

      Esta manifestación resultó no solo ser la demostración de la influencia que el partido conservador colombiano tuvo en toda América Latina en el siglo XIX (Velásquez, 2018), sino, además, la expresión del dominio que la iglesia católica ejerció, en Colombia y en toda la región, resultado de la cultura política heredada desde la época de la colonización. Una Iglesia centralizada, jerárquica y conservadora que al predicar la resignación cristiana, lograba que con conformismo se aceptaran de manera pasiva las estructuras de mando verticales (Emmerich, 2000). Y aunque si bien, hoy en día, la Iglesia ostenta un panorama del ser social, caracterizado por la intervención y participación social, las influencias sobre el electorado continúan siendo no solo de orden religioso, sino que se han ampliado las formas y los medios para intervenir en las decisiones de la ciudadanía, sobre todo cuando de elecciones se trata.

La democracia en la Constitución

       Política de 1991

      Desde hacía varias décadas, Colombia había estado permeada por la desazón y la falta de futuro, la violencia generalizada, la corrupción de los funcionarios públicos, la mezcla mortal de los grupos armados e ilegales con el narcotráfico, que junto a una constitución decimonónica hundieron al país en un sin salida. Para ese entonces, la democracia era una democracia clásica y representativa, en la que el ciudadano elegía, pero no era elegido, porque la elección, como lo señalaba William Ospina, era una cuestión de castas y linajes políticos, donde algunos grandes mercaderes, auspiciados y financiados por los narcotraficantes se hacían elegir.

      Se trataba por supuesto del reflejo de la sociedad elitista que ha acompañado a Colombia, e incluso a América Latina, desde los tiempos de la independencia. Una concepción aristocrática de sociedad en la que los ciudadanos comunes podían ser incluso despreciados, debido a las rígidas estructuras jerárquicas heredadas de España (Emmerich, 2000; Velásquez, 2018). Fue entonces cuando surgió como un grito desesperado la Asamblea Nacional Constituyente para sacar el país de “la horrible noche”, siendo una de las consignas preponderantes, tal como lo señalaron Mejía y Jiménez (2005), la transformación del Estado en una democracia, con una propuesta plural y una ciudadanía que participa bajo la institución democrática y en paz.

      Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente se inscribe como uno de los movimientos de América Latina que, al cerrar el siglo XX, buscó la fortaleza en las instituciones bajo preceptos democráticos y de un ambiente participativo. Como se evidencia, se buscó dotar a la ciudadanía de herramientas para que tomara partido en las decisiones de trascendencia, construyendo una participación entusiasta, donde la sociedad fuera incluyente y con opinión del conglomerado social, ya que la institucionalidad se solidificará por presupuestos democráticos más participativos y capaz de satisfacer las necesidades del orbe social. Por esa razón, una participación entusiasta, por parte de la ciudadanía, puede generar dirección y decisión, cuyos ejes de implicación irrigan en el componente social.

      Este movimiento significó avanzar en otra etapa del comportamiento político, esto es, cuando el sujeto participante hace mella con su voz y el sufragio como opción de pronunciarse, per se, dichas conductas en varios países fueron reprimidas por obra de las dictaduras, pero ello eclosionó en nuevas luchas por garantizar la democracia en el bloque latinoamericano a finales del siglo XX (Emmerich, 2000).

      Sin embargo, este cometido no ha dado el resultado esperado, pues, como lo señalan varios autores, luego de promulgada la Constitución, y de acuerdo con sus investigaciones y la evidencia en la década de los noventa del siglo XX, sobre la democracia, se demostró que la Constitución del 91 no logró el fin de la democracia participativa original, sino que se construyó una democracia bajo los modelos del plebiscito, correspondientes a élites políticas, y de negociaciones, pero sobre todo sin el componente político que se esperaba (Sarmiento, 1997; Dávila, 1997; Restrepo, 1998; Gutiérrez, 1998; Múnera, 1999).

      Tal como lo afirmó Emmerich (2000), la genealogía de Latinoamérica recuerda la substracción del poder determinado por élites, que en sus discursos, acordaron las doctrinas constitucionalistas con las que han vulnerado el componente de soberanía popular. De este modo, se afirma que el gran problema del siglo XXI es el de consolidar la democracia participativa; sin embargo, se entiende que es un camino lento en la medida que engloba la convicción ciudadana en sus estadios complejos y plurales con eje transformador, el cual dirige la masa política.

      Así pues, siendo que en Colombia el modelo de democracia participativa no ha dado los resultados esperados, se puede observar cómo, desde la emisión del acuerdo constitucional de 1991 y bajo el nuevo modelo de la democracia, se han realizado siete elecciones presidenciales, siendo el abstencionismo el fenómeno más evidente de la democracia participativa, con los siguientes resultados (tabla 1).

      Tabla 1. Estadísticas de las elecciones presidenciales desde 1991, segunda vuelta

Año	Potencial electoral	Total votos	Porcentaje (%) votación	Abstención	Porcentaje (%) de abstención
1994	17 146 597	7 427 742	43.3	9 Скачать книгу В начало < 1 2 3 4 5 6 7 8 > В конец