Resistir Buenos Aires. María Carman

Rúa, con Darío Lopérfido a cargo de la Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación.

      [4] Mauricio Macri fue el líder del partido de centroderecha Propuesta Republicana (PRO) y, posteriormente, de la coalición neoliberal Cambiemos, con la cual ganó la presidencia de la nación (2015-2019).

      [5] Las expresiones en bastardilla citadas a lo largo del libro corresponden, según el caso, a citas de autor, locuciones en idioma extranjero, categorías nativas de nuestros entrevistados o expresiones vertidas en entrevistas, reuniones, audiencias públicas, documentos y resoluciones judiciales.

      [6] El multiculturalismo blando (Martiniello, 1998) implica una forma de concebir la diversidad en la que no se negocia la identidad ni el conflicto en un sentido político. Desde la secretaría a cargo de Telerman durante la primera gestión de Ibarra (2000-2003), la gestión cultural de la ciudad se organizó a partir del denominado Plan Estratégico de Cultura. Bajo el asesoramiento de un especialista catalán, la línea fundamental tendió a crear una marca registrada de Buenos Aires, presentada como “capital cultural de América Latina”. Se trataba de obtener un máximo rédito político con un moderado gasto económico a partir de convocatorias artísticas masivas en espacios públicos.

      [7] Las múltiples denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y la presentación de un recurso amparo a mediados de 2009 detuvo el accionar de esta unidad de control. Sin embargo, subsistieron los desalojos compulsivos (Carman, 2011: 186-196; Carman y Pico, 2010) y otras prácticas que desalentaban el uso del espacio público de las personas sin techo, como la colocación de rejas en las plazas o de divisiones en los bancos para evitar que ellas se recostasen.

      [8] Las políticas de omisión, apatía o prescindencia forman parte de las políticas aleccionadoras hacia los sectores populares en la ciudad de Buenos Aires (Carman, 2011). Estas políticas excluyen a una población de un programa o recurso estatal bajo argumentos tales como su falta de antigüedad o la imposibilidad de ser urbanizados, soslayando la existencia de dicha población y de su hábitat. Por otra parte, la política de exceso se dirige hacia quienes violan el principio de máxima intrusión socialmente aceptable. Esta expresión alude a un principio que obra más acá o más allá de la conciencia, y se actualiza en prácticas y apreciaciones sociales –incluidas políticas habitacionales– en cuanto a su grado de tolerancia respecto de los usos legítimos del espacio urbano. La representación prevaleciente es que solo deberían subsistir en la ciudad las villas u ocupaciones ilegales cuya ubicación geográfica coincida con el capital económico, social y cultural imputado a sus moradores (2011: 189). Ambas políticas suelen acontecer en un mismo período y territorio, lo cual arroja un abanico de prácticas oficiales contradictorias en torno a los hábitats populares que denominamos esquizopolíticas (2011: 193).

      [9] En diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió la presidencia de la nación, mientras que María Eugenia Vidal asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.

      [10] De acuerdo con las fuentes estadísticas consultadas, no hay un consenso sobre el número exacto de villas en la ciudad de Buenos Aires. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el año 2016 se contabilizaban 38 villas, asentamientos y Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT). En 2017, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) incluyó otros barrios que no estaban presentes en la fuente anterior: el nuevo cómputo ascendió a 55. En junio de 2020, el Protocolo de actuación frente a la propagación del covid-19 en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires menciona 48 villas, asentamientos y NHT.

      [11] Adorno (cit. en Butler, 2017: 197) nos advierte que la conducta moral o inmoral es siempre un fenómeno social, y todo lo que hoy podríamos llamar “moral” se nos plantea en la cuestión de cómo está organizado el mundo.

      [12] Laclau (2009: 300 y 307) analiza de qué modo se produce la unidad dentro de la heterogeneidad entre actores distintos, pero situados del mismo lado de la frontera antagónica. Retomaremos esta cuestión más adelante.

      [13] En el capítulo de Lekerman veremos, además, que las astucias prácticas y manipulaciones del self no son exclusivas de los sectores populares: los agentes estatales también burlan las normas jurídicas escritas, apelando al juego de interrelaciones que mantienen con dirigentes barriales y los habitantes.

      [14] La noción de frontera antagónica de Laclau (2009: 110) concibe a la sociedad como dos campos irreductibles estructurados alrededor de dos cadenas equivalenciales incompatibles. La cadena equivalencial refiere a la acumulación de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de manera diferenciada –cada una de ellas por separado–, lo cual establece entre ellas una afinidad. Laclau propone el ejemplo de migrantes agrarios que se han establecido en una villa y reclaman por el problema de vivienda. Si la demanda no es satisfecha, la gente puede comenzar a percibir que sus vecinos tienen otras demandas igualmente insatisfechas, tales como problemas de agua, de salud o de educación. Si las peticiones continúan sin solución, el resultado puede ser “el surgimiento de un abismo cada vez mayor que separe el sistema institucional de la población” (2009: 98-99).

      [15] En cuanto a las relocalizaciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito de la ciudad, entre 2013 y 2014 participamos en “desayunos intelectuales” organizados por el Instituto de Vivienda con el objeto de mejorar su implementación, y presentamos un informe sobre la problemática al Juzgado Federal Nº 2 de Morón a cargo de la ejecución de la causa, así como al Área Social de auditoría de las relocalizaciones de la Cámara Federal de San Martín. Junto con un equipo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y a pedido del Instituto de Vivienda, en 2016 elaboramos una evaluación y un posterior informe sobre el impacto socioeconómico de las relocalizaciones de los vecinos provenientes de la Villa 21-24 en el barrio Padre Mugica de Villa Lugano. Además de estas intervenciones específicas en la cuenca, nuestro equipo de investigación llevó adelante distintas experiencias de antropología colaborativa en barrios populares. Del año 2005 en adelante y en el marco del conflicto legal sobre la Villa Rodrigo Bueno, redactamos un informe antropológico que fue anexado al expediente judicial; participamos en audiencias públicas judiciales y encuentros legislativos; presentamos un amicus curiae con una propuesta de urbanización sustentable de la villa en el Tribunal Superior de Justicia, a pedido de la Defensoría General de la Ciudad (véase capítulo 1 de este volumen y Carman y otros, 2014). Durante los últimos años, también participamos y brindamos asistencia técnica en las mesas de trabajo por la (re)urbanización de esta villa. A esto se suman otras actividades de transferencia, como la confección de un informe sobre el asentamiento La Veredita solicitado por el juzgado interviniente; la realización y el estreno de un documental sobre la relocalización de la Villa 26; la capacitación, por medio de talleres, de equipos técnicos municipales a cargo de políticas de relocalización en la Cuenca Matanza-Riachuelo y de (re)urbanización en la Villa 31; la participación en mesas de trabajo de la Villa 31 y la Villa 20; y la colaboración en la redacción del Acuerdo por la urbanización de villas promovido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, del cual participaron más de ochenta organizaciones.

      [16] Como señala Fassin (2016: 75-77), la asignación