Durante el último año y medio, el teletrabajo ha sido protagonista indiscutible del debate iuslaboralista, lo que ha propiciado la publicación de estudios centrados, mayoritariamente, en el análisis exegético del escueto marco legal, representado primero por el RDL 28/2020 y más recientemente por la LTD 10/2021. Dos consideraciones, muy relacionadas con el libro que se presenta, son pacíficas: la primera, el papel decisivo que se ha asignado a los convenios colectivos en la labor de concretar y desarrollar el marco legal definido en los citados textos; la segunda, el protagonismo judicial en la integración de aquellas lagunas que no logre colmar la negociación colectiva. En este sentido, las expectativas puestas en la intervención convencional sectorial son elevadas, como también lo es la tarea que los tribunales han de afrontar en la resolución de los conflictos que ya empiezan a acumularse y que, sin duda, aumentarán conforme las empresas, una vez superada la pandemia sanitaria, integren el teletrabajo en su modelo productivo ordinario, ya no de manera coyuntural. Este es, se advierte ya, el «terreno» en el que se mueve el presente estudio, alejado del debate doctrinal sobre cuestiones teóricas, de indudable trascendencia, pero que no encajan en estas páginas. Hasta ahora, lo más frecuente era encontrar comentarios puntuales sobre alguna sentencia de interés, o sobre la forma en que un convenio concreto abordaba alguna de las remisiones más llamativas, como la desconexión digital o la compensación de gastos. Parecía, pues, oportuno, con la visión que ofrece un año de experiencia convencional y judicial, acometer una labor de sistematización y actualización de dichos contenidos, labor a la que dedicamos el presente trabajo en sus anunciadas dos partes bien diferenciadas: negociación colectiva y aplicación judicial.
La obra mediante una presentación interactiva, realiza un análisis sistemático y transversal de la problemática que encierra la fiscalidad directa e indirecta de las Fuerzas Armadas (adscritas al Ministerio de Defensa) y la Guardia Civil (adscrita al Ministerio del Interior). El estudio identifica toda la problemática jurídica existente desgranando de una forma ordenada por impuestos, la solución dada por la jurisprudencia ya dictada en relación con las distintas controversias interpretativas que pueden surgir entre este colectivo y la Administración Tributaria. En particular, el libro aborda la casuística específica que comprende la tributación de estas Instituciones y de sus miembros a través de un análisis riguroso de la legislación nacional e internacional, la jurisprudencia y doctrina administrativa aplicable, ofreciendo distintas propuestas de reforma para la resolución de los conflictos. Así, a través de un lenguaje claro, los autores realizan un recorrido exhaustivo por toda la casuística que encierra la fiscalidad directa e indirecta de las Fuerzas Armadas y de sus miembros cuando operan en España, así como la distinta problemática impositiva que se deriva cuando las Fuerzas Armadas se desplazan a otros territorios para cumplir con las misiones encomendadas en el ejercicio de su función.
Con este trabajo se lleva a cabo un estudio de los registros de dispositivos de almacenamiento masivo y los registros remotos informáticos como medidas de investigación tecnológica y su eficacia probatoria en el proceso penal. Asimismo se estudian en profundidad las disposiciones comunes a todas las diligencias de investigación tecnológica.
En el proceso penal español se puede reclamar la responsabilidad civil no solo al autor del delito, sino a quien se benefició de sus efectos, por más que no participara de él ni lo conociera. Se trata del partícipe a título lucrativo, una figura que se enuncia en el art. 122 CP, pero no se desarrolla en ninguna otra norma, y cuyo régimen ha sido elaborado jurisprudencialmente. En esta obra se realiza un estudio detallado de dicha reclamación, situándola en el ámbito del enriquecimiento injusto y limitándola en su ejercicio a quien recibió el daño, sin que pueda ser actuada de oficio por el Ministerio Fiscal. Analizando la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de los últimos veinticinco años, se desarrollan todos los aspectos del régimen jurídico de la figura, y se la pone en relación con otras similares como el decomiso o la responsabilidad contable. Como señala Manuel Marchena en su Prólogo, esta obra «va a contribuir, sin duda, a aportar claridad a la restitución de lo obtenido indebidamente, obligación que no siempre ha sido debidamente fundamentada».
Sin energía eléctrica la vida, tal y como es concebida en la actualidad, no sería posible. Por esta razón, su suministro se considera esencial y queda sujeto a una intervención particularmente intensa por parte de la Administración Pública, constituyendo así uno de los conocidos como «sectores regulados». Una realidad que conforma un sistema eléctrico vertebrado por un conjunto de elementos tecnológicos, jurídicos, económicos y políticos, entre otros, que se encuentran en permanente interacción. Por ello se emplea en este ámbito el término regulación, no sólo como ordenación jurídica de una determinada actividad, sino como conjunto de técnicas al servicio de una misma finalidad.
Una vez sentado lo anterior, debe advertirse que el sector energético ha sido considerado tradicionalmente como uno de los sectores regulados más complejos, puesto que ha presentado desde sus orígenes una serie de singulares características técnicas que han dificultado especialmente la elaboración de regímenes jurídicos y económicos capaces de lograr el deseado equilibrio de intereses. Una complejidad que, en la actualidad, aumenta exponencialmente por razón de la transición energética hacia la descarbonización de la actividad económica en la que nos hallamos inmersos. Se trata de un proceso, movilizado por las exigencias climáticas y facilitado por la revolución tecnológica, que está introduciendo en el sector energético innovaciones absolutamente disruptivas. Entre todas, destaca el autoconsumo de energía eléctrica con fuentes renovables, núcleo esencial de las novedosas comunidades energéticas y, en términos más amplios, del modelo de generación distribuida.
En el presente libro puede encontrarse un detallado estudio de las medidas regulatorias establecidas para el autoconsumo de energía eléctrica por el derogado -en su práctica totalidad- Real Decreto 900/2015 y por el vigente Real Decreto 244/2019, comparando el tratamiento aplicado por uno y otro a los diferentes aspectos vinculados
Francisco Javier Sanmiguel Sánchez
La búsqueda e investigación de los distintos elementos interpretativos (gramaticales, históricos, sistemáticos, sociales…) deben situarse en función de la llamada teleología jurídica de la legislación básica y complementaria de aguas, y también situarse en las disciplinas interrelacionadas de las que ya se habló en la anterior obra de esta Editorial y autor «Derecho Práctico de Aguas». Esta nueva obra obedece a un plan de diseño, de investigación interna y de plasmación externa, de Sistemas Teóricos y Prácticos del Derecho de Aguas: en las siguientes líneas de comprensión: a)Los sistemas teóricos se centran en rasgos conceptuales, enraizados en sus naturalezas jurídicas, con proyección en el actual estado de cosas, según criterios clásicos y evolutivos de la doctrina de los autores y de la jurisprudencia. b)Los sistemas prácticos, de corte casuístico y consecuente difícil interpretación, tratan de allanar esa dificultad y extender su aplicación a otros supuestos semejantes desde la óptica de una metodología adecuada que desvele el elemento aglutinador o de agregación homogénea, además de la investigación del elemento diferenciador. En suma, la solución jurídica en materia hídrica pasa por detectar las señales normativas del Derecho de Aguas y de otras disciplinas jurídicas interrelacionadas sobre los hechos selectivos de aplicación en la búsqueda de la «orientación material de la norma y su espíritu». En materia de aguas al estudiar la extensión de las facultades de las Administraciones hidráulicas y de los derechos de las personas, tanto físicas como jurídicas, es preciso adentrarse en las ramas pública y privada del Derecho: los marcadores relevantes de los textos normativos, jurisprudenciales y doctrinales que pretende abordar esta obra «Sistemas Teóricos y Prácticos del Derecho de Aguas».
Mª del Carmen Cazorla González-Serrano
Con nuevos modelos de vida donde la mujer ha retrasado la maternidad y dedica más años a su formación universitaria y desarrollo profesional posponiendo el deseo reproductivo, la disminución de la posibilidad de gestación en España, es hoy una realidad. Los factores ambientales también han producido en los hombres más problemas de infertilidad y, debido a todo ello, el número de tratamientos de reproducción humana asistida que se están realizando en nuestro país es cada vez mayor. España cuenta con una legislación más permisiva que otros países y una excelente calidad técnica y asistencial de los profesionales en los centros de reproducción, lo que la sitúa a la cabeza como uno de los países líderes en reproducción humana asistida en el mundo.
Ahora bien, sin dejar un abismo de duda sobre la necesidad y reclamo en nuestra sociedad de estas técnicas, la presente monografía centra su estudio en el Informe emitido el pasado año por el Comité de Bioética Español en aras a levantar el velo y, permitir a todos aquellos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida con material genético de donante, conocer quién o quiénes son los portadores de su carga genética.
La actual regulación jurídica del acceso a la identidad del donante nos lleva a plantearnos el debate social, ético y moral sobre el choque frontal que puede propiciar con distintos derechos fundamentales reconocidos por nuestro ordenamiento y, especialmente, con el derecho a la identidad y libre desarrollo de la personalidad reconocido constitucionalmente.
¿Debe preservarse entonces el anonimato de los donantes de gametos en las TRHA?, ¿de qué modo se hace?, ¿qué intereses, y de quiénes, se protegen con ello?, ¿cómo se justifican?, ¿qué piensan los donantes de gametos sobre este anonimato y sobre las «compensaciones» que reciben?, ¿y los hijos nacidos mediante estas técnicas respecto al derecho a su identidad? ¿habría un descenso inminente de las donaciones tras el levantamiento del anonimato? Estas y o
La presente obra afronta el estudio de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, cuyo objeto es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París, lo que implica «facilitar la descarbonización de la economía española, su transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y contribuya a la reducción de las desigualdades» (artículo 1). El futuro del planeta pasa por cumplir esos objetivos, y en lo que a nuestro país se refiere se trata esta de una ley compleja cuyo cumplimiento corresponde a todas las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, y que afecta a múltiples ámbitos sectoriales. Una norma que además va a requerir de futuros desarrollos normativos y de redoblar esfuerzos para combatir los ya perceptibles efectos del cambio climático. Esta obra completa el catálogo de Thomson-Reuters Aranzadi.
En esta segunda edición, además de incorporar alguno de los principales pronunciamientos jurisprudenciales más recientes, se actualiza con las reformas legislativas que afectan a la materia, tanto en lo referente a cuestiones más o menos tangenciales, como puede ser, entre otros, el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, o el Reglamento (CE) 1215/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, como también las relativas a temas más específicos como la Ley 42/2015, de 5 de octubre o la Ley 5/2018, de 11 de junio, de reforma o modificación de la LEC. La obra amplía su contenido incorporando dos procedimientos civiles que instrumentan la técnica monitoria como es el incidente cautelar en el desahucio de vivienda okupada (artículos 250.1.4º, 437, 441 y 444 LEC) y también el monitorio para la reclamación de créditos a través de notario (artículos 70 y 71 de la Ley del Notariado). Por lo demás, se mantiene el esquema expositivo. Tras una referencia a la técnica monitoria, su naturaleza y principales caracteres definitorios, se analiza con detalle la regulación del procedimiento monitorio contenida en los artículos 812 a 818 LEC, incluidas las especialidades previstas para los gastos de comunidad en el art. 21 LPH. Igualmente, se estudia el monitorio europeo contemplado en el Reglamento (CE( 1896/2006, de 12 de diciembre. Y el estudio se completa con el resto de procedimientos que incorporan la técnica monitoria, esto es, el juicio cambiario (arts. 819 a 827 LEC), el desahucio por falta de pago (art. 440.3 y 4 -LEC) y el incidente cautelar para la recuperación de vivienda okupada (arts. 250.1.4º, 437, 441 y 444 LEC), el monitorio para la reclamación de derechos y suplidos por el procurador y de honorarios por el
La democracia como forma de gobierno se enfrenta, con los años, a importantes retos políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos. La tecnología como conjunto de herramientas de ingente potencial y que entraña serios riesgos, ha ido acompañando aquel proceso de evolución y cambio democrático. La crisis sanitaria y la emergencia que el Estado de Alarma ha provocado, han puesto de relieve nuevos usos, nuevos efectos e interrogantes del binomio democracia/tecnología. Este libro pretende reflexionar sobre tales asuntos en tres grandes ámbitos de participación: a) la participación ciudadana, la comunicación, los partidos políticos, las plataformas y redes sociales. b) en el ámbito interno de los Parlamentos y en la actividad que dentro de ellos se desarrolla y, c) en los procesos electorales que aplican tecnologías en su desarrollo.