Acción para la conciencia colectiva. Anderson Manuel Vargas Coronel

el cese de la militarización de las zonas agrarias y el restablecimiento de plenas libertades democráticas. Para que lo anterior sea posible demandamos la derogatoria del estatuto de seguridad y el levantamiento del Estado de Sitio”⁶¹.

      La consigna para quienes se oponían de manera abierta al Estatuto de Seguridad y al estado de sitio era clara y constituía un llamamiento directo para la movilización en su contra. Las razones para ello convergían en la denuncia sobre las intenciones del Gobierno que, tras la lucha contra la insurgencia, utilizaba las medidas como plataforma para silenciar las demandas sociales y anular la protesta social. El presidente de la Federación Nacional Agraria —FANAL— señaló la forma como dicho estatuto hizo parte de una estrategia gubernamental para golpear a los sectores populares y, especialmente, al campesinado, en un intento por erradicar los sindicatos agrarios. En ese mismo sentido, Alfredo Vásquez Carrizosa denunciaba la cacería de brujas en que se convirtió el estatuto:

      El desquiciamiento del orden constitucional producido por el estado de sitio indefinido que soporta el país, sumado a la implementación del estatuto de seguridad que de manera tan notoria ha comprometido los derechos humanos con la falta de garantías en los procesos penales militares, asume caracteres de mayor perturbación institucional con ese precedente de la intervención de uno de los ministros del despacho ejecutivo en situaciones individuales que deben ser objeto de sentencias definitivas pasadas a la categoría de cosa juzgada, sin la intromisión del gobierno⁶².

      Ante las acusaciones, el presidente utilizaba sus pronunciamientos públicos y giras internacionales para desmentirlas: “En Colombia no existe un silencio impuesto por las bayonetas, sino una fecunda paz con libertades”⁶³. Dichas declaraciones contrastaban con el aumento de penas y con los procedimientos que desnaturalizaban las labores de la defensa y, con ello, de la administración de justicia⁶⁴. Estas circunstancias, sumadas a la presión nacional e internacional, llevaron a un punto de inflexión sobre el carácter militarista adquirido por el Estado y con el pasar de los días, el asunto se convirtió en un verdadero escándalo. Uno de los acontecimientos más representativos, se desarrolló en el Congreso de la República durante un debate sobre las ‘bondades del Estatuto de Seguridad’ que terminó convertido en un acto de confrontación directa al Gobierno:

      …el ministro Felio Andrade informó a los legisladores que hoy día existen 28.680 reclusos en los 181 establecimientos carcelarios que tiene el país, de los cuales 1.829 se encuentran condenados en primera instancia 5.744 en segunda y, curiosamente, la gran mayoría el 73,59 % se hallan privados de la libertad por un simple auto de detención.

      …el hecho de tener recluidos a más de 20.000 ciudadanos merced a una medida precautelativa es a todas luces una flagrante violación a los derechos humanos y una muestra palpable del desbarajuste en que se encuentra el sistema inquisitivo colombiano⁶⁵.

      1.2.3. Del reconocimiento a la condena internacional

      La desmesurada reacción de la fuerza pública luego del robo de armas del Cantón Norte generó una voz de alarma que se expandió alrededor del mundo, las agencias internacionales de noticias no solamente siguieron la espectacularidad del operativo insurgente, sino que transmitieron los abusos cometidos por el Estado colombiano en contra de los ciudadanos. Ante la situación, la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República reaccionó por medio de un comunicado en el que señalaba:

      …el día de hoy se han hecho conocer cables provenientes de agencias internacionales en los cuales un supuesto organismo defensor de los derechos humanos, con sede en Nueva York, afirma dentro de la estrategia puesta en marcha por los enemigos del Estado y de sus fuerzas armadas que se ha institucionalizado en el país el régimen de torturas […] El gobierno tiene suficiente autoridad moral para defender en los foros nacionales y extranjeros los derechos humanos que la legislación colombiana protege y que las autoridades legítimamente constituidas respetan y preservan⁶⁶.

      La reacción del Estado para limpiar su imagen contó nuevamente con el apoyo de los EE. UU. que, en informe del Departamento de Estado, señaló a naciones como Nicaragua o El Salvador como los países que más presentaban violaciones a los DD. HH., aclaró que el estudio no incluyó a Argentina, Chile o Brasil cuyos Gobiernos estaban siendo acusados reiterativamente de violar los DD. HH., mientras de Colombia apenas contenía una incipiente referencia en la que afirmaba: “…la situación mejoró el año pasado”⁶⁷. Pese al beneplácito norteamericano, la situación se hacía inocultable y forzaba al Gobierno de Turbay a generar informes institucionales en los que, por regla general, los jefes de cartera negaban la violación a los DD. HH. como política de Estado.

       Figura 3. Caricatura “Cuanta ‘democracia’”

      Fuente: Voz Proletaria [Bogotá], enero 11, 1979: 2.

      En medio de estas condiciones, en marzo de 1979 se celebró en Bogotá el Primer Seminario Latinoamericano de Derecho Internacional Humanitario, organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja —CICR— y al que asistieron varios miembros del gabinete ministerial. Los asistentes a este evento, lejos de satisfacer las pretensiones gubernamentales, debatieron sobre las debilidades institucionales que favorecían la violación estatal de los DD. HH.:

      Desconocimiento de las normas que regulan el Derecho Internacional Humanitario, falta de la firma y ratificación de los dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra del año 1949 y que hablan de nuevas formas de lucha como las guerras de liberación y los grupos alzados por parte de numerosos gobiernos entre ellos Colombia, además de las continuas violaciones de derechos humanos, fueron algunos de los puntos señalados por dos de los voceros de la Cruz Roja Internacional⁶⁸.

      Seis días más tarde, las denuncias llevaron al secretario general de la Presidencia de la República a manifestarse; el pronunciamiento oficial se dio durante las sesiones del Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington. La respuesta del secretario Álvaro Pérez Vives se centró en la acusación contra los defensores de DD. HH. en el país, siendo sus dos caras más visibles el escritor Gabriel García Márquez y el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, a quienes acusó de pertenecer al PCC y de estar en abierta oposición al Gobierno⁶⁹. Durante una entrevista, al ser interrogado sobre los puntos en los que consideraba que había variación en la política de DD. HH. respecto de otros Gobiernos, el secretario contestó: “No creo que difieran… Lo que ocurre es que no se puede permitir que secuestradores, extorsionistas, chantajistas, asesinos y narcotraficantes invoquen los derechos humanos para obtener la impunidad […] que se nos presenten pruebas pero que no hagan esta clase de defensa de los delincuentes para obtener su impunidad”⁷⁰.

      En medio de las tensiones entre las organizaciones sociales y el Gobierno nacional, las miradas de la comunidad internacional comenzaron a dirigirse hacia el país⁷¹ y, no obstante, en vísperas del inicio del foro sobre DD. HH. de 1979, el presidente insistía en que su Gobierno no había violado las garantías de los ciudadanos a la par que concentraba sus esfuerzos en atacar el foro y deslegitimarlo.

      …los derechos humanos, una de las bases para la paz y el progreso social y económico de la nación, están siendo conculcados, vejados y desconocidos sistemáticamente por los grupos subversivos para quienes muchos despistados comentaristas nacionales y extranjeros reclaman de un gobierno fiel a la constitución, a las leyes y al respeto de la persona humana, unos derechos que no se les han desconocido nunca y que tienen una plena vigencia respaldada por todos los ciudadanos en un país democrático fiel a su tradición civilista y humanitaria⁷².

      Más allá de la oposición y de los señalamientos gubernamentales, el foro se desarrolló con éxito, tanto que sus resultados alimentaron la exposición internacional de lo que estaba sucediendo en Colombia con los DD. HH., encendiendo las alarmas en el Gobierno de Turbay al ver cómo su imagen ante el mundo se desmoronaba⁷³. Los efectos se sintieron en la cumbre de Cartagena realizada en junio de 1979, pues allí los continuos señalamientos en contra de la política de seguridad y orden