Elementos para una (re)interpretación de las convenciones internacionales de drogas. Francisco E Thoumi

julio de 2017. Aunque este país no ha impugnado el SICD, sostiene que su política cumple con las convenciones porque está diseñada para promover la salud y el bienestar de su población.

      Posteriormente, el 21 de junio de 2018, Canadá promulgó la Ley de Cannabis que legaliza los usos no medicinales de la marihuana. Esta es una ley compleja que busca regular todos los aspectos del mercado de la marihuana y no hace ninguna referencia al SICD. Por su parte, el gobierno de Canadá ha argumentado que se ha tomado muy en serio sus obligaciones internacionales y a lo largo del proceso legislativo ha tenido en cuenta los objetivos generales de regular y restringir estrictamente el acceso al cannabis con el objeto de proteger a la sociedad de las consecuencias adversas del consumo ilegal de drogas. Canadá también sostiene que sus políticas tratan de proteger la salud y el bienestar y, por lo tanto, cumplen con los propósitos del SICD (F. Thoumi, comunicación personal con delegados de Canadá en su visita a la JIFE en Viena, 14 de mayo de 2019).

      El 17 de enero de 2019 (Actas II 2018/19, No. 42, artículos 5 y 8) los Estados Generales de Países Bajos (legislatura bicameral) aprobaron el “Experimento de cadena de suministro en coffee shops”, un ensayo para suministrar legalmente cannabis de manera controlada a los coffee shops y analizar cuáles serían los efectos de hacerlo. El experimento también investiga la incidencia sobre la delincuencia, la seguridad y la salud pública, y se limita a algunos coffee shops en pocos municipios.

      Estos acontecimientos son indicativos de los crecientes cuestionamientos de facto al consenso sobre las políticas mundiales del SICD. Si bien no se pone en duda que la adicción a las drogas psicoactivas puede ser devastadora para los consumidores adictos y sus familias, y que puede causar altos costos sociales y económicos; las industrias y mercados de drogas ilegales generados por la prohibición de la producción, comercialización y consumo también producen costos sociales y económicos elevados como el aumento de la corrupción, la violencia y el debilitamiento de la gobernabilidad. Ciertamente, tanto la prohibición mundial como la legalización de los usos no médicos generan costos y beneficios sociales y económicos; no obstante, sus distribuciones varían significativamente entre las sociedades.

      Como se mencionó anteriormente, las políticas del SICD se basan en un conjunto de tratados que establecen la obligación de eliminar el consumo humano de las sustancias controladas, exceptuando los usos con fines médicos o científicos. Sin embargo, al considerar esta política surgen algunos interrogantes como:

      1. ¿Qué se debe hacer si una parte considera que los costos de esa política exceden sus beneficios?

      2. ¿Cómo abordar las diferencias ideológicas entre los gobiernos con respecto a la libertad de las personas para consumir drogas que alteran la percepción, estado de ánimo, conciencia, cognición o comportamiento?

      3. De igual manera, ¿cómo se deben manejar los diferentes enfoques para formular e implementar políticas públicas en la materia?

      Las respuestas a estas preguntas conducen a las verdaderas raíces de los desafíos a los que se enfrenta el SICD. Para responder a ellos, es necesario reconocer la necesidad de establecer un diálogo fructífero, reconocer los obstáculos y analizar la pertinencia que tiene el Sistema de las Naciones Unidas en la formulación de políticas contemporáneas que busquen alterar comportamientos humanos enraizados en las diferentes sociedades.

3. La necesidad de establecer un diálogo fructífero

      La forma como los humanos forman sus opiniones y creencias sobre los temas que les importan ha sido una tarea de filósofos, científicos sociales, políticos y todos los demás que están interesados en explicar cómo los seres humanos entienden la vida y el mundo. La literatura académica sobre estos temas ha crecido a un ritmo rápido. En las últimas décadas, muchas disciplinas han adoptado métodos empíricos para establecer cómo y por qué las personas desarrollan sus creencias y cómo evalúan la evidencia sobre los problemas sociales. Una conclusión común de muchos de estos estudios sostiene que las personas usan el razonamiento para explicar la vida y decidir qué creer, pero este proceso también está influenciado por sentimientos y emociones. Este trabajo no pretende examinar la literatura que aborda el proceso de toma de decisiones de los seres humanos, pues llevaría toda una vida hacerlo; sin embargo, utiliza algunas de las conclusiones básicas de esos trabajos, las cuales podrían contribuir a entender por qué los seres humanos producen, comercializan y consumen drogas psicoactivas.

      Como se ha demostrado en los últimos años, muchas decisiones políticas se basan en emociones y sentimientos. Así ha florecido una industria para proporcionar “noticias falsas” y “hechos alternativos” e influir en las elecciones y en las posiciones políticas de las personas frente a determinados asuntos. Una conclusión importante de diversos experimentos aleatorios controlados proporciona evidencia sobre el hecho que cuando las personas toman posiciones sobre temas que consideran muy importantes creen que actúan racionalmente, pero con frecuencia se encuentran cegados por sentimientos y emociones. Por eso, hoy hay una fuerte polarización política en muchas sociedades. Como se muestra en este libro, el desarrollo del SICD, o al menos algunas de sus posiciones y las de sus críticos, responden a esta realidad. Por lo tanto, ha sido extremadamente difícil propiciar debates fructíferos sobre políticas en materia de drogas que puedan dar lugar a cambios y a políticas de drogas más eficaces.

      Un corolario es que muchos expertos en drogas, académicos, activistas y periodistas discuten temas de drogas desde la perspectiva de su propia disciplina. Por ejemplo, usualmente se oyen afirmaciones como la siguiente: “como economista he llegado a la conclusión de que la producción, el tráfico y el consumo de drogas deben ser legales y regulados”. ¿Cómo se puede interpretar esta declaración?, ¿significa que las conclusiones opuestas desde la perspectiva de otras disciplinas son erróneas? Si la recomendación del economista no es aceptada por los artífices de política, ¿es porque son ignorantes o corruptos?, o ¿podría ser que solo interpretaran la evidencia desde la perspectiva de otras disciplinas?

      Estos obstáculos epistemológicos a los diálogos productivos se ven agravados por las diferencias culturales, nacionales, religiosas, etc., que generan distintas cosmovisiones en las personas alrededor del mundo. Este es el caso de los simpatizantes activistas y críticos del SICD y las diferentes razones que dan para sustentar sus posiciones en materia de política de drogas.

      Esto plantea preguntas tales como: ¿es posible desarrollar reglas o directrices racionales para elegir las recomendaciones de una disciplina como la economía sobre las de ciencia política, sociología, medicina, antropología u otras disciplinas? Y, cuando se escuchan las posiciones contradictorias de varias personas honestas, educadas, inteligentes y comprometidas, ¿hay una manera racional de elegir cualquiera de ellas, o simplemente cada cual elegiría la que este más de acuerdo con sus intuiciones, emociones, sentimientos y profesión?

      De hecho, la postura del economista que hace la propuesta de legalización no tiene respuestas satisfactorias a estas preguntas, tiene su propia “verdad” de economista y, mientras permanezca dentro de su propio círculo de formación con quienes comparte paradigma, encontrará apoyo y no tendrá que enfrentar los desafíos desde paradigmas diferentes. No obstante, el hecho es que las cuestiones de drogas son multidimensionales e involucran una diversidad de disciplinas académicas (moral y ética, medicina, neurociencia, salud pública, derecho, psicología, economía, ciencia política, sociología, antropología, estudios ambientales, estadística, relaciones internacionales, criminología, agronomía, química, biología, entre otras) cualquier posición basada en un punto de vista disciplinar único tiene una alta probabilidad de ser parcial y frecuentemente errónea o engañosa.

      La multiplicidad de formas en que las diferentes disciplinas miran el mundo puede llevar a algunos a cuestionar si son ciencias reales y si sus hallazgos deben ser insumos para la formulación de políticas. Sin embargo, la ciencia no es un tema como los tratados en la física, la química, la medicina o la economía, sino un método para formular hipótesis que pueden ser confirmadas o rechazadas después de rigurosas pruebas empíricas. Por ello, es posible que se pueda:

      […] argumentar que el conocimiento de las ciencias sociales,