La monarquía en el siglo XXI. Jordi Canal

      La visión general de la etapa juancarlista no quedaría completa sin aludir a algunos errores y problemas, que, con la nueva centuria, se agravaron y pusieron en jaque al rey. Destacan, entre ellos, la falta de transparencia de la institución monárquica, las relaciones con el medio periodístico, los escándalos económicos de personas estrechamente vinculadas al rey, las disfunciones familiares y la imprudencia generada por el exceso de confianza. No empañan, en ningún caso, un gran reinado, que no debería, me parece, ser solamente valorado por su singular desenlace.

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      Ni la legitimación democrática ni la popularidad de la monarquía de Juan Carlos I tras el 23-F pueden hacerse automáticamente extensibles, sin embargo, a la monarquía en general. Tampoco deben considerarse como definitivamente adquiridas. Las monarquías parlamentarias, como las repúblicas, necesitan ser consolidadas día tras día; el implícito pacto con la ciudadanía requiere, a fin de cuentas, renovación constante. El papel del rey, al frente de una auténtica monarquía republicana —o república coronada, como veremos en el siguiente capítulo—, es fundamental. En una encuesta de Demoscopia publicada en el diario El País, en los inicios de este milenio, tres de cada cuatro personas interrogadas se manifestaban de acuerdo con la siguiente aseveración: “Más que la monarquía en sí misma, todo depende de cómo sea el rey”.

      Tom Burns Marañón relata, en La Monarquía necesaria (2007), unos diálogos con don Juan Carlos en los que este confesaba su pretensión de convertir las adhesiones a su persona en adhesiones a la institución por él representada. El rey de España sostenía que era necesario avanzar de la consolidación de la monarquía constitucional hacia una Corona constitucional plenamente aceptada por la sociedad española, que debía ser el legado que recibiría el entonces príncipe Felipe.