Naciones y estado. AAVV

de la nacionalización los cuarenta años previos. No fue, ni pudo ser, desde una perspectiva de historia social, una tabula rasa. Presentar el «olvido» de la nación como parte del «olvido» del franquismo puede ayudar a entender algunas de las características del proceso, pero resulta un planteamiento demasiado rígido y que deja fuera demasiadas variables de lo que cabe entender como «nación» (y como sentimiento de «pertenencia» a la nación, esto es, de identidad nacional). En mi opinión, no podemos pretender que exista una «desaparición» del nacionalismo español tout court y su discurso (y por lo tanto en sus efectos sociales).

      Sin duda, desde la perspectiva de las culturas políticas, el problema era cómo hacer uso y en qué grado del legado hiperinflacionario que la dictadura había dejado de la nación y la idea de España. Para la izquierda, el rechazo global al franquismo no implicó en absoluto desentenderse de un discurso sobre la identidad española, pero se incidió en una versión caracterizada por cierto reconocimiento de la diversidad y una voluntad de descentralización política. Para la derecha (y el «centro») posfranquista el legado fue no poco ambivalente, pues tuvo que combinar su propia versión nacionalista evolucionada con las demandas democráticas de autonomía, que le eran ajenas, así como reivindicaciones culturales.

      Desde inicios de los años sesenta, y con una fuerza y visibilidad creciente en el tardofranquismo, la visibilidad de las demandas y presencia social de los nacionalismos, catalán y vasco sobre todo (pero también gallego y valenciano, entre otros de menor visibilidad) se convirtió en un factor decisivo del escenario político, relegitimados por su oposición a la dictadura, lo que permitió su inserción en el conjunto de las culturas de oposición antifranquistas.

      No es fácil establecer unas pautas comunes en las demandas de las diversas culturas nacionalistas alternativas surgidas o reformuladas desde los años sesenta. De hecho, sus fundamentaciones teóricas eran muy diferentes: la distancia que hay entre la Vasconia de Federico Krutwig y Nosaltres els valencians de Joan Fuster, ambos aparecidos en 1962, es enorme. Además, tampoco pueden minimizarse sus propias diferencias internas, de las que el caso vasco es el ejemplo más visible, pero no el único. Pero, indudablemente, todos los movimientos nacionalistas alternativos abogaban, en su condición antifranquista, por una reformulación radical del marco político y por tanto de su organización territorial, lo que en la práctica significaba apostar desde posiciones federalistas a las independentistas, estas últimas minoritarias, pero no por ello menos activas.

      En realidad el problema de fondo era otro. Con singular presciencia, Juan José Linz señalaba ya en 1967 que de cara al futuro (aun añadiéndose otros movimientos en distintos territorios) el electorado de Cataluña y el País Vasco tendría un estatus permanentemente minoritario respecto al conjunto del electorado español, lo que le llevaba a concluir que «las elecciones de principio mayoritario no pueden resolver el problema de la autonomía local y de las demandas nacionalistas».¹⁷ Un estatus minoritario que, en contraste, no se correspondía con la fuerza económica de estos territorios, y en general con los que planteaban demandas de autonomía. De las diez provincias con mayor riqueza per cápita hacia 1975, solo Madrid no planteaba problemas identitarios.¹⁸

      Por otra parte, sería profundamente erróneo plantear la existencia de demandas nacionalistas alternativas como una anomalía española en el contexto de la Europa occidental del momento. Al revés, desde los años sesenta se asistió en este marco territorial a una nueva oleada de demandas políticas y culturales, a un «nuevo nacionalismo»,¹⁹ que afecta, sin ánimo de exhaustividad, a los movimientos bretón, corso, occitano, flamenco y valón, frisón, norirlandés, escocés y galés. Además, es imposible minimizar el hecho de que a finales de los años sesenta y desde los años sesenta, los debates en torno a procesos de descentralización o regionalización estaban muy presentes incluso en Francia, además de en Gran Bretaña. A principios de los años setenta Italia inició un proceso de implementación de su texto constitucional, y desarrolló por fin su modelo de Estado regional, un ejemplo que estuvo muy presente en los debates españoles durante la redacción de la Constitución. Bélgica modificó su estatus como estado federal en 1970. En realidad solo Portugal quedó al margen de este proceso (manteniendo como única peculiaridad la de las Islas Azores). Este nuevo nacionalismo responde, sin duda, a la reconfiguración de la relación de poder entre el centro y la periferia en los países europeos, en el marco del crecimiento económico de la Europa de posguerra, así como a la difusión de nuevas pautas de homogeneización cultural (de las que la televisión es la imagen más visible). Pero también cabe tener presente el auge de los movimientos de descolonización en África y Asia, y la oleada revolucionaria en América Latina, que frecuentemente encontraron eco en Europa. Asimismo, cabe no olvidar el clima cultural e ideológico que fraguó en torno a lo que 1968 representa como símbolo. La redefinición de las pautas de participación social y democrática, las nuevas políticas de la identidad y, en fin, el convencimiento de que «lo pequeño es hermoso» coadyuvaron a la nueva manera de entender las identidades colectivas de las naciones sin Estado.

      HORIZONTES DE EXPECTATIVAS ANTE LA CUESTIÓN NACIONAL

      Durante mucho tiempo, parece haber sido casi un lugar común que la identificación del españolismo con el franquismo habría llevado a la izquierda española a un inopinado apoyo a las demandas de los nacionalismos periféricos, algo ajeno a sus tradiciones y que a la postre obligaría a una rectificación inevitable.²⁰ Sin embargo, esta argumentación puede incurrir en un grave anacronismo si se descontextualiza el significado que la redefinición de los planteamientos nacionales e identitarios tuvo en el marco de la lucha antifranquista y ya en los primeros años de la Transición.²¹

      En vez de presentar las opciones federales o federalizantes, puesto que esta era la formulación más repetida, así como la frecuente referencia al derecho de autodeterminación (que nunca fue defendido como sinónimo de secesión o «separatismo»²²), simplemente como una suerte de aberración respecto a la trayectoria histórica de la izquierda española, sería mejor interpretarlas en los términos en los que se hizo en el momento, como sinónimo (parte de un mismo campo semántico, podríamos decir) de descentralización y de derecho a la libre formulación de un marco territorial común. Ningún lenguaje político puede entenderse al margen de su contexto de enunciación y recepción. Ciertamente, conceptos como el de autodeterminación se habían prestigiado entre la izquierda en el marco de las luchas de liberación anticolonial de los años sesenta, como tantos otros elementos de la misma procedencia. Pero no se trataba de simple mimetismo, sino de traducción al contexto de la lucha contra el franquismo y su estructura económico-social. En este sentido, además, es importante señalar que se trataba de propuestas planteadas en el seno del programa de «ruptura democrática» que construyó la izquierda, y no elementos accesorios. Asimismo, no debería olvidarse que la adopción de algunas de estas propuestas era el resultado de la colaboración de las fuerzas de la izquierda con otras sensibilidades en el día a día y no una mera elucubración abstracta, en la lucha por la democracia, como sucedía en la Assemblea de Catalunya, donde el componente catalanista era una pieza clave.

      El PCE fue el primero en plantear doctrinalmente la apuesta por un marco de descentralización y reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Pesaba en ello la memoria del legado del periodo republicano y en todo caso la estructura del partido fue singular al coexistir en su seno el PSUC (que ejerció de verdadero motor para la aceptación de muchas propuestas del catalanismo) así como los partidos comunistas de Euskadi y Galicia. Ciertamente, hasta fechas muy tardías las propuestas no iban más allá de los tres territorios vinculados al pasado de autogobierno adquirido en la República, mientras que el resto quedaba inserto en una vaga concepción descentralizadora (que recogía la distinción entre nacionalidades y regiones). En un escrito de finales de 1970 que sintetizaba la posición del PCE, Dolores Ibárrruri señalaba que: «Existen problemas muy específicos como los de Navarra, Valencia, Baleares y Canarias a los que habría que dar en ese marco una solución que corresponda al derecho de sus habitantes libremente expresados».²³ Pero, por ejemplo, respecto al País Valenciano, la concreción era escasa. Cuatro años antes, mientras se elaboraba la importante obra Un futuro para España: la democracia económica y política no se incluyó ninguna referencia específica al País Valenciano