Europa y el Mediterráneo. Varios autores

DE ACCIÓN

      Isaías Barreñada Iván Martín

      Isaías Barreñada es politólogo y técnico de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Comisiones Obreras. Iván Martín es profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. El presente trabajo es una versión ampliada de una ponencia elaborada por los autores para el Encuentro «Evento Civil Barcelona + 10», organizado por la Plataforma No Gubernamental EuroMed (Málaga, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre 2005).

Existe un amplio y creciente consenso sobre la realidad del empleo como principal reto económico y social que deben afrontar los Países Asociados Mediterráneos (PAM) al menos durante los próximos veinte años. Según el informe anual 2003 del Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos (FEMISE),[1] si se mantiene la tasa de actividad actual en los diez PAM (es decir, el porcentaje entre población activa y población en edad de trabajar, que es del 41,33 % actualmente, y menos del 30 % para las mujeres), para que las ya elevadas tasas (oficiales) de desempleo actuales del 12,22 % de la población activa de media no aumentaran sería necesario crear unos 18,5 millones de empleos antes del 2010, y casi 33 millones de empleo hasta el 2020 (ver tabla 1). Y esto sin tener en cuenta la previsible tendencia a la baja del empleo agrícola, que supone un 30 % de la población activa de la región. Aunque se consiguiera crear esa ingente cantidad de empleos, dos terceras partes de las mujeres en edad de trabajar seguirían marginadas del mercado laboral y el número absoluto de parados en la región aumentaría de los 8 millones actuales a 12 millones en 2010 y 16 millones en 2020. Por su parte, para el conjunto del Norte de África y Oriente Medio (países MENA) el Banco Mundial ha estimado que, simplemente para absorber a los jóvenes que se incorporarán al mercado laboral en busca de trabajo, en las dos próximas décadas estos países deberán crear 80 millones de empleos nuevos, y 100 millones si además pretenden absorber los ya altos niveles de desempleo actuales.[2] La propia Comisión Europea, en su Propuesta de Programa de Trabajo para los próximos cinco años,[3] habla de la necesidad de «crear 5 millones de empleos al año para ofrecer mejores perspectivas económicas a las nuevas generaciones que se incorporan al mercado de trabajo a la vez que se asegura la consecución de un desarrollo sostenible».

      Estas necesidades de creación de empleo supondrían incrementar la población ocupada –el número total de empleos– en la región en más de un 50 % en los próximos diez años, lo que exigiría como mínimo duplicar las tasas de crecimiento económico registradas en las dos últimas décadas (entre 1980 y 2001, los países asociados mediterráneos crecieron a una tasa media anual acumulada del 2,4 %), «un logro que no han conseguido ni siquiera las economías de alto rendimiento del Sudeste de Asia en los momentos de máximo crecimiento del empleo». Y no se trata de meras proyecciones estadísticas: la mayoría de esos jóvenes ya han nacido, pues una tercera parte de los 240 millones de habitantes de los países asociados mediterráneos tienen menos de 15 años.

      TABLA 1

      Situación del empleo y necesidades de creación de empleo en los PAM

      Fuente: Elaboración propia a partir de Informe FEMISE 2003 (ver nota 1).

En cuanto a la situación económica y social más en general, otro reciente informe de FEMISE pone en evidencia el enorme abismo existente entre los países del Sur y del Norte del Mediterráneo.[4]

      BALANCE DE 10 AÑOS DE ASOCIACIÓN EUROMEDITERRÁNEA

      Subsidiariedad del empleo y de los derechos económicos y sociales

      Frente a esta situación, el enfoque adoptado en el marco de la Asociación Euromediterránea ha sido el de centrar todos los esfuerzos en la liberalización económica y las reformas estructurales, con la esperanza de que ello atraería inversiones extranjeras directas y, como efecto secundario, contribuiría a crear empleo. De hecho, los tres instrumentos designados en la Declaración de Barcelona para conseguir los objetivos definidos en el ámbito de la cooperación económica y financiera, a saber, el «aumento del ritmo de desarrollo socioeconómico sostenible», la «mejora de las condiciones de vida de sus poblaciones, aumento del nivel de empleo y reducción de las disparidades de desarrollo de la región euromediterránea» y el «fomento de la cooperación y la integración regionales», son «el establecimiento gradual de una zona de libre comercio», «la instrumentación de la adecuada cooperación y actuación concertada» y «un aumento sustancial de la asistencia financiera de la Unión Europea a sus asociados». Entre las medidas concretas que se contemplan a tal fin, se mencionan «la adopción de medidas adecuadas en materia de normas de origen, certificación, protección de los derechos de la propiedad intelectual e industrial y competencia» (sin ninguna mención a los derechos laborales), «el mantenimiento y el desarrollo de políticas fundadas en los principios de la economía de mercado y en la integración de sus economías, teniendo en cuenta sus necesidades y niveles de desarrollo respectivos», «el fomento de mecanismos que permitan intensificar la transferencia de tecnología» y «la adaptación y modernización de las estructuras económicas y sociales, dando prioridad a la promoción y desarrollo del sector privado, a la mejora del sector productivo y al establecimiento de un marco institucional y normativo adecuado para una economía de mercado».

      La única mención a las cuestiones sociales aparece inmediatamente a continuación, «asimismo, procurarán atenuar las consecuencias negativas que en el plano social pudieran derivarse de esta adaptación, fomentando programas que favorezcan a los sectores de la población más necesitados». Es decir, esta cuestión se aborda exclusivamente con carácter subsidiario y complementario, no como objetivo directo principal de las acciones de cooperación. Teniendo en cuenta que, a día de hoy, no se ha completado un diagnóstico sistemático, exhaustivo y preciso de las consecuencias sociales de las Zonas Euromediterráneas de Libre Comercio y los procesos de reforma económica, no es de extrañar que esta declaración de intenciones haya tenido muy escasa traducción en los contenidos concretos de la cooperación euromediterránea.

A este respecto, cabe señalar que los Acuerdos de Libre Comercio firmados por los países de la región, en particular por Jordania y Marruecos, con Estados Unidos, sí regulan de manera específica cuestiones relacionadas con el Derecho laboral y los derechos de los trabajadores, si bien los expertos albergan serias dudas sobre la efectividad de tales acuerdos a este respecto.[5]

      En consecuencia, estos diez años se han caracterizado por una total falta de acciones directas en materia de empleo. Así lo evidencia el hecho de que no haya habido ni una sola Conferencia Euromediterránea de Ministros de Trabajo o de Asuntos Sociales, cuando sí ha habido, por ejemplo, Conferencias de Ministros de industria, comercio, medio ambiente, agua, agricultura, energía, transporte, sociedad de la información, justicia e interior, cultura y sanidad.

      El propio Programa de Trabajo propuesto por la Comisión para los cinco próximos años reitera este planteamiento. En él se señalan nueve acciones previstas para promover el objetivo prioritario de «contribuir a crear empleo y crecimiento económico sostenible mediante la liberalización comercial y la integración regional» –una de las tres grandes prioridades señaladas, junto con los derechos humanos y la democracia y la educación-: la liberalización del comercio de servicios y el establecimiento, la liberalización comercial y la cooperación agrícola y pesquera, la convergencia de la legislación, la integración económica Sur-Sur, un entorno macroeconómico saneado, el estudio de la creación de un Banco Euromediterráneo de Desarrollo, transporte, energía y sostenibilidad medioambiental. No hay, en cambio, ni una sola mención a medidas concretas para promover el empleo. A nivel europeo, hace tiempo que se ha llegado a la conclusión de que, para luchar eficazmente contra el desempleo, junto con políticas de crecimiento y reformas estructurales son necesarias políticas activas y directas de empleo y estrategias conjuntas