El destape. Natalia Milanesio

que ni el cambio de la cultura sexual ni sus resultados fueron mecánicos, predecibles u homogéneos.

      El destape es una historia social y cultural de la sexualidad basada en una amplia variedad de voces: directores de cine, escritores, académicos, educadores, periodistas, terapeutas sexuales, médicos, activistas por los derechos de gays y lesbianas, feministas, telespectadores, lectores, expertos en planificación familiar y el Estado. También incorpora a la Iglesia católica y diversas instituciones católicas dado que fueron los opositores más acérrimos del destape. El análisis está construido sobre un conjunto amplísimo de fuentes primarias como revistas, películas, programas de televisión, publicidades, manuales y libros de sexología, novelas, encuestas, estadísticas y el archivo de la editorial Perfil, responsable de algunas de las publicaciones más icónicas del destape. Además, utiliza entrevistas orales con militantes feministas, sexólogos, periodistas y educadores sexuales así como sus archivos personales. Incluye asimismo, un extenso trabajo con boletines, investigaciones y documentos institucionales de organizaciones feministas, gays, lesbianas, sexológicas, católicas y del Episcopado Argentino. Para integrar de manera efectiva esta variedad de fuentes, este libro emplea herramientas metodológicas y teóricas de los estudios culturales, la teoría feminista, la historia oral y los estudios sobre cine y medios de comunicación.

De la dictadura a la democracia

      Después de casi dos décadas en el exilio, Juan Domingo Perón regresó a la Argentina en 1973 para asumir la presidencia por tercera vez. La alta volatilidad social y política existente se incrementó con el creciente enfrentamiento entre la organización peronista Montoneros y los sectores peronistas de derecha comandados por el ministro de Bienestar Social y secretario privado de Perón, José Lopéz Rega, impulsor del grupo paramilitar Alianza Anticomunista Argentina o Triple A. Cuando Perón murió en 1974 y su viuda y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón (conocida como Isabel Perón) asumió la presidencia, el país se sumergió en un profundo caos marcado por la falta de liderazgo político, la crisis económica y la ascendente violencia entre la derecha y la izquierda peronistas. En este contexto y comandado por el general Jorge Rafael Videla, un golpe de Estado militar derrocó a Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 y estableció el Proceso de Reorganización Nacional con el objetivo de derrotar al movimiento revolucionario y defender los valores occidentales y cristianos.

Las Fuerzas Armadas prohibieron las actividades políticas y sindicales, ordenaron el cierre del Congreso nacional y de las legislaturas provinciales, removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, proscribieron las huelgas y censuraron y silenciaron a los medios de comunicación, la cultura y la academia. El sector financiero, por su parte, se convirtió en el eje de la economía mientras los niveles de concentración económica aumentaron sustancialmente. Con el desmantelamiento de las tarifas aduaneras, la regulación del crédito y la imposición de nuevas tasas de interés y controles de cambio, muchos sectores de la industria no pudieron competir con los bienes importados y, en consecuencia, la producción disminuyó en un 20%. Asimismo, el crecimiento de la inflación y la recesión contribuyeron al desempleo y a la caída de los salarios reales. Pero la marca más indeleble de la dictadura militar fue su programa de represión despiadada, que no solo sumió a la sociedad argentina en un clima de fragmentación social, desconfianza y miedo sin precedentes sino que dejó el trágico legado de los desaparecidos.[8]

En 1982, la derrota argentina en la guerra de Malvinas contra Inglaterra –desencadenada con la invasión de las islas, ocupadas por los ingleses desde 1833, para ganar apoyo popular– los conflictos al interior de las Fuerzas Armadas y el agravamiento de la crisis económica precipitaron el comienzo del fin para el régimen. Una serie de huelgas generales, manifestaciones públicas de descontento y las denuncias por violaciones de los derechos humanos encabezadas por las Madres de Plaza de Mayo fueron también factores importantes en el debilitamiento de la dictadura. En este clima explosivo, los partidos políticos y las Fuerzas Armadas negociaron la convocatoria a elecciones para octubre de 1983 y Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la nación el 10 de diciembre de ese año. Alfonsín había sido el motor de la renovación de la Unión Cívica Radical, había criticado abiertamente a la dictadura e integrado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos fundada en 1975. En calidad de abogado, asumió la defensa legal de prisioneros políticos y, como líder del partido, propuso un amplio programa de renovación social y estatal. Alfonsín hizo de la democracia el eje de su campaña electoral, y al asumir la presidencia la entendió como la herramienta para solucionar los innumerables y diversos problemas que afligían al país.[9]

      El gobierno radical identificó a la modernización cultural, la participación política, la libertad de expresión, el pluralismo social y los derechos humanos como objetivos centrales para la reconstrucción democrática. Sin embargo, el camino hacia la recuperación política y económica y la sanación social estuvo plagado de innumerables obstáculos. Además de enfrentar una inflación incontrolable y el aumento de la deuda externa y el déficit fiscal, el gobierno sufrió la oposición de los líderes sindicales peronistas que luchaban en contra del deterioro del salario real, por la mejora de las condiciones de vida y por el control de los gremios. También sufrió la oposición, por un lado, de la Iglesia católica por temas como la ley de divorcio y el programa de secularización de la educación y, por otro, de los sectores empresariales por los intentos de control de precios, la tasa de cambio y las restricciones al crédito. A pesar de estas dificultades y conflictos, el gobierno no descuidó, inicialmente, su política de derechos humanos. En 1983, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y en 1985 el Juicio a las Juntas condenó a cinco de sus miembros. Sin embargo, la presión de las Fuerzas Armadas y los levantamientos militares carapintadas forzaron al gobierno a aprobar, a pesar de la resistencia ciudadana, la Ley de Punto Final, que en 1986 estableció el fin de las acciones legales por crímenes cometidos por la dictadura. Un año después, la Ley de Obediencia Debida determinó que los delitos –con excepción de la apropiación de niños y/o inmuebles– cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas por debajo del rango de coronel no eran punibles, ya que los subordinados habían actuado bajo las órdenes de sus superiores.

Entre 1987 y 1989, los problemas del gobierno radical aumentaron exponencialmente: conflictos internos del partido, levantamientos militares y, en enero de 1989, el intento de ocupación del cuartel de La Tablada por parte de la organización política y guerrillera Movimiento Todos por la Patria. Ese mismo año, la imposibilidad del gobierno de pagar la deuda externa, la devaluación del peso que en febrero devoró los ahorros de los argentinos, la hiperinflación imparable y los saqueos de supermercados en mayo, que fueron duramente reprimidos, obligaron a Alfonsín a adelantar seis meses la fecha del traspaso de poder al nuevo gobierno encabezado por Carlos Menem.[10]

Cambio histórico, transición democrática y la historia de la sexualidad

      El destape no es una historia comparativa de la sexualidad en la dictadura y en la democracia. Es, en cambio, una historia de la cultura sexual argentina que surgió en 1983 con la caída del régimen militar. La dictadura es clave para entender el destape de los ochenta porque es el contexto histórico inmediato que permite apreciar la naturaleza y el impacto de los cambios que ocurrieron después de su derrumbe. Es por ello que para situar al destape en perspectiva histórica, cada capítulo incorpora el análisis de diversos aspectos de los años sesenta y setenta. Sin embargo, el libro se enfoca en el destape, reafirma su especificidad histórica y lo identifica como un objeto de estudio particular y novedoso. Esta clarificación es importante porque el destape se encuentra en una posición inusual y un poco “incómoda” tanto en términos históricos como historiográficos: ocurrió durante el regreso de la democracia, un período abordado fundamentalmente desde la ciencia política, y está situado cronológicamente después de la dictadura militar, uno de los temas más estudiados de la historiografía argentina.

Aunque los estudios sobre la dictadura de los setenta comenzaron recién en la década de los noventa, el tema es el protagonista indiscutido del campo que la academia argentina llama “historia reciente”. Las investigaciones se han centrado principalmente en la violencia política, tanto por parte del Estado