La derrota de lo épico. Ana Cabana Iglesia

se encargan de diferenciar. Resistir tiene como una de sus primeras acepciones «durar, no haberse destruido, muerto o inutilizado una cosa o persona pese al paso del tiempo o de otras causas destructoras», junto a «aguantar, sufrir, soportar, mantenerse con sufrimiento o molestia sin sucumbir o sin pronunciarse o sin procurar ponerle término». En cambio, por oponerse se entiende «plantar cara, afrontar, argüir, presentar batalla, hacer la contra, contradecir, contraponer, desaprobar, enfrentarse, frenar, impedir, interponerse, interferir, ir contra, luchar, obstaculizar, refutar» (Moliner, 1998). El salto cualitativo es evidente, pero la grandiosidad de una realidad no puede ser óbice para el estudio de la otra.

      Así pues, el término resistencia durante el franquismo debe –o quizá solo pueda– seguir vinculado a la actividad política y organizada de determinados grupos antifranquistas. Sin embargo, en nuestra opinión, también debe emplearse para definir otra realidad, la de las actividades que denotan ausencia de consentimiento con el régimen o sus actuaciones y que son actividades más simples, más mundanas, si se quiere, hechos aislados que frustraban a la dictadura en algún ámbito. Estos actos quedan en la categoría de conflicto cuando se activan contra un régimen político democrático, pero bajo un régimen como el franquista (o como el III Reich, el fascismo italiano o el salazarismo) parece legitimada la opinión de conceptuarlos como resistencia civil. Como J. Stephenson señala, donde el conflicto no puede ser expresado abiertamente, sin miedo a las consecuencias, es donde la población entiende que estos sentimientos de desacuerdo son peligrosos para su posición y, por tanto, «cada acto de disidencia alcanza la condición de resistencia para el orden existente» (Stephenson, 1990: 351).

¹ Seguimos a Maurice Halbwachs (1968) cuando define la memoria colectiva como an-tihistórica porque se trata de una memoria que simplifica la complejidad de lo recordado, lo esencializa y, además, no es el resultado de la acción del pasado sobre el presente, sino de la acción de un presente sobre el pasado.

² Sin ánimo de exhaustividad, quizá los autores que más han contribuido a ese empeño hayan sido J. C. Scott (1976, 1985 y 2003); M. Foucault (1986 y 1978); M. Adas (1986); A. Gupta y J. Ferguson (1997); R. P. Weller; S. E.-V. Guggenheim (1982); S. B. Ortner (1996); X. González-Millán (2000); F. Pettit (1999); R. Guha (2002).

³ Foucault (1994) ya había señalado en su análisis de la Francia del setecientos que ciertos espacios de ilegalidad se convierten en ocasiones en condición del funcionamiento político y económico de la comunidad, al proporcionar a los segmentos sociales más desfavorecidos de la población, en los márgenes de lo que les imponían las leyes y costumbres, un espacio de tolerancia, conquistado por la fuerza o la obstinación, tan indispensable para su propia existencia que, a menudo, estaban dispuestos a sublevarse para defenderlo.

⁴ Reflexiones sobre la noción de «registro escondido» de James C. Scott en X. Gómez Millán (2000) y R. Fantasía y E. Hirsch (1995).

⁵ Alguno de estos trabajos están recogidos en F. D. Colbrun (1989).

⁶ Así lo demuestra la sesión dedicada a las «armas del débil» en el Fith European Social Science History Conference celebrado en Berlín en el año 2004 (Cabo, 2004). En España son numerosos los estudios que han bebido de esta teorización. Especialmente destacables son los dedicados al estudio de la conflictividad generada alrededor de la destrucción de los comunales y la privatización del monte (Cobo Romero et al., 1992; Gehr, 1994). Los estudios que abarcan el análisis de la conflictividad rural en los diferentes periodos históricos también han optado por su aplicación, aunque no de manera prolija (Frías, 2000; Gastón, 2003).

⁷ Crítica a las teorías de Scott que mantiene, entre otros, T. Skocpol (1982).

⁸ Gutmann es uno de los autores más críticos con la teorización de Scott (al entender que esta trivializa el conflicto social porque se desestiman las manifestaciones abiertas y organi-zadas de este) y ha mantenido con el antropólogo una interesante querella en las páginas de la revista Latin Amercian Perspectives (Gutmann [1993] y Scott [1993]). Su insistencia en uno de los tipos que adoptan las formas de conflictividad campesina, la resistencia cotidiana, ha llevado a Scott ciertamente a desinteresarse por otras formas de protesta como la rebelión o la revolución campesinas, pero, entendemos, no a menospreciarlas. Estudios interesantes sobre la tipología de la conflictividad campesina son los de M. Lichbach, quien establece tres categorías: resistencia cotidiana, movimientos de protesta y rebeliones o revoluciones, y los de R. G. Fox y O. Strand, que entre la revolución y las resistencias a pequeña escala (que se corresponderían con la «resistencia cotidina» de Scott) sitúan la protesta intermedia (protest in between) (Lichbach [1994: 385] y Fox y Stran [1997]).

⁹ Sobre el consentimiento, véase Cabana (2009); sobre formas de protesta en el campo lejos de la resistencia cotidiana, véanse Cabana y Lanero (2009) o Cabana et al. (2011).

¹⁰ M. Gulckman, estudioso de los rituales de las rebeliones en el sudeste africano, enunció su propia teoría sobre las formas de protesta campesina en los años cincuenta. En ella se pueden encontrar grandes similitudes analíticas con las premisas expuestas por James C. Scott, pero las conclusiones a las que llega son diametralmente opuestas. El africanista entiende que las resistencias cotidianas «están basadas en la aceptación del orden establecido como bueno, correcto, e incluso, sagrado, y ayudan a conseguir la práctica aquiescencia del sometimiento político al orden social» (Gulckman, 1954: 127). Argumenta el autor que ciertos actos de resistencia cotidiana están permitidos por el Estado (ente dominador) para desactivar la oposición, pues funcionarían a modo de «válvula de escape»

¹¹ Entre los autores críticos, véase K. Monsma (2000).

¹² Llevando la argumentación que deriva de las teorías de Gluckman a una ejemplifica-ción concreta podríamos establecer que los incendios contra las repoblaciones o las ocultaciones de las requisas estarían permitidas, si no fomentadas, por las autoridades franquistas a modo de válvulas de escape para desactivar el potencial «antifranquista» que pudiera haber en los sujetos descontentos. En nuestra opinión la operatividad o eficacia de las armas del débil a la hora de minar disposiciones estatales no es decisiva en la producción de los marcos necesarios para generar una revuelta o una concienciación política contra el franquismo. Es más, entendemos que la resistencia cotidiana está más cerca de formar parte del sustrato del nivel de descontento necesario para, junto a otros elementos, posibilitar una ulterior protesta abierta y organizada, que de evitar la confrontación.

¹³ En palabras de François Bédarida, «la acción clandestina llevada a cabo en el nombre de la dignidad del hombre por personas voluntarias que se organizan para luchar contra la dominación, que es muy a menudo la ocupación de su país, por un régimen nazi o fascista, o satélite o aliado» (Bédarida, 1986: 75-90).

¹⁴ Como ya se ha preguntado, entre otros Moreno Luzón (1990).