Retórica de la victoria. Giohanny Olave

en línea, 3 de marzo de 2010), luego de que la Corte Constitucional tumbara un referendo de reelección para un tercer periodo presidencial de Uribe. Para el país, el paso de Santos del Ministerio de Defensa (2008-2010) a su primer periodo presidencial (2010-2014) fue la reafirmación de la Política de Seguridad Democrática, que entraría en una nueva fase, denominada Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP):

      La PISDP representa la combinación adecuada de continuidad y cambio. Continuidad con las Políticas de Seguridad Democrática (2002-2006) y de Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010) que permitieron los importantes logros en seguridad alcanzados por Colombia durante los últimos dos cuatrienios. Cambio en la fijación de metas más ambiciosas, en la incorporación de nuevos objetivos estratégicos y en la elevación a la categoría de políticas de componentes instrumentales o habilitadores (MinDefensa, 2011, pág. 5, cursiva añadida).

      La nueva política de seguridad requería comunicar la permanencia de sus líneas más esenciales, para participar de su aceptabilidad pública, pero al mismo tiempo debía deslindarse de sus efectos negativos (mencionados en el apartado anterior) y de los aspectos que había descuidado en su camino: bandas criminales emergentes, seguridad militar en las ciudades, coordinación interinstitucional de las fuerzas armadas y apoyo de las autoridades regionales y locales (Vargas, 2011).

      Esa tensión entre continuidad y cambio fue mitigada en el discurso a través de la garantía de la profundización de la seguridad democrática y de su evolución hacia el alcance de una prosperidad que esa misma seguridad habilitaría. Las razones esgrimidas para el ajuste en la política fueron los cambios de la criminalidad en el ámbito regional y su adaptación constante a la ofensiva de las fuerzas armadas, que harían inviable las metas de desarrollo económico e inversión de capital en las zonas periféricas del país.

      En el análisis de Beltrán (2013, pág. 34) se hace notar que de Uribe a Santos hubo un cambio de estilo, mas no de contenido. A ello respondería que los principales cambios impulsados por este último tuvieron que ver más con la diplomacia interna y externa que con la visión economista de la seguridad y del desarrollo, especialmente en lo referido a la promoción de la inversión privada en las zonas rurales para la agroindustria y la extracción de recursos energéticos. Así lo explica también Rodríguez (2014): «Más que por un proyecto ideológico definido, Santos y Uribe se distinguen por las facciones del bloque dominante a las que representan, pero, sobre todo, por su tono en la manera de aparecer públicamente: uno prudente, conciliador y moderado; el otro verborrágico, irascible y extremista» (pág. 99).

Sin embargo, apuntar que el cambio de Uribe a Santos fue solo de estilo no desconoce las rupturas generadas en la relación entre expresidente y presidente, desde el inicio del primer mandato de Santos. Por el contrario, se trató de una controversial escisión que ocupó la atención de los medios y de la sociedad en general, quienes lo percibieron como una “pelea” entre dos figuras políticas aliadas en el pasado, pero enfrentadas entre odios, acusaciones y traiciones (Dávila Hoyos, 2014). Este distanciamiento se fue agudizando de manera creciente hasta convertir al expresidente Uribe en el principal contradictor del presidente Santos. La oposición fue realizada sobre todo utilizando la importante influencia de Uribe en el estamento militar, en algunos medios de comunicación y en las redes sociales15.

      Enseguida se presentan los principales focos de distanciamiento que marcaron la agenda política durante el primer bienio de la administración Santos:

      1 El nombramiento de ministros antiuribistas en las carteras de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Este último funcionario, según la indagación periodística de Dávila Hoyos (2014), estaba destinado al Ministerio de Defensa, pero Uribe presionó para impedirlo, por considerarlo su adversario político y alegar riesgos a su propia seguridad.

      2 El restablecimiento de relaciones bilaterales con Ecuador y Venezuela, con cuyos presidentes, Rafael Correa y Hugo Chávez, respectivamente, Uribe sostuvo fuertes disputas políticas y crisis diplomáticas en torno al antiterrorismo estadounidense y a los modelos de socialismo desarrollados en esos países. El episodio de mayor tensión se vivió en 2008, tras la invasión y el bombardeo de tropas colombianas en territorio ecuatoriano de frontera, en un operativo de contraguerrilla en el que fue asesinado alias Raúl Reyes, miembro de la cúpula de las FARC-EP. Correa y Chávez rompieron relaciones diplomáticas con Colombia, militarizaron sus fronteras y denunciaron pública y judicialmente a Uribe y a Santos (en su función todavía de Ministro de Defensa). Santos restableció las relaciones el mismo mes de su posesión presidencial, en agosto de 2010.

      3 El restablecimiento de relaciones con la Corte Suprema de Justicia, tras las tensiones generadas con el expresidente Uribe en torno a temas como la dudosa objetividad de las ternas propuestas por él para elecciones de fiscal general de la nación y la deslegitimación de su reelección presidencial por acusaciones de corrupción.

      4 El reconocimiento del conflicto, a través de la ley de víctimas y restitución de tierras (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ley 1448 de 2011), que contradijo la tesis de la amenaza terrorista en Colombia y retomó la denominación de conflicto armado interno, según los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales (CICR, 2008).

      5 La promulgación del Marco Jurídico para la Paz, un acto legislativo que autoriza mecanismos de justicia transicional y penas alternativas en eventuales procesos de paz con grupos armados ilegales (Congreso de Colombia, Acto Legislativo 01, 31 de julio de 2012). Para Uribe se trata de una ley que garantiza impunidad y genera amnistías para delitos de lesa humanidad (diario El Espectador en línea, 4 de junio de 2012).

      6 Los acercamientos con las FARC-EP para un nuevo proceso de paz. Desde marzo de 2012, Santos coordinó secretamente acercamientos exploratorios con esta guerrilla para buscar la paz a través de diálogos en medio de la confrontación armada (Santos, 2014). Cuando esta información se filtró en los medios de comunicación, Uribe denunció sus intenciones por medio de las redes sociales y criticó que se pensara dialogar con un grupo terrorista, en vez de terminar de someterlo militarmente o de exigirle una desmovilización. La gestión de un nuevo proceso de paz significó el final de la tesis del fin del fin, pues implicó reconocer que la guerrilla no estaba a punto de ser exterminada, y que era necesario reconocerla como adversario político.

      Durante el primer bienio de su mandato presidencial, que va hasta finales de agosto de 2012, cuando Santos anunció el inicio del proceso de paz, se fue profundizando el distanciamiento con el discurso uribista. El lento desgaste del discurso del fin del fin de las FARC-EP, esto es, el final del fin del fin, hace parte de ese distanciamiento. En ese fenómeno político, la tensión entre continuidad y ruptura con las visiones antiterroristas y con el triunfalismo militarista de la Seguridad Democrática fue resuelta mediante diversos recursos, modos y funciones retóricas en torno a la victoria de cada bando.

      La inercia del conflicto armado interno

      En la coyuntura histórica en que Santos asume por primera vez la presidencia, el conflicto con la guerrilla de las FARC-EP había llegado a un momento en el que los actores involucrados sostendrían, sin doblegarse, la dirección y el sentido de sus acciones, tanto bélicas como políticas. Esa resistencia a cambiar de posición, aun bajo la influencia de condiciones externas para cada bando, hacía que la esperada claudicación de la guerrilla se prolongara indefinidamente bajo la promesa gubernamental del fin del fin, y que la confrontación se hallara en un punto en el que no cambiaría su estado ni su orientación, sino solo su intensidad y concentración geográfica. Haciendo la analogía con un concepto común de la física mecánica, esta coyuntura se puede entender como la inercia del conflicto armado interno.

      La resistencia a cambiar de estado o la fuerza de inercia de los actores del conflicto en 2010, caracteriza la etapa final de la Seguridad Democrática uribista y el inicio de la Seguridad para la Prosperidad del gobierno Santos. Guerrilla y Gobierno giraban sobre el mismo eje del belicismo como respuesta y el tratamiento del conflicto social en el país. El momento de inercia no dependía, pues, tanto de las fuerzas externas que oponían entre sí los enemigos, sino de las fuerzas internas en cada grupo armado y de los posicionamientos de los ejes que los hacían rotar alrededor de las mismas motivaciones