Contra el autoritarismo. José Woldenberg

discurso simplista, pero “pegador”, que coloca todas las culpas y taras sociales en la mal llamada clase política. Se trata de una retórica en boga desde hace varias décadas y que ha resultado expansiva. Una suerte de caricatura que modela y conduce los ánimos públicos. Una fórmula eficaz que reduce la complejidad de la vida política y erosiona la legitimidad de los sujetos que hacen posible un régimen democrático: los partidos y las instituciones estatales.

      Ya en 2002 el politólogo Juan Linz pintaba un cuadro en el cual los partidos aparecían en el lenguaje coloquial como el payaso de las bofetadas. “Dividen a la sociedad”, “son todos iguales”, “sólo les interesan los votos”, “no representan mis intereses”, “todos son corruptos”, “cuestan demasiado”; nociones exaltadas que expresaban y expresan un desprecio por esas figuras, pero también una incomprensión profunda de su papel en la reproducción de los regímenes democráticos³.

      Ese descrédito, al parecer, se ha extendido hacia las instituciones estatales, que al no cumplir con muy diversas expectativas y reclamos generan una reacción adversa, sin que jamás se tomen en cuenta las limitaciones normativas, presupuestales y políticas con las que desarrollan sus tareas. Se imagina que esas instituciones están ahí para resolverlo todo y que todo lo pueden y deben resolver. Esa esperanza incumplible curiosamente es alimentada por los propios políticos en campaña cuando prometen “el oro y el moro”.

      Existe, digámoslo rápido, un desencanto mayúsculo con los políticos y la política tradicional, lo que resulta un caldo de cultivo inmejorable para que figuras carismáticas que conectan directamente con franjas relevantes de la población exploten el hartazgo montándose en los prejuicios instalados, diciéndole a la mayoría lo que desea escuchar, reproduciendo el sentido común cimentado en la sociedad.

      Dichas figuras abominan del laberinto institucional y del circuito partidista, a los que juzgan como diques construidos para erosionar su capacidad de acción y mando. Quieren gobernar sin mediaciones, por encima de las instituciones, sin necesidad de partidos, porque, afirman, su voluntad está fundida con el auténtico pueblo.

      El “pequeño” problema es que sin esas instituciones y actores políticos no hay democracia posible. Democracia como un régimen que permite la convivencia y competencia de la diversidad política, que hace posible la alternancia en los gobiernos y que aspira a un poder político regulado por la ley, dividido para su ejercicio y vigilado tanto por el equilibrio que guardan los poderes constitucionales como por la acción de las organizaciones de la sociedad civil.

      El desenlace, sin embargo, dependerá de que los contrapesos diseñados por la Constitución y los instalados en la sociedad funcionen. Si no…

      VI. Colonizar el Estado

      Ojalá esté equivocado. Pero parece que el gran proyecto del actual gobierno en materia política es colonizar al conjunto de las instituciones del Estado. Y para ello está dispuesto a vulnerar las normas construidas para que esos espacios sean receptáculos de la pluralidad política. Digamos que es natural que cualquier fuerza intente colocar a personas cercanas en los distintos cargos públicos, lo nuevo, sin embargo, es que el gobierno actual lo esté haciendo vulnerando la ley o pretendiendo legislar para allanar el camino. Ejemplos:

      1. Ya lo apuntamos antes: Morena logró tener un número muy superior de diputados a los que permite la Constitución colocando candidatos propios en los lugares que correspondían a los otros dos partidos coaligados (PT y PES).

      2. En el nombramiento de los cuatro nuevos comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, a pesar de que la ley establece con claridad que, si el Senado rechaza las primeras ternas presentadas por el Presidente, éste debe mandar unas nuevas, amlo decidió repetir once de los doce candidatos.

      3. El caso del nombramiento de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es otro buen ejemplo. Desde la oposición, la izquierda pugnó porque las normas se cumplieran, las votaciones fueran transparentes y los funcionarios tuvieran el perfil necesario para desempeñar su encomienda. Pues bien, en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra, ésta no cumplía con el requisito de no ser parte de la dirección de un partido, el conteo de los votos en el Senado dejó sembrada más de una duda, la promesa de repetir la votación fue defraudada y las primeras declaraciones de la nueva titular de la cndh hacen patente que carece de las cualidades necesarias para ejercer su estratégica tarea de manera autónoma.

      Reitero, son ejemplos y hay más. Se está forzando la máquina, vulnerando el correcto sentido de las normas, en la búsqueda de unas instituciones estatales alineadas a la voluntad presidencial. Como si la diversidad de expresiones que conviven en el abigarrado mundo estatal fuera un obstáculo para el despliegue del brío del titular del Ejecutivo. Se navega incluso en contra de lo que se construyó en las últimas tres décadas y que ha permitido la coexistencia tensionada de la pluralidad política en el laberinto estatal. Pero, ¿por qué piensan que se pueden saltar olímpicamente las reglas o diseñar unas a conveniencia?

      Da la impresión que los esfuerzos de la actual administración son herederos de una añeja idea, con una enorme implantación social, que reivindica que en política lo más relevante es “el sujeto” que impulsa las iniciativas y que las normas, instituciones y procedimientos no son más que artificios que pueden minusvaluarse a nombre de ese “sujeto” virtuoso. Trato de explicarme.

      Luego de las crudas y terroríficas experiencias del siglo XX y de las que están en curso, debería ser compartida la convicción de que el poder político –por más noble que parezca– requiere ser regulado, equilibrado y vigilado. Ello, porque el poder concentrado, discrecional, libre de ataduras, suele incurrir y ha incurrido en todo tipo de excesos, negándole derechos a quienes disienten de él y en el extremo desatando persecuciones e incluso masacres. De ahí la necesidad de reglas, instituciones y procedimientos capaces de procesar la diversidad que anida en cualquier sociedad moderna o modernizada.

      No obstante, y por desgracia, cuando los líderes se piensan a sí mismos como la expresión de una masa virtuosa todo el entramado normativo que pone en pie el Estado democrático suele parecerles una camisa de fuerza. Da la impresión que “el pueblo bueno” es el sujeto que ha remplazado al proletariado, a nombre del cual se construyó un régimen sin contrapesos, opresivo.

      VII. ¿Primero los pobres?

      Ahora bien, México como el resto del mundo está viviendo los efectos de una doble crisis combinada: de salud y económica (estamos en recesión), y el gobierno no parece tomar nota del enorme reto que puede incluso disminuir el impacto de sus programas sociales.

      Hay que decirlo: “Por el bien de todos, primero los pobres”, fue una magnífica consigna del candidato López Obrador. Más aún en un país tan desigual como México. ¿Quién, por lo menos retóricamente, podría estar en contra? Es como cuando alguien postula “necesitamos educación de calidad para todos, salud universal y gratuita, vivienda digna”. Objetivos, sin duda, loables que pueden generar un consenso discursivo, pero para lograrlos se requieren algo más que buenas intenciones. Se necesitan políticas específicas fruto del conocimiento y acciones programadas y consistentes.

      Todos los signos apuntan a que próximamente México verá crecer su número de pobres. La caída de la economía más la reclusión por la pandemia ya están dando sus primeros resultados: La Secretaría del Trabajo informó de 347 mil empleos formales perdidos en una quincena, un poco más de todos los creados a lo largo de 2019. Y es apenas el inicio.

      El Presidente insiste en mantener vivos (y si se puede ampliar) los programas de transferencias monetarias a jóvenes en capacitación para el trabajo, becas para estudiantes de educación media y superior, para los adultos mayores, discapacitados, damnificados, microcréditos y algunos más. Bien, pero todos esos programas son financiados con recursos públicos y el problema mayúsculo es que esos recursos dependen de la recaudación fiscal y se requiere que por lo menos ésta se mantenga en los niveles conocidos.

      No obstante, lo más probable es que esos recursos disminuyan porque el conjunto de la economía se hará más