Derechos sociales. Liliana Salomé Resurrección

       El derecho a la salud

       1. Antecedentes

       2. Concepto

       3. Contenido

       4. Derecho a la salud y seguridad social

       5. Principio de progresividad y no regresividad

       6. Límites

       7. Sujetos vinculados: el Estado y los particulares

       7.1. El Estado

       7.2. Los particulares

       8. Mecanismos de tutela del derecho a la salud

       8.1. Tutela administrativa del derecho a la salud

       8.2. Tutela jurisdiccional del derecho a la salud

       9. Jurisprudencia relevante

       10. Casos de aplicación

       10.1. Caso: Exclusión de ciudadanos extranjeros

       10.2. Caso: Modificación a la Ley 28705, Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco

       11. Preguntas

       Capítulo IV

       El derecho a la pensión

       1. Antecedentes

       2. Concepto

       3. Contenido

       4. Sistemas de pensiones

       5. Principios de progresividad y no regresividad

       6. Límites

       7. Sujetos vinculados: el Estado y los particulares

       7.1. El Estado

       7.2. Los particulares

       8. Mecanismos de tutela del derecho a la pensión

       8.1. Tutela administrativa del derecho a la pensión

       8.2. Tutela jurisdiccional del derecho a la pensión

       9. Jurisprudencia relevante

       10. Casos de aplicación

       10.1. Caso 1: Acceso a la pensión de jubilación

       10.2. Caso 2: Devolución de aportes

       11. Preguntas

       Bibliografía

      Siglas y acrónimos

      AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones

      ANR: Asamblea Nacional de Rectores

      AOE: Anticoncepción oral de emergencia

      AUS: Aseguramiento Universal en Salud

      CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos

      CAS: Contrato administrativo de servicios

      CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

      CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

      Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

      EPS: Entidades prestadoras de salud

      ESSALUD: Seguro Social de Salud

      FJ: Fundamento jurídico

      FFJJ: Fundamentos jurídicos

      INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

      IPRESS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

      OIT: Organización Internacional del Trabajo

      ONP: Oficina de Normalización Previsional

      SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil

      STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

      SIS: Seguro Integral de Salud

      SPP: Sistema Privado de Pensiones

      SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

      SUNEDU: Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

      SUSALUD: Superintendencia Nacional de Salud

      TIC: Tecnologías de información y comunicación

      TC: Tribunal Constitucional

      PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

      UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local

      Presentación

      El Bicentenario de la Independencia del Perú es una oportunidad para conmemorar históricamente el establecimiento de la forma republicana de gobierno, basada en los derechos y libertades inalienables de todos los hombres, como lo manifestó el Libertador San Martín al declarar: “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende” (1821). Valores de justicia y libertad que se defendieron en los campos de batalla de Junín y Ayacucho (1824); quedando así sellados los principios y derechos que dieron sentido a la unidad política democrática y a la forma de vida republicana de todos los peruanos.

      El balance de los derechos y libertades a doscientos años de vida independiente y republicana puede ser interpretado desde un horizonte temporal de largo plazo, en virtud del cual se han incorporado progresiva y tardíamente al reconocimiento y goce de los derechos constitucionales a grupos humanos que estuvieron socialmente al margen de la sociedad liberal o conservadora. Ello fue así, en la medida que el Estado de Derecho mantuvo una concepción oligárquica y patriarcal basada en la tutela de la mujer, la servidumbre de las comunidades indígenas, la esclavitud, y, la semi-servidumbre de los migrantes asiáticos; hasta que a partir de la segunda mitad del siglo XIX la situación de discriminación y explotación se fue redimiendo legalmente.

      Pero, el reconocimiento de la cuestión social a comienzos del siglo XX permitió que se refundaran las bases sociales y económicas del nuevo Estado de bienestar, reconociendo derechos de los trabajadores, como posteriormente la capacidad civil y de sufragio de las mujeres, los analfabetos, los jóvenes y los militares. De modo que, a los clásicos derechos civiles y políticos se fueron añadiendo los derechos sociales y económicos, a la educación, a la salud, a la vivienda y, a los servicios públicos básicos; generando un desafío gubernamental para garantizar la plena vigencia del bienestar general que se fundamente en la justicia social. Así, se fue construyendo el constitucionalismo moderno hasta las dos primeras décadas del siglo XX.

      Pero, la expresión evidente del desafío histórico de la falta de plena vigencia de los derechos fundamentales es la crisis de gobernabilidad del Estado constitucional, a partir de que los poderes fácticos económicos y los grupos de presión han permitido el vaciamiento de las funciones democráticas de representar, legislar fiscalizar a todos por igual, así como, administrar justicia con imparcialidad e independencia. Esto se ha puesto dramáticamente de manifiesto a lo largo de nuestra historia constitucional, en el divorcio entre los derechos constitucionales en que se asienta el Estado democrático y social de Derecho y la realidad constitucional;