Gobernar la ciudad. Juan Carlos Colomer Rubio

cambió radicalmente, en lo que a los ayuntamientos y diputación se refiere, con el nombramiento, en abril de 1943, del nuevo gobernador civil de Valencia: Ramón Laporta Girón que, al poco tiempo, acumulaba a su cargo el de jefe provincial de FET-JONS. Éste destituyó al alcalde y rompió con la situación de cierto equilibrio anterior entre las fuerzas triunfadoras. Además, la unificación de ambos cargos, aparte de fortalecer la autoridad del gobernador civil, desplazó a Rincón de Arellano a la presidencia de la diputación algo que creó cierto malestar entre las bases del partido único:

Además yo era enemigo de la fusión de ambos cargos, gobernador y jefe provincial, y consideré que un indígena no debe ser representante del gobierno central en su provincia. Por otra parte, siempre dije que esa fusión no daba fuerza al Partido, sino al revés, pues era meter al Gobierno en las decisiones de la Falange.¹⁴

      Fruto de la nueva situación política, con el cambio de gobernador y la ruptura de equilibrios, se tuvo que reelaborar el reparto de poder en la región. Para ambas esferas provinciales, ayuntamiento y diputación, se buscó a un personal político representativo y con conexiones políticas con las etapas precedentes. Pese a todo, el nombramiento de Laporta Girón comportó una mayor intensificación de la escenografía falangista en Valencia, acorde con la presión que este grupo político desplegaba por entonces dentro del franquismo. La renovación del consistorio fue total y ahora sólo permanecerán tres concejales de los presentes en 1939. Ello respondía a una clara idea que veremos a lo largo de toda la dictadura: cuadrar afinidades del entorno político del gobernador civil en las instituciones civiles y, a su vez, recomponer los equilibrios locales gracias al nombramiento directo.

      Pese a la renovación municipal, la continuidad de la política de alcaldes anteriores fue total: por un lado, en lo que se refiere a las reformas urbanísticas realizadas por el barón de Cárcer en 1946, se desarrolló el plan general de ordenación para Valencia y su cintura, redactado en Madrid por Germán Valentín Gamazo y gestionado por el órgano, creado ex profeso, «Gran Valencia». En segundo lugar, se reactivaron las políticas culturales propiamente regionales como el «homenaje a Jaime I» o la recuperación de tradiciones propias de la ciudad que la guerra y la represión habían ido anulando. En los años cuarenta quedó una importante política de gestión cultural y folclórica que se consolidó con el impulso municipal de las Fallas. El ayuntamiento pasó a controlar férreamente la festividad a partir de 1944 con la municipalización de la Junta Central, máximo órgano de gestión de la fiesta y donde el alcalde, o un concejal nombrado a tal efecto, pasó a ser su presidente.

      La dinámica municipal se vio alterada con las primeras voces que apuntan a una posible revolución en los consistorios: la introducción de las elecciones por tercios para la renovación de los mismos –exceptuando el alcalde que continuaba designado directamente por el gobernador civil–. Pero esta reforma no llegó hasta 1948 y hasta entonces el alcalde –el aristócrata Trénor–, atenazado por unas arcas municipales exiguas y problemas reiterados de salud, dejó su cargo en otras manos.

      El sucesor de Gómez Trénor, José Manglano Selva, representaba a la élite aristocrática de la ciudad vinculada en origen al Movimiento –había sido secretario local de Falange tras la guerra– y llegaba a una corporación acompañado de hombres de probada fidelidad al mismo tras la guerra como: Errando Vilar, Julio de Miguel o Torres Murciano. Con ello, el aún gobernador civil Laporta Girón consiguió mantener el equilibrio local y contó, para ello, con una persona partidaria del proceso electoral de noviembre de 1948. La principal novedad del mandato de Laporta fueron estas elecciones, las primeras convocadas bajo la nueva ley de administración local, y que creaban un aparente marco de legalidad democrática, pero nada más lejos de la realidad dado que estaban totalmente controladas por el poder y limitaban la votación y la cooptación de los candidatos, como hemos visto en el capítulo anterior.

      Estas elecciones fueron muy criticadas, no tanto ya por la oposición antifranquista que las consideró antidemocráticas, sino incluso por un sector del propio régimen valenciano que las veía como una posibilidad directa de imposición de candidatos por medio del gobernador civil que podía romper la hegemonía de un sector o el supuesto equilibrio aparente entre sectores. De hecho, el propio proceso electoral conllevó una víctima: Adolfo Rincón de Arellano que dimitirá de su puesto como presidente de la diputación provincial:

Me metí en la diputación porque me decían que era un sitio tranquilo y luego no había prácticamente nada que hacer y estuve en la diputación pues hasta el año 49 (sic). En el año 49 (sic) se habían inventado esto de la democracia orgánica y yo era partidario de respetar la cosa de la democracia orgánica porque me parecía que no era cosa mala, sino una cosa buena; una participación por el pueblo, en vez de por los partidos políticos. [...] Claro, yo continuaba aceptando los que salieran –a mí me daba igual unos que otros–, pero el mando dijo que sí y llegó un momento que impuso dos nombres y entonces yo cogí y dije ‘toma la vara’ y me fui y ya no volví por allí.¹⁵

      Y la situación de malestar se agravó a la salida del presidente de la diputación, que le siguió el traslado del gobernador civil y, por tanto, la recomposición de la corporación que se vio facilitada por los problemas de salud del alcalde, José Manglano, pese a su juventud –llegó a la alcaldía con treinta y ocho años–.

Con la llegada del nuevo gobernador civil, Salas Pombo, se procedió a nombrar rápidamente a un gestor municipal –probablemente el mayor gestor y menor político que tuvo el ayuntamiento durante la historia del régimen–. El elegido fue un juez de un pequeño pueblo de la provincia de Castellón: Baltasar Rull Villar, simpatizante del régimen y estudioso e interesado de los problemas locales que vivió de lleno y de cerca los problemas crónicos en las arcas municipales y puso la primera piedra de algunos de los proyectos urbanísticos que definieron el segundo franquismo.¹⁶ Rull se mantuvo en el cargo hasta el relevo del gobernador civil y la llegada a la alcaldía del alcalde de la riada: Tomás Trénor Azcárraga.

La alcaldía de Trénor no se entiende sin la presencia de un grupo de poder en la ciudad. Este sector de la burguesía monárquica, vinculado parcialmente a Derecha Regional Valenciana, realizó encuentros y tertulias paralelamente a la instauración del franquismo orientados a comentar la evolución de la situación política e incluso relanzar un nuevo diario, Diario de Valencia. En el seno de este grupo encontramos a cierto poder contestatario con las políticas y evolución del régimen que tuvo su apogeo en la década de los cincuenta con la llegada a la presidencia del Ateneo Mercantil de Joaquín Maldonado, en 1955, y la situación existente tras los sucesos de la riada de 1957.¹⁷ Este Ateneo Mercantil no resultaba una institución menor pues, sobre todo a partir de esta década, comenzó a funcionar como foro social de la ciudad y quién ostentaba su presidencia ocupaba claramente un cargo de representación político-social. Hasta el punto que, desde el año de acceso de Maldonado a la institución hasta 1963, año de su salida, el Ateneo Mercantil triplicó su actividad cultural, muchas veces comprometida políticamente, como es el caso de las conferencias en torno al valencianismo impartidas por Martín Domínguez, Joan Fuster o Manuel Sanchis Guarner, o las de fuerte carácter europeísta previas al «Contubernio de Múnich».¹⁸ Queda claro que el ambiente de «disidencia tolerada» durante esos años fraguó una respuesta política alternativa donde estaban presentes los que habían defendido el régimen por lo que de «revolucionario y transformador» tenía al inicio, e iban distanciándose del mismo a medida que presenciaban detalles y prácticas que no esperaban o perjudicaban sus intereses.

Y aunque los diferentes gobernadores civiles –sobre todo los de acuciada tendencia falangista como Laporta Girón o Salas Pombo– pudieron mantener un juego de equilibrios entre «camisas viejas» y nuevos líderes locales; la progresiva disidencia de una élite democristiana, monárquica y crítica con determinadas políticas –y que justamente