Interculturalidad, arte y saberes tradicionales. Bertha Yolanda Quintero Maciel

de los más de sesenta pueblos originarios que existen en nuestro país, con la única finalidad de aportar al desarrollo de los diferentes grupos étnicos una posibilidad de existencia e identidad y respeto a sus costumbres.

      El artículo 30 de la Ley General de Educación señala:

      Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a que esta sección se refiere.

      Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades educativas, incluida la Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria.

      Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio público y se difundirán por los medios disponibles.

      La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación define a la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

      La convención en relación con la enseñanza enfatiza como actos discriminatorios:

       La exclusión de una persona o un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza.

       Limitar a nivel inferior la educación de una persona o grupo.

       Colocar a una persona o a un grupo de personas en una situación incompatible con la dignidad humana.

       Mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos. Sin embargo, no se considera discriminatorio la creación o el mantenimiento por motivos de orden religioso o lingüístico de sistemas o establecimientos separados que proporcionan una enseñanza conforme a los deseos de los padres o tutores legales de alumnos, si la participación en esos sistemas o la asistencia a estos establecimientos no es obligatoria.

      La discriminación que han sufrido históricamente los pi mexicanos puede ser analizada desde los siguientes ejes:

       El carácter nacionalista y homogeneizador del Estado mexicano ha sido uno de los mayores obstáculos para que los pi sean reconocidos con sus expresiones socioculturales y políticas distintas.

       El sistema educativo nacional, organizado y operado desde la perspectiva estatal nacionalista, ha admitido escasas adecuaciones para hacer posible que los pi disfruten del derecho a la educación.

       Al igual que otros sectores de la sociedad nacional, los pi sufren un trato inequitativo y excluyente en cuanto al acceso y permanencia a los distintos niveles del sistema educativo nacional.

       La tendencia a usar la escuela como un instrumento para promover la asimilación de los pi al modelo cultural, político y social de la nación.

       Políticas educativas dirigidas de manera inequívoca a la asimilación, a la vez que es posible advertir un vacío en las mismas, que dan como resultado la invisibilizacion de la diferencia cultural.

       Los distintos rediseños del sistema educativo nacional son discriminatorios, ya que no hacen posible que los niños indígenas y no indígenas establezcan relaciones basadas en el reconocimiento de la otredad y en la valoración de la diversidad sociocultural como una riqueza.

      Algunas propuestas educativas en Jalisco a nivel medio superior y superior

      A finales de los noventa cobraron importancia los programas compensatorios con base étnica en educación superior, bajo el influjo de los gobiernos nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales (ong) e incluso comunitarias. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas veces las propuestas para cubrir los servicios de educación superior a poblaciones de origen indígena suelen tener un carácter político y por ende también tienen resonancia en los ámbitos académicos; en principio, en el seno de las universidades se debe replantear la discusión sobre los modelos educativos y valorar críticamente su papel en el sentido de cómo se han construido los puentes de relación educativa con los pueblos originarios, pero no sólo en términos de su reconocimiento o del acceso a la educación, sino también en los de propiciar y generar formas que permitan abrir nuevos horizontes incluyentes sobre los saberes indígenas dentro de su conocimiento.

      En el caso de Jalisco, a partir del año de 1995 inició un arduo y sinuoso camino para tratar de cumplir lo que mandan nuestras leyes nacionales a nivel de los derechos fundamentales en relación con la propuesta educativa que se oferta e impone en todos los niveles educativos en zonas de origen indígena, lo cual se logra de manera forzada y con una resistencia total a compartir y entender que eso que llamamos diversidad cultural y pi es real en el estado de Jalisco. Así comenzó un proceso educativo democrático, diverso, incluyente y novedoso en la Sierra Madre Occidental, en especial con la cultura wixárika. Este pueblo habita en la parte nor-poniente de Jalisco dentro del municipio de Mezquitic, en una enorme planicie, rodeada de una barranca tan honda y mágica como su propia historia y cultura. El proceso intercultural inició con el caso del Centro Educativo de San Miguel Huaixtita en 1995, y en él la interculturalidad jugó el papel de conciliadora; la convivencia y la equidad fueron la base para que se fomentara la armonía entre la educación formal y la educación tradicional, la cual se daba en la “casa de nuestra madre” San Andrés Cohamiata.

      Para el año 2003 el pueblo wixárika manifestó a la Universidad de Guadalajara la necesidad de que se crearan preparatorias con el fin de que los jóvenes no se desarraigaran de su comunidad de origen, además de que su situación económica se vería menos dañada dentro de la familia. Estos jóvenes dentro de la familia y la comunidad son mano de obra esencial tanto para el trabajo como para ayudar a otras actividades comunitarias. Empero, esta necesidad de que los jóvenes no se alejen de su comunidad no fue razón suficiente para la Universidad de Guadalajara y en especial para el Sistema de Educación Media Superior (sems), dependencia que con base en lo expuesto en cuanto a lo establecido en nuestras leyes nacionales e internacionales está obligado a responder a las demandas educativas a nivel medio superior. Estas experiencias se dieron en dos comunidades, y al no haber respuesta de ningún tipo los mismos jóvenes, autoridades morales y civiles le solicitaron cubrir su necesidad educativa al programa del Colegio de Bachilleres.

      Después de ese intento fallido, volvieron a solicitar como fieles seguidores de una educación desde y para el pueblo a la misma dependencia el apoyo en 2009 en San Miguel Huaixtita, intento que tuvo respuesta y se ofertó el programa de bachillerato general por competencias, el cual funciona en la actualidad.

      Acciones afirmativas en la educación superior en México

      A los jóvenes de comunidades indígenas se les dificulta acceder a la educación superior, ya que supone un gasto superior a los ingresos totales de la familia. Por ejemplo, en Chiapas, uno de los estados más pobres del país, las oportunidades de estudio de un joven en edad escolar son cuatro veces más bajas que en lugares como la Ciudad de México (Schmelkes, 2003). Desde el punto de vista geográfico, de las 1 mil 48 instituciones de educación superior (ies) públicas que existen en México, salvo algunas excepciones, la mayoría se encuentra localizada en zonas urbanas (León, 2005). En el aspecto académico, los egresados de instituciones educativas de nivel medio