Teoría y práctica del análisis de conflictos ambientales complejos. Humberto Rojas Pinilla

a débiles gobiernos locales sin una transferencia proporcional de poder de decisión, recursos y fortalecimiento de capacidades. Además, la transferencia de los mecanismos de seguridad —para provisión de bienestar a la población, de mecanismos de policía, control y regulatorios— al sector privado, a ONG o a entidades internacionales dificultan fuertemente la rendición de cuentas y la transparencia (Jessop, 1994).

      En segundo lugar, la pobreza se ha visto agravada por la disminución de la inversión social, así como se ha inhabilitado al dispositivo de gobierno en su capacidad para garantizar mecanismos de seguridad para la población y, por consiguiente, de provisión de bienestar, debido a severos recortes de planta fiscal y administrativa.

      La desregulación y la flexibilización laboral exigidas por el ajuste han influido de manera decisiva en la ampliación de la informalidad laboral, la desprotección y el rebusque generalizado, una condición común al grueso de los pobladores de los barrios informales, que también ha tenido como efecto colateral la imposibilidad de acceder a crédito para vivienda, a las ventajas de protección social de calidad y a los programas de bienestar, educación y acceso a vivienda que ofrecen las cajas de compensación familiar a sus trabajadores formales afiliados.

      En efecto, la combinación de la privatización de las empresas de servicios públicos —aseo, basuras, energía y gas—, la privatización de la salud y la educación, la entrega de las curadurías urbanas³⁵ y la flexibilización laboral y consecuente informalización económica han conspirado en conjunto para elevar de manera espectacular el aumento de la pobreza y, en correspondencia, las dinámicas de auto-producción del hábitat³⁶ (Ahumada, 1996, 2000; Bienefield, 1997; Stiglitz, 2003).

      La dupla pobreza e informalidad laboral ha adquirido dimensiones dramáticas, lo que ha hecho cada vez más difícil de abordar y solucionar el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. Al no contar con empleo e ingresos seguros y estables, el acceso a crédito para vivienda es, por decir lo menos, imposible.

      La provisión de VIS se ha tratado de “solucionar” en la mayoría de las ciudades del Sur a través de subsidios estatales para la compra de vivienda, sin atacar el problema central de déficit generalizado de vivienda para las poblaciones con menor poder adquisitivo, negocio que resulta poco atractivo para la empresa privada por los bajos márgenes de beneficios económicos. Por esta razón, la entrega a los privados de programas de acceso a vivienda digna ha probado ser poco atractiva para los promotores privados.³⁷

      Adicionalmente, la privatización de las empresas encargadas de la provisión de servicios básicos ha elevado sus tarifas, debido a la implementación de modelos basados en el mercado, que son a menudo sesgados por nepotismos y favoritismos, así como son objeto de un débil control gubernamental en cuanto al seguimiento de su gestión, prácticas y cumplimiento de los contratos de privatización; un ejemplo lamentable es Electricaribe.

      Adicionalmente, la privatización y transferencia de funciones de planeación urbana ha generado impactos negativos sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas, como veremos con respecto al papel de las curadurías urbanas en el otorgamiento de licencias irregulares en predios afectados por la Reserva Bosque Oriental de Bogotá en el capítulo dedicado al análisis de la acción popular en contra de la delimitación de la franja de adecuación de la Reserva.

      En suma, el giro en las lógicas de actuación de la gubernamentalidad en los países del Sur, en las últimas décadas, ha propiciado el crecimiento de la pobreza y la emergencia de conflictos ambientales; asimismo, ha impuesto enormes retos a la realización de acuerdos, lo que ha constituido este accionar y sus lógicas en fuente permanente y creciente de conflictos.

      Los proyectos nacionales han ido cediendo sus espacios a los proyectos globales, que ahora deben ser rentables; aquí, temas como la salud, el empleo, la educación y la administración de la universidad pública, así como la definición de prioridades y la financiación de la investigación, cobran enorme relevancia. En adelante, el conocimiento solo será valorado en función de su utilidad para los procesos económicos globales y su rentabilidad, los cálculos costo-beneficio, los intereses de los inversores y los mercados en expansión, etc.; temas como la responsabilidad social, la función social de la educación y del Gobierno en la provisión de bienestar han terminado por desdibujarse (Porto-Gonçalves, 2006).

       El nivel meso: la gubernamentalidad como dispositivo de poder territorial

      Esta sección se concentra en presentar los conceptos de gubernamentalidad y biopolítica vistos como dispositivos de poder que buscan, mediante distintas tecnologías y saberes, regular el acceso a recursos del territorio desde una cierta intencionalidad o racionalidad. Vale la pena anotar que el territorio es consecuencia histórica del balance del acumulado de las relaciones de poder: “Los hombres, a partir de sus hábitos y costumbres particulares son quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del territorio” (Castro-Gómez, 2010, p. 59).

      Desde la dimensión de las prácticas institucionales, la literatura especializada en conflictos intratables ha identificado el papel determinante que desempeñan los mecanismos de gobierno sobre la regulación de la apropiación, el acceso, el control y la distribución de los recursos naturales en los territorios bajo su jurisdicción. La gubernamentalidad, a través de sus mecanismos de seguridad, provee bienestar y legitima los distintos niveles de acceso a ellos entre los pobladores del territorio (biopolítica). Como tecnología de gobierno, desempeña un papel clave en los conflictos ambientales al regular el acceso de la población a los recursos o restringirlo, y construir regularidades que bien pueden prevenirlos, transformarlos o, por el contrario, producirlos y complejizarlos.

      El caso de la informalidad urbana como conflicto por uso del suelo es recurrente en los países del Sur, hecho que se ha extendido por sus proverbiales características de pobreza, inequidad y segregación socioespacial, por lo cual es previsible que se mantenga y permanezca irresuelto en el tiempo sin transformarse.

      Por otra parte, las fallas y fragmentaciones de los dispositivos de poder cumplen una función importante en los conflictos, en virtud de su heterogeneidad o del enfrentamiento entre las lógicas inherentes a sus objetivos. Por ejemplo, los dispositivos de seguridad buscan proveer de un mínimo de bienestar a la población: techo, alimentos, empleo, etc., mientras que la lógica neoliberal establece otras lógicas de provisión de bienestar por la vía de subsidios focalizados y el mercado, lo que puede generar conflictos.

      Los estudios sobre intratabilidad de la escuela norteamericana han reseñado cómo la contradicción presente en un conflicto es a menudo aprovechada por los actores menos poderosos para poner sobre la arena de debate temas de mayor relevancia (high stake distributional issues) (Lewicki et al., 2003). Es decir, involucran elementos estructurales, como, por ejemplo, exigir un cambio en la lógica u orientación de los dispositivos de poder en los que, por lo general, el costo del arreglo es mayor al de mantenerse en la disputa, lo que incide en el aumento de su duración y ocasiona que los intentos de transformación no tengan éxito. Es claro que los dilemas presentes en las contradicciones —especialmente en las formas de resolverlas— fijan precedentes, como es el caso de las sentencias de las cortes constitucionales y los fallos del Consejo de Estado, que surgen precisamente de conflictos, movimientos, resistencias y acciones colectivas que buscan el cambio social.

      El nivel meso de análisis tiene que ver, específicamente, con el examen de las maneras como las prácticas de la gubernamentalidad, a través de ciertos saberes y dispositivos —jurídicos, disciplinarios o de seguridad—, han intervenido a la población y el territorio de Bogotá mediante unas estrategias (iniciativas, normas, procedimientos, planes, políticas y programas) que, por una parte, buscan regular no solo la ocupación del suelo urbano, sino también los procesos de normalización de los barrios informales y la consecuente provisión de recursos claves para la supervivencia (educación, salud, infraestructura de servicios, transporte, equipamientos, etc.) desde una clara perspectiva biopolítica, pero, por otra parte, también han generado una compleja gama de contradicciones, que se evidencian en los patrones de ocupación y configuración no planificada del territorio de la ciudad y el conjunto de dinámicas problemáticas que han emergido alrededor de la gestión del suelo