La ruralidad que viene y lo urbano. Absalón Machado Cartagena

propio para su desarrollo sostenible y digno.

      Vivimos en una encrucijada y no hemos hallado la forma de salir de ella. Si bien el modelo adoptado deja buenos dividendos a las élites y sectores de altos ingresos (clases hegemónicas), mantiene en la desesperanza al grueso de la población que vive y trabaja en la ruralidad, y a aquellos que por diversas razones han debido abandonar el campo ubicándose en las ciudades en medio de las frustraciones y sin posibilidades certeras de progreso (clases subalternas).

      Ante este panorama, es necesario reinventarlo casi todo: lo urbano, lo rural y sus relaciones. Por ello, le apostamos a una propuesta que se ocupe de la ruralidad y sus relaciones con lo urbano, como la punta de lanza de un proceso más comprehensivo que abarque paulatinamente diversos ámbitos de la sociedad. Una aproximación similar deberá hacerse sobre la realidad urbana, donde hay avances con propuestas como las generadas en Colombia por la Misión Sistema de Ciudades (Dirección Nacional de Planeación [DNP] y Banco Mundial, 2014), que fue complementada con las propuestas de la Misión para la Transformación del Campo (2015) y las más generales originadas en el marco de la Nueva Agenda Urbana Hábitat III de las Naciones Unidas.

      El sector campesino de los pequeños productores pobres del campo se encuentra amenazado por cuatro grandes tendencias: la acelerada urbanización y la metropolización, el desarrollo inequitativo de los mercados y el consumismo, la ineficacia e inadecuación de las políticas públicas y los procesos de modernización productiva, sin contar el cambio climático. Estas tendencias arrinconan y sacan de sus parcelas y proyectos de vida a muchos productores a medida que la competitividad se torna el rasero para permanecer en el mercado.

      El país ha ensayado diversos tipos de políticas para resolver el problema agrario y rural. La mayoría de ellas pueden considerarse un fracaso, como por ejemplo, el modelo de desarrollo emprendido para la agricultura y el desarrollo urbano. Programas como el Plan Nacional de Rehabilitación, el Desarrollo Rural Integrado y la Reforma agraria, entre otros tuvieron impactos marginales en la solución de la pobreza rural y no generaron las condiciones necesarias para iniciar el cambio frente a un modelo que acentúa los desequilibrios rurales-urbanos. En ese sentido, es previsible que el nuevo esquema de desarrollo rural con enfoque territorial enunciado, el cual se encuentra en marcha en varios países de América Latina, produzca resultados parecidos. Esto se debe a la forma como están diseñados los programas y proyectos, buena parte de ellos son concebidos por una burocracia pública alejada de la realidad, y también a los métodos adoptados por los gestores y ejecutores para adelantar programas y proyectos sin una coordinación real y efectiva, los cuales además operan en el marco de una institucionalidad desarticulada que todavía maneja criterios sectoriales y carece de integralidad.

      La Reforma agraria colombiana, formulada en 1961, propuso la reestructuración del minifundio y la desconcentración de la propiedad rural, pero el Estado hizo muy poco y mal hecho, para resolver los problemas generados por la desigualdad. No tuvo la intención política de eliminar los factores conducentes a tal situación. El profesor Albert Berry en su último libro, Avance y fracaso en el agro colombiano, siglos XX y XXI (2017), indica que lo perdido por las malas políticas agrícolas, practicadas en Colombia desde los años 60, ha sido demasiado.

      Las propuestas del Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia rural (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011), el acuerdo agrario y sobre cultivos ilícitos de la Habana (Mesa de Conversaciones, 2016), las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo (2015) en El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz, las provenientes de la Banca multilateral, la FAO y otros organismos internacionales son muy valiosas, pese a que enfocan las políticas públicas en muchos lugares comunes. Se sitúan más cerca de la estabilización de un modelo de desarrollo, que imita los implementados en países más industrializados con algunas adaptaciones, pero lejos de visualizar una ruralidad estructuralmente diferente. Aunque no todo en ellas es descartable, resultan insuficientes por sus enfoques: la falta de miradas hacia un mayor largo plazo, una contextualización regional más precisa y la poca consideración que hacen de las relaciones rural-urbanas.

      El Informe nacional de desarrollo humano para Colombia, Colombia rural, (PNUD, 2011) indicó que el modelo de desarrollo seguido por el país:

      1. No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerable la población rural.

      2. Es inequitativo y no favorece la convergencia.

      3. Invisibiliza las diferencias de género y discrimina a las mujeres.

      4. Es excluyente.

      5. No promueve la sostenibilidad.

      6. Concentra la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos.

      7. Es poco democrático.

      8. No afianza la institucionalidad rural.

      9. Genera un proceso de destrucción de lo rural debido al seguimiento de las reglas del mercado y la forma como lo urbano invade la ruralidad.

      Esto produce una migración perversa, que causa un despoblamiento innecesario de la ruralidad, y concentra la población en centros urbanos cada vez menos sostenibles y más caóticos. Adicionalmente, estimula el uso de insumos y tecnologías que conllevan serios conflictos con el medio ambiente; no involucra oportunidades para que todos los habitantes disfruten un mejor bienestar; reafirma la idea de que los pequeños productores son ineficientes y no pueden competir en los mercados y que, por lo tanto, no tiene sentido implementar políticas públicas para buscar mejoras en su competitividad. Este constituye un modelo de acumulación codiciosa y egoísta, fundamentado en buena medida en el ejercicio de la violencia y el desconocimiento de los derechos humanos fundamentales.

      En un plano más general, el modelo de desarrollo económico y social, que ha orientado el rumbo del país, ha conducido a varias encrucijadas y serias dificultades para transformar los factores estructurales que impiden el desarrollo y el avance de la democracia en la sociedad. Colombia es un país relativamente estancado a pesar de contar con una dotación privilegiada de recursos naturales y una población con grandes capacidades. Las élites, que se han alternado el ejercicio del poder (clase dirigente), no han tenido una visión de país y actúan más en favor de la satisfacción de sus intereses personales y los de pequeños grupos en el corto plazo. Así pues, una porción significativa de la población no ha tenido la oportunidad de incorporarse al desarrollo y lograr el disfrute de los beneficios de una modernidad incluyente.

      Colombia ha asistido, desde los años 50 del siglo pasado, a un proceso intenso de colonización desordenada de los territorios existentes en zonas donde la calidad de los suelos es pobre y el Estado no ejerce los controles que le corresponden, ni ha establecido una institucionalidad adecuada para atender a los migrantes o colonos y garantizar los derechos humanos. Allí, se ha asentado la producción de cultivos de uso ilícito como la coca, materia prima del narcotráfico y las mafias derivadas. Esto genera múltiples problemas, conflictos, ilegalidad, conductas criminales, violaciones contra los derechos humanos, corrupción, violencia y sojuzgamiento de las poblaciones por parte de actores en la ilegalidad. Esos cultivos, la colonización, el narcotráfico, la violencia, la pobreza rural y la carencia de una reforma agraria y rural constituyen fenómenos altamente interrelacionados con la problemática social y rural colombiana.

      En los últimos sesenta años, el país vivió un conflicto armado interno donde participaron varios grupos al margen de la institucionalidad, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El primer grupo se encuentra hoy desmovilizado en buena parte gracias a la firma del Acuerdo de Paz en la Habana y luego en una ceremonia en el Teatro Colón en Bogotá. Se ha discutido mucho sobre los orígenes de esta confrontación armada y sus diversos géneros y modalidades. Ese debate fue notorio durante la negociación en la Habana y aún persiste con visiones y enfoques diversos, sin que exista en el país un acuerdo al respecto. La diversidad de opiniones y concepciones sobre las causas del conflicto quedó expresada en los doce documentos escritos por expertos durante las discusiones (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015).

      El gobierno de Iván Duque apoya la tesis de que en Colombia no existió un conflicto