Ioan Durnescu

Aplicación práctica de las Decisiones Marco 2008/947 y 2009/829: obstáculos y soluciones

Ioan Durnescu

Esta obra ofrece una visión completa y práctica sobre las Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DM 947) y la Decisión Marco 2009/829/JAI, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea (UE), del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DM 829). Habiendo sido incorporadas progresivamente a los distintos ordenamientos jurídicos de los países de la UE, las conocidas respectivamente como Orden Europea de Probation (EPO) y Orden Europea de Supervisión (ESO) son aún hoy día muy infrautilizadas. La promoción del uso de estos instrumentos jurídicos se presenta por tanto como urgente y necesaria, en aras de asegurar la reinserción social de los usuarios de los sistemas de justicia penal que hoy, sin fronteras entre los estados de la UE, conforman un espacio único de seguridad y justicia. Así, este manual incluye en primer lugar un análisis de la situación actual y del contenido de las DM 829 y 947. Se realiza a continuación una análisis tanto de las medidas alternativas a la prisión provisional como de las penas y medidas comunitarias alternativas a la pena de prisión vigentes en los países implicados en la realización de este manual: España, Rumanía, Alemania y Latvia. Se detallan todos los obstáculos que tras dos años de investigación cuantitativa y cualitativa se han detectado en la implementación de las precitadas Decisiones Marco y se proyectan soluciones prácticas, así como recursos existentes, que permitirán solventar dichos obstáculos, promoviendo así la utilización de ambos instrumentos jurídicos por parte de abogados, jueces, fiscales, funcionarios relacionados con la administración de justicia, así como por los propios usuarios del sistema de justicia penal. L