Historia de la República de Chile. Juan Eduardo Vargas Cariola

que existían para mantenerla, en especial el aporte de la religión a la moral y el de la Iglesia a la cultura.

      El 23 febrero de 1879 le escribió desde Lima al presidente Aníbal Pinto sobre la guerra en ciernes entre Chile y los países vecinos. El delegado desplegó varios argumentos para aconsejar que se hiciera todo lo posible para evitar la guerra entre pueblos vecinos, pues, de efectuarse el choque, se mantendrían “vivos los odios y las hostilidades por un tiempo difícil de limitarse”.

      IGLESIA Y SOCIEDAD: ENTRE LA VISITA AD LIMINA DEL ARZOBISPO VALDIVIESO DE 1859 Y SU DECESO EN 1878

      En este breve lapso, apenas 19 años, irrumpieron las cuestiones más importantes en la convivencia de la Iglesia Católica con el estado de Chile. Terminó el uso de las normas patronales indianas y se inició una fase de ásperas diferencias entre ambos al agudizarse la intervención del gobierno en los asuntos eclesiásticos y al sostener la Iglesia la más plena autonomía en su quehacer propio.

      Hacia finales del decenio de 1860 el estado de la Iglesia chilena se podría caracterizar como de tránsito cultural, político y religioso hacia un modelo europeo, con cierta originalidad. En efecto, había logrado su total reorganización, y las cuatros diócesis cumplían sus obligaciones de gestión; todos los obispos habían realizado la visita pastoral, con lo cual contaban con un buen diagnóstico de sus diócesis; los seminarios antiguos y nuevos funcionaban con regularidad y estaban abiertos a la sociedad como centros de educación básica, media y eclesiástica; el clero secular había alcanzado cierto equilibrio respecto de las necesidades de las diócesis, considerando el incremento relativo de las parroquias; se habían incorporado nuevas comunidades religiosas masculinas y femeninas que servían en la educación, en los hospitales y en las cárceles, además de ofrecer nuevos caminos de espiritualidad. Desde el punto de vista de la organización, se creó la gobernación eclesiástica de Valparaíso, nombrándose en 1872 como su titular a Mariano Casanova. El arzobispo Valdivieso, en la imposibilidad de celebrar un sínodo, optó por reeditar los dos sínodos del periodo hispánico en 1858, y solicitó en la primera visita ad limina en 1859 que la Curia romana lo apoyara en el gobierno de la Iglesia.

      Por otra parte, ella consolidó su relación con el mundo exterior. Así, el arzobispo Valdivieso realizó la visita ad limina en 1859; tres de los cuatro obispos participaron en el Concilio Vaticano I (el arzobispo Valdivieso, de Santiago; el obispo Salas, de Concepción, y el obispo Orrego, de La Serena); todos los obispos pudieron cumplir con la visita ad limina con apego a la frecuencia de 10 años; el clero secular chileno alcanzó el debido reconocimiento en Roma y en el continente gracias a representantes como José Ignacio Víctor Eyzaguirre, fundador del Colegio Pío Latinoamericano en 1856, diplomático de la Santa Sede ante los gobiernos de Ecuador, Perú y Bolivia, además de historiador y escritor eclesiástico; Justo Donoso, eximio canonista, autor de Instituciones del Derecho Canónico y Manual del Párroco Americano; Rafael Fernández Concha, autor de importantes obras de teología y filosofía, y Ramón Ángel Jara, fundador de la primera Asociación Católica de Obreros en 1878.

      LA IGLESIA Y LA ESFERA POLÍTICA

      Un punto de partida para analizar la relación entre la Iglesia y el estado en esta etapa de tránsito es el informe ad limina del arzobispo Valdivieso⁹⁹⁵. Al describir dicha relación, el arzobispo la caracterizó y la valoró. Recalcó que el gobierno siempre prestaba su auxilio cuando la Iglesia se lo pedía para hacer cumplir las leyes eclesiásticas y las sentencias de sus propias autoridades. Pero advertía que solo consentía en que se promulgaran las disposiciones de la Iglesia, aunque fueran para uso privado o emanaran de la Santa Sede, si procedía primero su exequatur.

      Observaba Valdivieso que para conceder o negar el exequatur no había otra regla que la “voluntad o capricho” del gobernante, y aunque algunas veces en el decreto que lo negaba se sugería suplicar a la Santa Sede suspender lo ordenado en la materia, advertía que “no tengo noticias que una sola vez se haya elevado tal súplica, por manera que aquello no es más que una simple formula”.

      Observó Valdivieso que el gobierno, para asegurar esta traba puesta a la potestad de la Iglesia, hacía jurar a los obispos antes de consagrarse que no ejecutarían la bula, breve o rescripto pontificio sin el correspondiente exequatur de la autoridad competente. Y agregó que de ese juramento —que el mismo había prestado— estaba informada la Santa Sede y que lo había reprobado.

      El arzobispo de Santiago se detuvo en la práctica de pedir licencia para ocurrir a la Santa Sede, sin perjuicio de someter al exequatur lo que esta dispusiera después de obtenida aquella licencia. Esta restricción se introdujo por la ley de 1 de febrero de 1837, sobre organización de los ministerios, y al detallar las atribuciones del ministro de Justicia y Culto declaró que le correspondía “el examen de las solicitudes de cualquier clase que fuere y que se hiciese a la Silla Apostólica o a cualquier autoridad o establecimiento eclesiástico que existiese fuera del territorio de la república”.

      Sobre el recurso de fuerza hizo notar que su utilización había relajado completamente la subordinación de los religiosos respecto de sus superiores, haciéndolos caer “en cierta dependencia servil de los gobiernos”, por lo que siempre estaban dispuestos a hacer su voluntad. Explicó que las prelacías eran muy apetecidas por los regulares y que para obtenerlas buscaban el apoyo del gobierno, lo cual, a su juicio, no significaba que protegieran sistemáticamente la corrupción, sino que cuidaban poco de conocer bien al que patrocinaban. Era, según la apreciación de Valdivieso, una modalidad empleada por el gobierno para “extender su clientela en todas las clases de la sociedad”.

      Por otra parte, el arzobispo reconocía el apoyo del gobierno en aportes al seminario, construcción y reparación de las iglesias, sueldos al clero y subvenciones para el culto en la catedral.

      Acerca de la tolerancia religiosa subrayó su amplitud, y dio como ejemplo el caso de la universidad, en la que los protestantes podían ser miembros. Como de entre ellos se elegían los decanos de las facultades que formaban el Consejo Universitario, que dirigía la educación, podía ocurrir que “enemigos de la religión católica” formaran parte de la corporación superior en materia de educación.

      Otra práctica objetada por Valdivieso era la licencia que daba el gobierno para que los obispos se reunieran en concilios provinciales o en sínodos, con la circunstancia agravante de que revisaba y aprobaba los estatutos que se discutían en ellos. Los obispos podían, sin embargo, dictar ordenanzas episcopales y promulgarlas sin revisión ni previa autorización del gobierno.

      Según las leyes españolas aún vigentes, el obispo carecía de libertad para nombrar por sí y sin la cooperación del gobierno a los superiores y profesores del seminario, y aun los planes de estudios necesitaban la sanción oficial. Sin embargo, en la práctica chilena todo estaba sometido a la voluntad del obispo, salvo para el nombramiento de rector, que requería la aprobación gubernativa.

      Si bien la Iglesia chilena recibía la protección del gobierno, concluía el arzobispo de Santiago, este ponía trabas a la libertad eclesiástica, lo que con un mal gobernante podría causar graves daños a la religión.

      Las afirmaciones que el arzobispo registró en el informe ad limina reflejan las dos visiones que tenía sobre la relación Iglesia-Estado: la patronal hispánica y el anhelo de una convivencia con plena libertad de la iglesia, sin renunciar al apoyo estatal. La estructura cognitiva de Valdivieso cambió respecto de la relación entre lo eclesial y lo civil desde su regreso de Roma con ocasión de la primera visita ad limina, la cual se consolidó después de participar en el Concilio Vaticano I, en 1869.

      El paso más explícito y claro se observa en 1865, al publicar la pastoral sobre los errores condenados por la encíclica Quanta Cura y el Syllabus. El arzobispo y los demás obispos pasaron a la fase de lucha contra el liberalismo político, que buscaba separar la Iglesia y el Estado y darle un marco jurídico a la tolerancia religiosa. En esta lucha, como se trata en detalle más adelante, no se descuidó la intervención del clero